Información de inteligencia, animales venenosos y enfermedades tropicales en un mundo cambiante

Información de inteligencia, animales venenosos y enfermedades tropicales en un mundo cambiante

Quienes vivimos el 11 de septiembre de 2001, recordamos bien dónde estábamos y qué hacíamos aquel día. Camila González se enteró de lo que sucedía en Nueva York mientras trabajaba en zonas rurales de Maní, una población petrolera en los llanos de Casanare, en el oriente colombiano. Ante los acontecimientos, decidió que tenía que salir de allí pero su salida no fue fácil.

Cuando llegó al aeropuerto de una compañía petrolera en Yopal para tomar un vuelo a Bogotá, un equipo de la agencia nacional de inteligencia de entonces apareció pidiendo registrar sus pertenencias. Le informaron que tenían información de inteligencia sobre ella y que no podría viajar. Le hicieron muchas preguntas sobre un recipiente que llevaba consigo. En el recipiente había unas orugas.

Conversé con Camila en febrero de 2025. Comenzó definiéndose como “experta en vigilancia de zoonosis” y, ante mi pregunta de eso qué quería decir, me contó sobre un brote de fiebre amarilla en Colombia del que yo no tenía noticia y sobre el cual, entre los expertos, abundaban las preguntas y escaseaban las respuestas. En Ibagué, una ciudad mediana en el centro del país, se había detectado un número inesperado de contagios. Como esta no era una zona endémica para fiebre amarilla, la mayoría de las personas no estaban vacunadas. Para el día de nuestra conversación, ya se reportaban más de 30 casos, con una tasa de mortalidad cercana al 50%.

En un universo paralelo, al sur de Colombia, en el departamento de Putumayo, las autoridades enfrentaban otra emergencia de salud pública. O, al menos, eso creían. Por los síntomas que presentaban los pacientes, al principio supusieron que se trataba de una epidemia de dengue. Sin embargo, tras analizar algunas muestras de personas fallecidas en Putumayo, el Instituto Nacional de Salud (INS) en Bogotá determinó que la causa de muerte no había sido dengue, sino fiebre amarilla.

Atando cabos, los epidemiólogos entendieron que la situación de Ibagué estaba conectada con la de Putumayo. La enfermedad habría entrado al país por la frontera, desde las selvas de Brasil, extendiéndose luego, al menos, hasta Ibagué.

Con ese entendimiento, surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo habría llegado esta enfermedad selvática, cuyo reservorio natural son los primates, a zonas en la periferia urbana de Ibagué? ¿Qué insectos vectores la estaban transmitiendo? ¿En qué otras regiones del país podría estar circulando, camuflada entre síntomas similares a los de otras enfermedades? ¿De cuál cepa se trataba? Y, lo más importante, ¿cómo podríamos contener la epidemia?

El día en que conversamos, Camila y sus colegas del Instituto Pasteur, en Francia, y del Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, en Cali, estaban corriendo para preparar una propuesta de investigación buscando conseguir recursos para responder estos interrogantes. Ella ya lo hizo antes, cuando, frente a otras emergencias, contribuyó a entender los brotes de Zika y chikungunya que explotaron en Colombia en la década pasada.

El trabajo de investigación de Camila se enfoca en la dinámica de enfermedades que afectan a los humanos y a otros animales. Le interesa entender la relación entre los factores ambientales y los ciclos de transmisión de enfermedades en el contexto del cambio global. A diferencia de muchos profesionales de las ciencias biológicas y de la salud quienes también tienen interés en enfermedades transmitidas por vectores, el centro del trabajo de Camila no está en los pacientes humanos ni en la búsqueda y control de insectos vectores en sus viviendas y su periferia. Le interesa lo que pasa afuera, en el campo, donde no todo es previsible.

Para describir la manera en que ella y su equipo contribuyen a entender los ciclos de transmisión de enfermedades mediante el trabajo en campo, hablemos de sus investigaciones en los bosques de San Juan del Carare. San Juan es un lugar caluroso y húmedo —e infestado de mosquitos— en el valle medio del río Magdalena. Esta es una región de Colombia con una biodiversidad única y amenazada, donde la ganadería y diversas actividades agrícolas han transformado el paisaje casi por completo. En un principio, su interés se centraba en comprender la dinámica de Zika y su interacción con la fauna silvestre, pero con el tiempo ampliaron su enfoque y ahora estudian varias enfermedades que circulan en poblaciones silvestres de primates no humanos en San Juan.

Silvia Rondón, una de sus estudiantes, se interesó en saber, por simple curiosidad, si los primates de la zona estaban infectados con los parásitos que causan la malaria. La única persona que había buscado evidencia de infecciones de malaria en primates colombianos, varias décadas atrás, se llamaba Cornelis Johannes Marinkelle. Ya volveremos a ese nombre.

Silvia y Camila analizaron muestras fecales de primates recolectadas en los bosques de San Juan e hicieron una observación sorprendente: algunos animales sí estaban infectados con malaria, pero no del tipo que habrían esperado. La malaria es causada por parásitos microscópicos del género Plasmodium, que suelen ser especialistas en sus hospederos. En primates, los más comunes son Plasmodium simium y P. brasilianum, responsables de la malaria símica. Sin embargo, en San Juan, Camila y Silvia descubrieron que los primates no tenían malaria símica. Estaban infectados con el parásito de malaria que afecta a los humanos. De alguna manera, habría existido transmisión de la enfermedad desde personas a los primates, lo que podría convertir a estos últimos en reservorios, capaces de propagarla nuevamente a humanos. Cuando Camila y su equipo intentaron publicar estos datos, los evaluadores que examinaron su manuscrito se mostraron escépticos y por eso decidieron archivar la información por un tiempo.

Una colaboración reciente con un grupo liderado por investigadores franceses acaba de darles la razón. El análisis de secuencias completas del genoma de los parásitos extraídos de muestras de sangre de primates en San Juan (se dice fácil, pero capturar micos en el bosque usando dardos para anestesiarlos no lo es) confirmó que, efectivamente, estaban infectados con malaria humana, Plasmodium vivax. Entre los animales analizados había monos araña café (Ateles hybridus), una especie endémica de Colombia que está en peligro crítico de extinción.

Su hallazgo no implica que los primates representen una amenaza para las personas. Sin embargo, demuestra que cualquier esfuerzo por controlar la malaria en las comunidades rurales de la región sería incompleto si se enfocara solo en el monitoreo de humanos y mosquitos vectores cerca de sus viviendas. El trabajo de Camila y su equipo deja claro que, para entender las enfermedades tropicales, se requiere estudiar a las personas, pero también a los parásitos, sus vectores y la fauna silvestre en los bosques. Es preciso hacer mejor inteligencia, como dijeron aquellos funcionarios que impidieron que ella saliera de Maní con unas orugas en 2001.

Otro ejemplo de inteligencia aplicada a comprender la dinámica de las enfermedades es el trabajo hecho en el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia. Cuando el equipo de Camila comenzó a investigar la malaria en la región el tema había sido el feudo de investigadores de alto perfil —y cuestionables prácticas—. En ese momento, se daba por hecho que el parásito más frecuente era Plasmodium vivax, responsable de más del 70% de los casos en el país. Pero su trabajo de campo reveló algo distinto: la mayoría de los mosquitos no estaban infectados con P. vivax, sino con P. falciparum.

Este hallazgo no era una simple curiosidad taxonómica, sino una alerta para la salud pública. P. falciparum es más letal, pues es el parásito responsable de las complicaciones cerebrales en los pacientes con malaria. Además, el equipo descubrió que el insecto vector predominante en Córdoba no era Anopheles nuneztovari, la especie históricamente asociada con la transmisión de la enfermedad en la región, sino A. albimanus. Los cambios que observaron podrían estar relacionados con modificaciones en el ambiente, quizá vinculadas a prácticas agrícolas ya que muchos de los mosquitos infectados fueron hallados en arrozales. La epidemiología de la malaria en esta zona había cambiado. Para controlarla de manera efectiva, era esencial contar con información actualizada y precisa.

Las interacciones cambiantes entre humanos, fauna silvestre e insectos vectores, que alteran la dinámica de transmisión de enfermedades, son una de las manifestaciones más evidentes del cambio ambiental global. Otra dimensión de las transformaciones que caracterizan el Antropoceno es, por supuesto, el cambio climático, un fenómeno que Camila conoce bien. Su tesis doctoral, desarrollada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se enfocó en entender los efectos del calentamiento global en la dinámica de la leishmaniasis, una enfermedad que muchas personas desconocen, pero que tiene consecuencias graves tanto para los pacientes como para los sistemas de salud. Causada por parásitos del género Leishmania y transmitida por la picadura de flebótomos (pequeños insectos parecidos a los mosquitos), la leishmaniasis provoca desde lesiones en la piel hasta afecciones viscerales que pueden ser mortales.

En uno de sus artículos de mayor impacto, Camila se preguntó cómo afectaría el cambio climático la expansión de la leishmaniasis en América del Norte. Para responder este interrogante, modeló la distribución de dos especies de insectos vectores de la enfermedad y cuatro especies de roedores que actúan como sus reservorios en el norte de México y el sur de Estados Unidos. Con registros de la presencia de estas especies junto con datos ambientales y topográficos, construyó modelos que permitieron proyectar dónde se encontraría la enfermedad en el futuro. Consideró dos escenarios climáticos: uno extremo y otro más conservador.

Incluso en las proyecciones más optimistas, encontró que vectores y reservorios expandirían su distribución hacia el norte, con la posibilidad de llegar hasta el sur de Canadá en la costa este. La magnitud de esta expansión —hacia lugares que hoy son demasiado fríos para la enfermedad— dependería de la disponibilidad de hábitats adecuados, ya que la transmisión del parásito requiere la presencia simultánea de al menos una especie de vector y una de reservorio. Además, Camila y sus colaboradores calcularon cuántas personas podrían resultar expuestas a la enfermedad en el futuro si sus predicciones se cumplieran. Aun en el escenario más conservador, el número de personas en riesgo en América del Norte en 2080 podría duplicarse en comparación con 2010.

Sus recomendaciones para los sistemas de salud pública incluyeron adoptar mecanismos de vigilancia de la leishmaniasis en los Estados Unidos y la consideración de estrategias para el control de vectores y reservorios. Ella ha aplicado métodos similares a los que usó para predecir la distribución de la leishmaniasis en Norte América bajo escenarios de cambio climático para inferir su distribución actual y futura en Colombia. También ha sido invitada a realizar estancias de investigación en la Universidad de la Sapienza, en Roma, a donde ha llevado su experticia para colaborar con colegas italianos evaluando el potencial de expansión de esta enfermedad en Europa.

La pasión de Camila por los análisis espaciales aplicados a la salud pública se remonta a su primer trabajo, recién graduada como bióloga. Gracias a Cristina Ferro, pionera en la investigación de entomología médica en Colombia, llegó al INS con un objetivo: estudiar la epidemiología de los accidentes con animales venenosos en el país. En su tesis de pregrado, de la que ya hablaremos, Camila había entendido que este era un problema ignorado. No existía un sistema que registrara los casos, no se sabía dónde ni cuándo ocurrían con mayor frecuencia, y la información disponible para el desarrollo y distribución de antivenenos era escasa.

Guiada por Cristina, le presentó sus ideas al responsable del laboratorio de sueros antiofídicos del instituto. Él no mostró mayor interés en contratarla. Cristina sí, pero su línea de trabajo era otra. El trabajo con animales venenosos tendría que esperar.

El laboratorio de Cristina investigaba insectos vectores de enfermedades tropicales, así que la primera tarea de Camila fue aprender sobre ellos. Se trataba solo de leer, de estudiar. En paralelo, durante sus primeros días en el instituto, decidió tomar un curso en sistemas de información geográfica en la Universidad Nacional. Fue allí donde se le ocurrió una idea: le propuso a Cristina construir mapas de dónde se habían registrado los insectos vectores de la leishmaniasis, aprovechando la amplia base de datos de especímenes que su mentora había recopilado. No sabían en qué se embarcaban, pues completar esa labor les tomó diez años.

Mientras avanzaba en las primeras fases de este proyecto, Camila presentó sus hallazgos en un congreso sobre leishmaniasis en Estados Unidos. Allí descubrió que lo que había imaginado desde la intuición y su fascinación por los mapas era, en realidad, parte de un enfoque de investigación más amplio. Otros científicos también elaboraban mapas como los suyos, pero además usaban información espacial de vectores, reservorios y datos climáticos para predecir la distribución potencial de las enfermedades. Eso la deslumbró. Se conectó con investigadores del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estadounidense y de la Universidad de Kansas y, por medio de ellos, dio con el grupo de investigación donde terminaría haciendo su maestría y su doctorado en la UNAM.

En México pasó varios años felices madurando como investigadora. Y como mamá: su hijo Daniel nació cuando tenía solo 19 años. No cualquiera, como Camila, se gradúa Cum Laude de un doctorado mientras cría sola a un niño pequeño en otro país, lejos de su familia y amigos cercanos.

Ella recuerda que el primer mapa que construyó, antes de que iniciara sus aventuras con los vectores de la leishmaniasis y los modelos computacionales, incluía solo dos puntos. Lo que quiso representar era la distribución geográfica conocida de una especie de polilla llamada Lonomia achelous. Esa polilla —o, más bien, sus larvas— explicaba su presencia en Maní aquel 11 de septiembre. Para entender por qué estaba allí y por qué cargaba un sospechoso recipiente lleno de orugas, hay que remontarse a un curso sobre animales venenosos que tomó en la Universidad de los Andes. Su profesor fue C. J. Marinkelle.

Muchos estudiosos de las aves habrán oído hablar de Marinkelle por su colección oológica. Durante más de 70 años, este médico y biólogo neerlandés, que vivió varias décadas en Colombia, recolectó huevos de aves alrededor del mundo. La colección que lleva su nombre cuenta con más de 25,000 huevos de más de 2,000 especies, incluidas algunas ya extintas, provenientes de más de 100 países. Pero su interés por los huevos de aves era un pasatiempo; su trabajo académico se centró en el estudio de las enfermedades tropicales y los animales venenosos, una labor que nutrió a lo largo de sus viajes por todo el mundo, algunos como médico del Cuerpo de Paz de los Países Bajos.

Marinkelle fue quien, mucho antes de Silvia Rondón y Camila, se interesó por buscar malaria en primates no humanos en Colombia. Pero su legado va más allá: fue un pionero de la medicina tropical, un naturalista perspicaz y un profesor excepcional. Se dice que, en su afán por comprender las enfermedades y las picaduras de animales, Marinkelle llegó a infectarse y dejarse morder o picar a propósito en varias ocasiones, incluso por serpientes venenosas. Cierto o no, sus estudiantes recuerdan su conocimiento enciclopédico y las historias únicas que compartía en clase, muchas de ellas sobre casos estremecedores, ilustradas con fotografías impactantes de extremidades afectadas por gangrena. Cautivada, fue en su aula donde Camila tuvo una revelación: entendió que había una forma de conectar la biología con la salud pública, y que ese sería su camino.

Mientras asistía a Marinkelle como monitora de sus cursos y buscaba un proyecto de investigación para su trabajo de grado, ocurrió una de esas casualidades que pueden definir el rumbo de una carrera académica. El profesor Felipe Guhl, eminente parasitólogo y entonces director del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical —fundado por Marinkelle—, recibió una llamada inesperada de una compañía petrolera desde Casanare. Al otro lado de la línea, alguien le informó sobre un accidente mortal: una mujer en una zona rural había tocado un grupo de orugas y esto le causó la muerte. Pedían su consejo sobre cómo manejar posibles casos similares.

«¡Camila, tiene tesis!», exclamó Guhl. Marinkelle respiró aliviado: por fin había un proyecto para asignar a esa estudiante intensa que llevaba meses insistiendo en que quería trabajar con él en alguna investigación sobre animales venenosos. Poco después, Camila llegó a Casanare sin un plan claro, más allá de cumplir con la tarea de conseguir una muestra de aquellas orugas misteriosas para estudiarlas en el laboratorio en Bogotá. También entrevistaría a habitantes de las veredas para conocer qué tanto sabían sobre la especie y cuál era su relación con ella. Pero el trabajo tenía retos particulares. Recordemos cómo era buena parte de la Colombia rural en 2001. La zona del Casanare a donde debía dirigirse tenía una fuerte presencia de grupos paramilitares.

En ese entonces, se sabía tan poco sobre las orugas venenosas en Colombia que algunos investigadores incluso consideraron la posibilidad de que no fueran nativas. Se conocía la presencia y peligrosidad de Lonomia en Brasil, pero no había registros de su existencia en el país. Algunos sugirieron que las orugas responsables del primer accidente, y de otros reportados poco después, podrían haber llegado del exterior, quizá transportadas accidentalmente junto con los tubos y otros materiales importados para la construcción de oleoductos y demás infraestructura petrolera.

En el campo, Camila descubrió que en aquella región ya habían ocurrido otros accidentes con orugas. Un campesino le contó que había sido picado ocho años antes y describió con precisión los síntomas que ella había leído en reportes de casos en Brasil. Ese relato debilitaba la hipótesis de una introducción reciente de las orugas; quizás siempre habían estado allí, pero algún cambio en el ambiente las estaba acercando más a las personas.

El campesino también relató que había visto un grupo de esas orugas el día anterior, en un lugar distante, a cuatro horas a caballo. Cuando Camila estaba a punto de abandonar Maní preocupada por los hechos del 11 de septiembre, el hombre la interceptó para entregarle un recipiente lleno de orugas, el mismo que los agentes de inteligencia luego inspeccionaron en Yopal. Sospechaban que se trataba de tráfico ilegal de fauna silvestre.

Tras pasar una noche entera bajo arresto, las orugas fueron liberadas al día siguiente, luego de que Camila y funcionarios de la Secretaría del Salud lograran convencer a las autoridades de que no estaban involucrados en tráfico de fauna, sino en una investigación sobre un problema de salud pública. Maltrechas, las orugas llegaron a Bogotá, pero no sobrevivieron hasta completar la metamorfosis.

De cualquier manera, con una única experiencia de campo, Camila elaboró una tesis basada en el análisis de encuestas epidemiológicas que alcanzó a hacer en la región. Se sabía tan poco sobre la distribución de estas polillas que en el mapa que produjo solo pudo incluir dos puntos. La mayoría de preguntas quedaron abiertas y, desde entonces, Lonomia se convirtió en su proyecto permanente. Lo mantenía en pausa, avanzando cuando tenía oportunidad, aunque desde afuera no pareciera haber grandes progresos.

Su primera publicación sobre Lonomia tardó más de veinte años en materializarse. Pero la espera valió la pena. En colaboración con un equipo interdisciplinario que lideró junto a su colega Rodolphe Rougherie, del Museo de Historia Natural de Paris, pusieron en jaque lo que se creía sobre las orugas venenosas responsables de envenenamientos graves en Sudamérica. Hasta entonces, se suponía que solo dos especies—Lonomia achelous y L. obliqua— causaban los accidentes que conducían a síndromes hemorrágicos en humanos. Su investigación reveló un panorama bastante más complejo.

Para empezar, se dieron cuenta de que el primer accidente reportado en Colombia, el de la señora fallecida en Casanare que condujo a la llamada de la petrolera a Felipe Guhl, no había sido causado por Lonomia achelous sino por otra especie: L. casanariensis. Algo andaba mal con el conocimiento sobre la taxonomía del grupo.

Combinando análisis de ADN, comparaciones morfológicas y datos geográficos, Camila y su equipo demostraron que la diversidad de Lonomia se había subestimado durante décadas: identificaron varias especies no descritas y propusieron cambios en la clasificación de otras. Gracias a su revisión juiciosa, ahora se reconocen 60 especies en el género, de las cuales al menos siete son responsables, o altamente sospechosas, de causar envenenamientos graves en humanos.

Las implicaciones son enormes. Si la diversidad de especies del grupo era mucho mayor de lo que se creía, lo mismo debía ocurrir con sus venenos. Por ello, contar con un único tratamiento no es suficiente. Investigaciones del equipo de Camila han demostrado que los antivenenos desarrollados en Brasil para L. obliqua no son igualmente efectivos en todos los accidentes. Esto hace urgente caracterizar mejor las toxinas de cada especie y diseñar protocolos adecuados para su tratamiento. Ella estaba inmersa en esos esfuerzos cuando el mundo se detuvo. Era marzo de 2020.

Camila hizo parte del equipo que, en tiempo récord una vez despegó la pandemia, montó un laboratorio de diagnóstico de COVID-19 en la Universidad de los Andes, aprovechando la infraestructura científica y el talento humano que la institución había consolidado tras décadas de inversión en investigación y formación en ciencia básica. Parte de la historia de esta contribución de la academia colombiana a la sociedad se cuenta en el capítulo de este libro dedicado a Silvia Restrepo. La menciono aquí también porque, en el proceso de montar y operar el laboratorio, el equipo enfrentó de primera mano las limitaciones de trabajar en un país con capacidades científicas y tecnológicas insuficientes. Esa experiencia convenció a Camila de la urgencia de desarrollar una nueva línea de investigación.

Una vez puesto en marcha el laboratorio en Bogotá, las investigadoras enfrentaron serias dificultades para garantizar un suministro constante de insumos, casi todos importados. Algunos reactivos tardaban demasiado en llegar; otros, inexplicablemente, eran retenidos en la aduana. En uno de los picos de la pandemia, la escasez de kits de extracción de ARN paralizó por completo la aplicación de las pruebas de PCR en tiempo real (RT-PCR), el gold standard para el diagnóstico del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La razón era simple: la casa matriz que fabricaba los kits, ubicada en Alemania, decidió suspender sus ventas hacia Colombia ante la alta demanda interna y la necesidad de priorizar su propio mercado. Vivimos en carne propia las consecuencias de la falta de soberanía tecnológica. En el país, estos insumos no se producen.

La escasez local de kits de extracción se resolvió gracias a una negociación estratégica de Silvia con proveedores chinos. Mientras tanto, Camila se preguntaba por qué dependemos de países al otro lado del mundo para atender nuestras necesidades en ciencia aplicada a la salud pública. Recordó su trabajo durante la epidemia de Zika: los insumos y protocolos a seguir también habían venido del exterior. Reflexionó sobre los costos que implican decisiones de organismos como la OMS. Desde el punto de vista técnico, tenía todo el sentido que la RT-PCR fuera el método recomendado para diagnosticar COVID-19, pero esta técnica está fuera del alcance de muchos laboratorios en el Sur Global. Además, el procedimiento requiere que las muestras e insumos se mantengan bajo una cadena de frío difícil de garantizar en gran parte de Colombia.

«Tenemos que tener capacidad para detectar enfermedades y con técnicas menos costosas», me dijo mientras pasaba a contarme sobre sus nuevos proyectos. Con apoyo de investigadores de la Universidad de Toronto y fondos del International Development Research Centre (IDRC) de Canadá—una organización que impulsa la investigación y la innovación en regiones en desarrollo—ha logrado avances significativos en diseñar pruebas diagnósticas implementadas localmente.

Camila y su equipo se encargaron de adaptar al contexto colombiano una prueba basada en un método conocido como amplificación isotérmica mediada por bucle con transcripción inversa (llamémoslo simplemente RT-LAMP). Lo hicieron con éxito, logrando diagnosticar casos de COVID-19 con precisión y a una fracción del costo de las pruebas de RT-PCR, pues la RT-LAMP no requiere equipos costosos. Ahora trabajan en extender este método para el diagnóstico rápido de otros patógenos (leishmaniasis, oropuche, dengue) en contextos de recursos limitados.

Pero el camino hacia el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico en el campo colombiano no está libre de dificultades. La prueba RT-LAMP que vienen usando depende de un reactivo producido en un laboratorio de Nueva Inglaterra que, por su inestabilidad a temperaturas cambiantes, casi siempre llega a Colombia dañado. Transportarlo a zonas rurales remotas es un desafío casi imposible.

Por eso, Camila y sus estudiantes tienen una nueva estrategia: desarrollar pruebas de diagnóstico portátiles adaptadas a las condiciones del país. Su enfoque se basa en enzimas—proteínas capaces de detectar los patógenos—producidas localmente y que pueden transportarse liofilizadas, sin necesidad de cadena de frío. Ya optimizaron sus nuevas pruebas RT-LAMP en muestras humanas. Y las han llevado a campo: están trabajando con autoridades de salud en Putumayo para implementarlas allí, en ese lugar remoto donde habría emergido la epidemia actual de fiebre amarilla —y donde inicialmente hubo diagnósticos incorrectos sugiriendo que se trataba de un brote de dengue—.

El siguiente paso será adaptar las pruebas para detectar patógenos en mosquitos. Su objetivo es desarrollar un sistema de monitoreo de bajo costo que permita identificar los patógenos que circulan en estos insectos. Los mosquitos podrían actuar como centinelas —verdaderos agentes de inteligencia—, alertando sobre el riesgo de nuevas epidemias antes de que se manifiesten en los pacientes y sean más difíciles de contener.

Este trabajo no solo ha requerido que el equipo de Camila adquiera nuevas habilidades en biología molecular, sino que también los ha llevado a colaborar con investigadores en administración de empresas. Juntos, exploran modelos de costos para evaluar la viabilidad de producir y distribuir sus pruebas, así como el potencial comercial de las herramientas que están desarrollando. Sin embargo, alcanzar su objetivo no será sencillo: en Colombia, la ley establece que el INS es la única entidad autorizada para diagnosticar enfermedades tropicales.

Ella tiene claro que, para lograr mayor impacto, debe incidir en la política pública e incluso impulsar cambios en la legislación que permitan a las autoridades de salud en los territorios hacer diagnósticos de manera descentralizada. Está dispuesta a buscar esos espacios de incidencia. También reconoce la necesidad de diversificar las formas en que da a conocer su trabajo. Sabe bien que la mayoría de los funcionarios de entidades como las secretarías de salud no accederán a su conocimiento revisando dos decenas de artículos técnicos publicados en el exterior, en inglés. Por eso, está diseñando otros formatos para llegar a ese público, como libros y protocolos prácticos en español.

Mientras busca nuevas formas de extender su influencia, Camila no deja de lado su investigación sobre orugas venenosas, que sigue escalando a nuevos niveles. Junto a sus estudiantes y colaboradores, trabaja en la secuenciación de genomas completos para entender la evolución de los mecanismos genéticos que determinan la toxicidad. Además, están empleando herramientas de proteómica para caracterizar la bioquímica de los venenos y determinar cuáles son sus principales toxinas. Su objetivo último es desarrollar tratamientos que permitan salvar vidas y, en ese camino, han comenzado a explorar la producción sintética de antivenenos mediante sistemas libres de células. Esta alternativa evitaría el uso de caballos en la obtención de anticuerpos, como se ha hecho tradicionalmente.

Le pregunté a Camila sobre sus sueños para el resto de su carrera. Me dio varias respuestas.

Primero habló la experta en zoonosis, con conciencia social y visión de administradora universitaria (no había contado hasta ahora que es la directora del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de los Andes). Su mayor anhelo es alinear los problemas de salud pública con soluciones reales. Quiere que sus estudios trasciendan, que sirvan para implementar programas de vigilancia de enfermedades tropicales a nivel local. Eso, señaló, sería más económico y eficiente que tratar personas enfermas o hacer diagnóstico de personas infectadas. Quizás, si en Putumayo hubiera existido un sistema adecuado de vigilancia de zoonosis, la epidemia que ha cobrado múltiples vidas en Ibagué y otras regiones en 2025 podría haberse detenido a tiempo.

También sueña con ayudar a construir un sistema de salud adaptado a zonas remotas, con comunidades dispersas y prácticas culturales diversas. Era una ilusión que compartía con su amiga Tatiana Andia, con quien diseñó un proyecto que no llegó a ejecutarse tras su partida temprana. En él, imaginaban intervenciones en salud pública que no solo respondieran a las necesidades del territorio, sino que también integraran los conocimientos ancestrales de las comunidades que lo habitan.

Tatiana, al igual que Marinkelle y Cristina Ferro, ya no está con nosotros, pero Camila sigue construyendo sobre el legado que dejaron. Desde muy joven, ha sentido fascinación por el Instituto Butantán de São Paulo, Brasil. Este no es solo un centro de excelencia en investigación sobre enfermedades tropicales, sino que también alberga un museo de historia natural y un hospital especializado, además de ser un referente en la producción y distribución de vacunas y antivenenos, que exporta a más de 10 países en América Latina y Europa. Camila se permite soñar con un instituto similar al servicio de la sociedad colombiana.

Frente a mi pregunta también respondió Camila la naturalista, la que mantiene intacta su curiosidad desde que se aventuró a un rincón remoto del Casanare en busca de orugas desconocidas. «A mi me encanta estar en el campo, me sigue pareciendo emocionante ir a coger bichos». Seguramente, lo seguirá haciendo.

Hacía poco había asistido a una reunión académica sobre interacciones entre plantas y herbívoros, donde fue invitada a dar una charla sobre su investigación en orugas venenosas. Era una de las prestigiosas conferencias Gordon, un espacio dedicado a la presentación y discusión de investigaciones científicas de frontera. Le sorprendió que, en lugar de preguntarle sobre epidemiología y salud, la audiencia se enfocó en cuestiones más fundamentales de biología y de historia natural.

¿Por qué son tan venenosas las orugas? ¿Quienes son sus depredadores naturales? ¿Qué hacen las aves que son capaces de comérselas para lidiar con sus toxinas? Como muchos de nosotros, Camila sintió un atisbo del síndrome de la impostora. Pensó que no sabe mucho de bioquímica. «Yo creo que todavía tengo tiempo para hacer un pregrado en bioquímica, todavía hay mucho tiempo para aprender», me dijo en medio de risas. Conociéndola, sospecho que la idea le ronda en serio.