El 15 de diciembre de 2024 se aprobó la Estrategia de la Industria Farmacéutica que, durante 2025, ha ido dando sus primeros pasos en lo que a órganos de gobernanza se refiere; esta semana se ha culminado la creación de la Alianza de la Estrategia de la Industria Farmacéutica, que junta alrededor de la misma mesa a todos los ministerios implicados, las principales patronales empresariales de la industria farmacéutica en España, las Comunidades Autónomas, organizaciones de pacientes, sociedades científicas y entidades de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del acceso a medicamentos.
No es común poder congregar a un abanico tan amplio y variado de entidades con un objetivo común: que la política farmacéutica en España trate de ser un elemento que concite el mayor consenso posible y donde, dada su tremenda complejidad y cariz estratégico en términos industriales, se pueda garantizar que todas las voces relevantes son escuchadas y tienen capacidad de ser partícipes de los procesos de decisión.
A día de hoy podemos afirmar que no hay ningún país en el mundo donde se haya logrado poner en marcha un modelo de gobernanza y diálogo entre todos los actores del ámbito de la política farmacéutica como lo que se está haciendo en España.
En otro ámbito pero profundizando en la convicción de que las decisiones no puede tomarse sin contar con todos los agentes relevantes, el viernes se publicó la Orden Ministerial mediante la cual se crea la Mesa para la participación de los pacientes. Esta Mesa supondrá el primer órgano a nivel estatal que desde el punto de vista de las instituciones públicas trabajará para garantizar la participación de las organizaciones de pacientes en los diferentes ámbitos de la Administración General del Estado en materia de sanidad, siendo un lugar de encuentro para todas las organizaciones de pacientes que trabajen a nivel estatal.
Este órgano, ya creado legalmente y dentro de poco constituido con un grupo motor que acompañe los primeros pasos del mismo, es la avanzadilla de la Ley de organizaciones de pacientes cuyo proyecto ya está en tramitación y esperamos que pronto (antes del verano) vea la luz y pase a su tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta semana estuvimos presentes en el Encuentro Nacional de Pacientes, organizado por el Foro Español de Pacientes, conversando con la vicepresidenta del Foro y el presidente del Foro Europeo de Pacientes sobre lo que esa ley ha de incorporar y también acerca de qué aspectos son relevantes en comparación con iniciativas que se pueden estar poniendo en marcha a nivel europeo.
El martes pude participar en una mesa sobre autonomía estratégica e industria farmacéutica, organizada por diariofarma, compartiendo panel con representantes de los ministerios de economía e industria, así como de Farmaindustria y EFPIA (la “Farmaindustria” europea, por resumir para quien no lo conozca).
Hay veces que conceptos que tienen cierto auge tanto en el debate público como en los desarrollos normativos comienzan a concretarse y sustanciarse gracias a los vaivenes del contexto de cada época. Eso es lo que ha ocurrido últimamente con el concepto de autonomía estratégica, presente en el debate público europeo con gran fuerza después de la pandemia, como una llamada a la región a recuperar elementos de soberanía industrial y desarrollo y coordinación de capacidades de producción en varios ámbitos, y que a día de hoy, con las diferentes crisis existentes en el ámbito de los medicamentos, ha ido perfilando sus elementos críticos.
Al hablar de “las diferentes crisis existentes en el ámbito del medicamento” me refiero no solamente a la sensación de vulnerabilidad de las cadenas de suministros expuesta por la pandemia de COVID o la situación de inestabilidad e incertidumbre derivada de la guerra en Irán (no solo por las cadenas de suministro sino también por los efectos derivados de la disponibilidad y precios de la energía); a esto hay que añadir, muy especialmente, las medidas estadounidenses destinadas a referenciar los precios de sus medicamentos en los precios más baratos de los medicamentos de los países de rentas altas.
Los efectos derivados de todo esto están suponiendo un moldeamiento acelerado de las medidas encaminadas a avanzar en la autonomía estratégica en Europa, teniendo relevancia algunas medidas a nivel nacional y con un claro protagonismo de los desarrollos normativos y otros proyectos a nivel europeo (Critical Medicines Act, paquete farmacéutico europeo o Biotech Act como los tres más destacados).
Por último, quería dejar por aquí un par de comentarios sobre el ámbito de la especialización y los profesionales sanitarios.
Por un lado, esta semana se ha presentado un informe de FAECAP sobre la implantación de la enfermería familiar y comunitaria en el Sistema Nacional de Salud. Siempre hemos comentado que uno de los talones de Aquiles del sistema sanitario y, en especial, de la Atención Primaria, en materia de optimización del desempeño es dejar escapar a las enfermeras especialistas en familia y comunidad a otros ámbitos del sistema sanitario, sin darles su lugar en el lugar en el que se han especializado. El informe señala todas las áreas de mejora pero creo que es de justicia afirmar, igualmente, que en los últimos años hay muchas CCAA que han ido avanzando de manera significativa en este sentido.
Por otro lado, el martes tuvo lugar el acto del Foro de Atención Primaria en la sede de la Organización Médica Colegial por el día de la Atención Primaria, versando este año sobre la formación y la docencia en Atención Primaria. En los últimos años ha ido creciendo la concienciación sobre lo inadecuado e ilegal de una práctica extendida por muchas CCAA, especialmente en algunos dispositivos y zonas de difícil cobertura: la contratación de médicos sin especialidad para ejercer funciones de médico de familia o pediatra de atención primaria. Esto no es legal y se lleva a cabo bajo la justificación de la necesidad de prestar la asistencia a la población. El incremento de este tipo de contratación ha ido produciéndose como consecuencia de la casi-década perdida en materia de dimensionamiento de las plazas de medicina familiar y comunitaria (periodo 2011-2017) que, según los estudios de oferta-necesidad de facultativos especialistas comienza a revertirse a raíz del incremento experimentado en el periodo 2018-2025. El sistema de formación sanitaria especializada en España es una joya que defender, y eso también pasa por no establecer caminos paralelos para que gente sin especialidad trabaje y provea asistencia sanitaria en puestos donde tendría que haber profesionales con especialidad. Vamos a trabajar en este tema durante este año porque, especialmente en momentos en los que algunas voces ponen en cuestión la utilidad de la especialización en algunos ámbitos, más necesario es aún poner los elementos normativos y ejecutivos necesarios para defenderla.
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