El régimen dominicano, de paria regional a vanguardia de la ola reaccionaria

Imagen: Thelma Vanahí

En su primer día de gobierno, el 20 de enero de 2025, Donald Trump emitió tres órdenes ejecutivas contra la comunidad inmigrante. La orden ejecutiva 14160, “Proteger el significado y valor de la ciudadanía estadounidense”, aplica una interpretación restrictiva de la 14.ª enmienda de la Constitución, condicionando la adquisición de la nacionalidad estadounidense, por nacer en territorio estadounidense, al estatus migratorio de los padres, si son extranjeros. La orden ejecutiva 14159, “Proteger al pueblo estadounidense de la invasión”, describe a la inmigración como una amenaza a la seguridad nacional y una carga económica, estableciendo como máxima prioridad su persecución. La orden ejecutiva 14165, “Asegurar nuestras fronteras”, persigue objetivos similares.

Esta ofensiva de Trump, que enfrenta obstáculos judiciales, tiene antecedentes en República Dominicana, donde la desnacionalización retroactiva en 2013 dejó sin ciudadanía a cientos de miles de personas de ascendencia haitiana. Desde 2021, el país caribeño realiza deportaciones masivas, creó un nuevo departamento policial para perseguir específicamente a personas extranjeras que viven en tierras privadas o estatales, como es el caso de muchos bateyes en tierras asociadas a la industria azucarera; se eliminó el acceso a la salud gratuita para las personas extranjeras, que era hasta entonces un derecho constitucional, y se está construyendo un muro en una frontera altamente militarizada. No extraña entonces que la experiencia dominicana resulte atractiva para sectores de la ultraderecha estadounidense.

Ya en la campaña electoral de 2015, Trump dijo que restringiría la ciudadanía por nacimiento y en 2018 amenazó con hacerlo a través de una orden ejecutiva. En ese entonces, las divisiones dentro de su propio partido se lo impidieron. Actualmente, ese obstáculo ya no existe. Académicos han advertido que EE.UU. podría crear una sub-clase permanentemente oprimida y racialmente segregada si sigue un camino similar al dominicano y niega la nacionalidad a los hijos de inmigrantes sin residencia legalmente reconocida.

La 14.ª enmienda constitucional estadounidense, aprobada en 1868 tras la guerra civil, tuvo como objetivo reconocer y proteger la ciudadanía estadounidense de las personas negras anteriormente esclavizadas y de su descendencia. De manera similar, la constitución dominicana de 1865, aprobada cuando el país se independizó de España, reconoció la nacionalidad a todas las personas nacidas en el país. Con breves interrupciones, este criterio se mantuvo hasta la reforma constitucional de 2010, que condicionó el ius soli, o derecho de suelo, a la situación migratoria de los padres. En 2013, el Tribunal Constitucional aplicó de manera retroactiva esa disposición hasta 1929, desnacionalizando a miles de dominicanos de ascendencia haitiana.

La mayoría de los países de las Américas tienen un régimen de ius soli incondicional. La República Dominicana, como consecuencia de la sentencia 168-13, es el país con la mayor población apátrida del hemisferio—más de 200 mil personas según algunas estimaciones—y las nuevas generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana frecuentemente heredan el estatus de sus padres. El ejemplo ha sido reivindicado por funcionarios trumpistas. Jon Feere, jefe de personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) durante los dos gobiernos de Trump, elogió la “claridad” con la que la constitución dominicana condicionó la adquisición de la nacionalidad para los hijos de inmigrantes en un artículo de 2010. Desde 2002, Feere está asociado al Centro para Estudios sobre Inmigración, un centro de pensamiento vinculado al nacionalismo blanco y clasificado como promotor del odio racial por el Southern Poverty Law Center.

Como Feere, medios de ultraderecha como Breitbart News también valoran positivamente la desnacionalización y las deportaciones masivas en República Dominicana. En 2015, el medio racista American Thinker elogió el desplazamiento forzoso de inmigrantes haitianos, tomándolo como demostración de que bastaría con tomar ciertas medidas drásticas para que los inmigrantes se vayan “voluntariamente”: “Ojalá pudiéramos ser tan decididos como la República Dominicana”.

Actualmente en ambos países se llevan a cabo deportaciones masivas que se han traducido en muertes bajo custodia y durante persecuciones migratorias, menores separados de sus familias, violencia sexual y torturas, entre otras atrocidades recurrentes. Sin embargo, la persecución anti-haitiana del presidente dominicano Luis Abinader, el magnate que gobierna el país desde 2020, sigue siendo, en términos proporcionales, mucho más intensa que la campaña de deportaciones de Trump, y en este sentido es también una referencia para la ultraderecha estadounidense.

Abinader no se limita a reproducir iniciativas trumpistas o israelíes, adaptándolas a las condiciones políticas dominicanas. En muchos sentidos está a la vanguardia de la ola reaccionaria regional. El podcaster y neonazi estadounidense de origen puertorriqueño, Joseph Jordan, dejó constancia de su admiración por Abinader en un artículo de mediados de 2024 titulado “¿Son posibles las deportaciones masivas? El caso de la República Dominicana”. Para Jordan, la anulación de la nacionalidad por nacimiento, los allanamientos y detenciones masivas de trabajadores inmigrantes, la construcción de un muro fronterizo custodiado por soldados, drones y radares, “no son las promesas vacías de Donald Trump, Giorgia Meloni o los Tories británicos, son la realidad de la República Dominicana de Luis Abinader”. Jordan concluye que “[si] la República Dominicana puede […] deportar el 5 por ciento de la población en el lapso de tres años, también pueden hacerlo las naciones occidentales avanzadas”.

El 2 de octubre de 2024, Abinader anunció una cuota de 10 mil deportaciones semanales. El anuncio coincidió con el 87.^o aniversario de la masacre del Perejil, la limpieza étnica perpetrada por el régimen de Rafael Trujillo contra personas haitianas y dominicanas negras en la región fronteriza. En el año transcurrido desde entonces fueron deportadas más de 450 mil personas. Apretando el cerco, en abril de 2025, Abinader anunció la eliminación del derecho a la salud gratuita para los inmigrantes y un protocolo de detenciones migratorias en los hospitales.

Trump pretende deportar a un millón de personas anualmente. En relación con la población total de EE.UU., este plan implicaría deportar a poco más del 1 por ciento de la población en los próximos cuatro años. El gobierno dominicano, por su parte, ha llevado a cabo alrededor de un millón de deportaciones en los últimos cinco años—más del 9 por ciento de la población nacional. La relación entre las deportaciones de los últimos cinco años y el tamaño estimado de la comunidad inmigrante haitiana—aproximadamente 553 mil personas—es de casi dos a uno. Una alta proporción de las personas deportadas regresan al país y muchas han sido deportadas múltiples veces.

El artículo completo se puede leer en la página web de NACLA