Luego de cuatro meses de asedio marítimo en los cuales militares estadounidenses asesinaron a más de cien personas, en supuestas acciones contra el narcotráfico, e incautaron tanqueros petroleros, así como del bombardeo a un pequeño muelle en el noroccidente de Venezuela, Trump lanzó un ataque a gran escala sobre territorio venezolano y secuestró a gobernante de facto Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, quienes se encontraban en Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, en Caracas.
Los invasores atacaron objetivos civiles como el puerto de La Guaira, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el aeropuerto de Charallave e infraestructura de transmisión eléctrica, además de instalaciones militares en Caracas, Maracay e Higuerote. El saldo preliminar es de alrededor de 80 muertos y más de un centenar de heridos. El gobierno estadounidense afirma que no tuvo bajas y que contó con el apoyo de infiltrados al servicio de la CIA. Esta colaboración interna fue crucial para el éxito del ataque.
La derrota militar venezolana tiene causas políticas, más allá de la superioridad técnica gringa. El chavismo ha privilegiado políticas de blindaje antigolpe por sobre la efectividad militar, llegando al extremo de tener una de las tasas más altas del mundo de generales per cápita, a los que se ha entregado en una lógica clientelar el control de diversos rubros de la economía.
El gobierno, por más que pasara años cacareándolo, carece de una estrategia para resistir una agresión imperialista. En 2007, durante el gobierno de Chávez, se debatió sobre qué modelo militar debía adoptarse. El general retirado Müller Rojas criticó el modelo convencional basado en grandes inversiones en equipos militares sofisticados, del entonces ministro de la Defensa, Raúl Isaías Baduel, proponiendo en cambio una doctrina de resistencia popular y guerra asimétrica. Chávez zanjó el debate a favor de Baduel y en los años sucesivos el gobierno venezolano gastó miles de millones de dólares en compras de armas a Rusia y China. Esos equipos resultaron inútiles ante el ataque estadounidense, como previó el finado Müller Rojas, pero esa inversión formó parte de la política clientelar que enriqueció a los militares chavistas por décadas. Baduel murió como preso político en 2021, una cruel ironía.
Los militares corruptos pueden servir para reprimir a trabajadores, estudiantes, o indígenas, pero son sobornables por un enemigo militarmente superior. El propio Maduro parece no haber confiado demasiado en los militares venezolanos, al haber confiado su seguridad en buena parte a militares cubanos, 32 de los cuales murieron en el ataque estadounidense.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia interina. Aplicó un decreto de Estado de excepción, para evadir la convocatoria a elecciones que prevé la constitución ante la ausencia absoluta del jefe de Estado. El gobierno estadounidense ha afirmado que, mediante la continuidad del bloqueo naval y la amenaza de un segundo ataque, espera controlar al gobierno venezolano y asegurarse de que sirva a los intereses de EEUU.
Interrogado el 4 de enero acerca de si usaría esa presión para exigir la libertad de los presos políticos venezolanos, Trump respondió tajantemente que le interesa el petróleo, lo demás puede esperar. A pesar de ello, el gobierno venezolano anunció el 8 de enero la liberación unilateral de un número indefinido de presos políticos. Organizaciones de derechos humanos estiman que hay alrededor de 800 presos políticos. El 10 de enero, Trump afirmó que las liberaciones eran gracias a él y amenazó a los excarcelados con que “no les irá bien” si lo olvidan.
Los derechos de los venezolanos nunca han interesado a Trump. No solo lo demuestra su desinterés por los derechos democráticos en Venezuela, también la persecución racista contra los inmigrantes venezolanos en EEUU, estigmatizados por Trump como criminales y enfermos mentales supuestamente enviados por el gobierno venezolano para “invadir” el país, un discurso fascistoide apoyado por la dirigente opositora de derecha venezolana María Corina Machado. Miles de venezolanos han sido devueltos a Venezuela y cientos han sido enviados al mayor centro de torturas de Latinoamérica, el CECOT, a cargo de la dictadura de El Salvador, bajo la falsa acusación de pertenecer al Tren de Aragua, una pandilla clasificada como organización terrorista por Trump.
Delcy Rodríguez ya habría llegado a un acuerdo con Trump para entregarle entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El gobierno estadounidense no pagaría directamente al Estado venezolano, sino que comercializaría el petróleo, estableciendo a tal efecto cuentas offshore al margen del control de su propia Secretaría del Tesoro. Una parte de los petrodólares generados se usaría para pagar a deudores y se harían pagos en especie al Estado venezolano, tanto equipos e insumos para la propia producción petrolera como alimentos y medicinas.
Esta política guarda semejanzas con el programa de “petróleo por alimentos” aplicado a Irak como parte del régimen de sanciones de los años 90. Ese programa se convirtió en un enorme foco de corrupción en la ONU. Cabe esperar algo similar o incluso peor por parte del gobierno corrupto de Trump. Chevron, la empresa que actualmente es la mayor exportadora de petróleo venezolano, está cabildeando en pos de un rol privilegiado en los planes de Trump de saqueo petrolero, impuesto mediante un bloqueo naval y las amenazas de nuevos ataques, luego de que los stocks en tierra y en el mar alcanzaran su límite y se hiciera inminente un recorte de la producción. El 9 de enero, Trump se reunió con ejecutivos de Chevron, Conoco-Phillips, Exxon-Mobil y otras petroleras, para presentarles las oportunidades de ganancias magnificadas por la intervención militar.
Estamos ante una nueva versión de la “diplomacia cañonera” y de los métodos del “corolario Roosevelt”, en el que EEUU se basó para invadir países latinoamericanos y caribeños en la primera mitad del siglo XX, haciéndose con el control de sus aduanas y otras infraestructuras estratégicas, como en el caso de República Dominicana, Haití y Nicaragua.
La capitulación de Rodríguez ha sido interpretada por algunos como un indicio de que su llegada al poder pudo ser pactada con Trump, dada la sorprendente rapidez con la que se iniciaron negociaciones para la restauración de las relaciones diplomáticas, suspendidas desde 2019. Ciertamente el antiimperialismo del chavismo siempre fue sobre todo performático, pues se mantuvo la presencia estadounidense de forma predominante en la industria petrolera, a través de Chevron, y EEUU siguió siendo hasta al menos 2024 el principal socio comercial de Venezuela.
El régimen ha decidido cooperar con los extorsionadores, no resistir. La oposición tradicional de derecha, que festejó el ataque del 3 de enero (lo calificó como el inicio de la liberación de Venezuela), celebra las medidas de Trump. Pero ni siquiera la humillación de Trump a Machado, al declarar que no apoyarían que tome el poder por carecer de “apoyo” y “respeto” dentro de Venezuela, les ha llevado a recuperar algo de sobriedad. Toda su estrategia política, luego del fraude electoral de 2024, se ha reducido a esperar a que Trump les entregue el poder. El 15 de enero, Machado asistió a la Casa Blanca a entregar como ofrenda imperial su medalla del Premio Nobel de la Paz, mientras el gobierno estadounidense publicaba una nota de prensa en la que ratificaba sus anteriores caracterizaciones, en alto contraste con los elogios de Trump a Delcy Rodríguez. El mismo día, el director de la CIA se reunió con Rodríguez en Caracas.
Las prioridades de Trump podrían converger en el futuro con las de los políticos trumpistas venezolanos, pero por lo pronto difieren. Para Trump la intervención en Venezuela es clave para distraer la atención de los documentos recientemente desclasificados que reflejan su amistad con el criminal Jeffrey Epstein. La ofensiva contra Venezuela da mayor sustento a su política exterior basada en la extorsión, refutando la consigna de los demócratas Trump Always Chickens Out, referida a sus constantes bluffs. Además, está la oportunidad de favorecer en sus manejos del petróleo venezolano a su círculo empresarial. Finalmente, en un sentido más estratégico, representa la aplicación de la nueva doctrina de Seguridad Nacional, que da prioridad al control absoluto del hemisferio por parte de EEUU, expulsando a sus competidores imperialistas, China y Rusia.
Venezuela representaba el punto más vulnerable del hemisferio para una acción militar espectacular y ejemplarizante. Luego del ataque a Venezuela, siguen las amenazas contra Colombia, México e incluso Groenlandia. El propio chavismo generó en buena medida esa vulnerabilidad, tras años de políticas antipopulares y antiobreras, como imponer un salario mínimo de 0.5 dólares al mes, eliminar la libertad sindical, perseguir a los pueblos indígenas, desfinanciar la salud y la educación públicas y forzar la migración de 8 millones de trabajadores, todo ello mientras favorecía el surgimiento de una nueva burguesía bolivariana mediante una corrupción rampante, forjando nuevos abismos de desigualdad social.
Hasta el año 2015, el chavismo había gobernado apoyándose en mayorías electorales. Luego de su gran derrota en las elecciones parlamentarias de ese año, dio un giro dictatorial, se apoyó crecientemente en la represión y en los fraudes electorales, mientras desangraba la economía para pagar deuda externa, alimentando una infernal hiperinflación. La economía se contrajo en alrededor de un 80% entre 2013 y 2021. La destrucción fue tal que la exportación de chatarra, obtenida del desmantelamiento de industrias abandonadas, se convirtió en una de las mayores exportaciones venezolanas.
Resulta ilustrativo recordar el cable del 26 de marzo de 2008, publicado por Wikileaks, en el que la embajada estadounidense en Caracas reseñaba un plan de comunicaciones cuya orientación era no confrontar públicamente a Chávez, pues ello lo fortalecería dado el repudio popular mayoritario a EEUU. La situación actual es muy diferente, no pocos venezolanos aceptan cínicamente la dominación por parte de EEUU como un precio a pagar por la promesa de la salida del poder del chavismo. Oponerse a la intervención imperialista, por otra parte, tampoco salva a la disidencia de la persecución. El candidato presidencial apoyado por el Partido Comunista de Venezuela en 2024, Enrique Márquez, estuvo un año preso, sin acusación formal, hasta su liberación el 9 de enero. Es de esperarse que, con el acercamiento entre Delcy Rodríguez y Trump, continúe la persecución contra la izquierda.
La humillación a la que hoy se somete al pueblo venezolano, bajo el yugo doble de una dictadura y un asedio estadounidense, es intolerable, y la política de agresión a Latinoamérica y el Caribe se fortalece con el ataque militar a Venezuela y la capitulación del régimen. Se requiere una respuesta continental a Trump, no en defensa del régimen chavista, sino de la posibilidad de un futuro propio, más libre y digno, para Venezuela y para toda América Latina y el Caribe.
Versión en inglés publicada por Slow Factory
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