Ley General de Sanidad (II): una tramitación en medio del ruido.

Suele decirse que la historia del Sistema Nacional de Salud es la historia de nuestra democracia, y que es difícil pensar la estabilidad de esta en las últimas décadas sin los servicios públicos fundamentales para la vida cotidiana de la población, entre los que el sistema sanitario desempeña un papel central. Esto es más acusado, si cabe, al leer sobre lo que rodeó la génesis y aprobación de la Ley General de Sanidad; el entrelazamiento entre los elementos de política autonómica, ordenación del territorio y tensiones partidistas y sociales se entremezcla con el avance de la ley a lo largo de su redactado y tramitación.

En lo que también coincide la historia de nuestra democracia y la de la Ley General de Sanidad es en el proceso de idealización al que las hemos sometido con el paso de los años. Como si de un documental de Victoria Prego se tratara, es común encontrar referencias a la Ley General de Sanidad como si hubiera sido un texto ausente de todo conflicto y que emergió a lomos de un consenso generalizado gracias a la presencia de agentes dentro de la sociedad y el sector sanitario con gran altura de miras para poder sobreponer los intereses comunes frente a los individuales.

La realidad fue distinta, como expresa este párrafo del libro “Ernest Lluch: Biografía de un intelectual agitador”, de Joan Esculies.

Alianza Popular puso el grito en el cielo. Alegó que el borrador no tenía ni pies ni cabeza. Ernest se defendió con el argumento de que la norma debía contar con el respaldo de la mayoría de la población. Comisiones Obreras la veía positiva, pero temía que se reestructuraran las plantillas en el sector sanitario. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), presidida por el doctor Juan Blázquez, encargó al servicio jurídico un amplio estudio sobre el borrador. Más crítica era la Organización Médica Colegial (OMC).

Este párrafo, que recoge someramente los posicionamientos de diferentes actores del momento a la publicación del borrador del texto se entiende mejor al leer el siguiente sobre una campaña organizada por una consultora (capitaneada por la CEOE con la connivencia de la Organización Médica Colegial de aquel momento) y que logró reunir en contra de la Ley General de Sanidad a diferentes colegios profesionales, patronales empresariales, aseguradoras sanitarias y organizaciones políticas de la derecha española.

Las ideas básicas de la campaña eran que la reforma propuesta por el gobierno empobrecería, restaría calidad a la asistencia sanitaria del país; que los colectivos más directamente implicados en el tema sanitario, como el estamento médico, tenían que defender una reforma «científica» y «no ideologizada» sobre la materia; que la sanidad no funcionaba, y que, aunque la reforma era necesaria, al mismo tiempo el equipo gubernamental no era capaz de proponer nada coherente, ni de desarrollarla.

Estos posicionamientos, a partir de los cuales cuesta no sacar paralelismos con situaciones actuales, muestran la existencia de un ánimo corporativo-empresarial contrario a lo que se pretendía con el proyecto de Ley General de Sanidad. Una ley que ahora muchos de los que la criticaban y que hicieron esfuerzos (e inversiones) para frenarla reivindican como ejemplo de consenso. Probablemente, ese sea uno de los grandes triunfos de la Ley General de Sanidad, la internalización del disenso por la vía de ganar un huequito en el sentido común de todo un país y de su historia.

“Señoras y señores Diputados, el proyecto que nos envía el Gobierno viene sin ese respaldo de las fuerzas políticas y sin ese apoyo de los agentes sociales, imprescindible para que e este tipo de leyes tengan el arraigo social que necesitan. Pero, además, por miedo a la libertad, a la diversidad y al cambio, consagra un modelo sanitario continuista, intervencionista, burocratizante, que priva a los ciudadanos de su derecho a la libertad plena de elegir médico y hospital y compromete la modernización de nuestro sistema sanitario.
Es un proyecto de ley anacrónico y continuista, que agrava los problemas que tenemos y no los resuelve. Por eso pedimos su devolución al gobierno.
Nada más y gracias.”

Estas palabras reflejadas en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 11 de junio de 1985 en el debate de las enmiendas a la totalidad que fueron presentadas, son de Romay Beccaria, posteriormente ministro de sanidad en la época de José María Aznar.

Se complementan con las que cerraban el debate de esta ley en el Congreso, al votar sobre las enmiendas realizadas en el Senado:

Por tanto, señoras y señores Diputados, esta ley llega al final. Es lástima que no hayamos podido celebrar hoy que esta ley fuera votada unánimemente por nuestros dos Grupos, porque creo firmemente que esta es una ley, como he dicho antes, para todos los españoles. Pero en este trámite, en el que nosotros votaremos negativamente, seguiremos estando, a pesar de esta ley, velando por la Sanidad de todos los españoles, desde esta ley que es continuista y que no va a servir para esperanzar a las clases sanitarias.
Esta misma mañana oía a un viejo médico, a un viejo colega estas palabras desesperanzadoras: si yo empezara ahora en mi juventud a estudiar una carrera no estudiaría la de médico. El escuchar esas palabras tristes esta mañana ha sido para mí una revelación del estado de la Sanidad. Hagamos entre todos (a pesar de las deficiencias de esta ley, y yo estoy seguro que en eso las personalidades sanitarias del Parcito socialista estarán conmigo) una ley que moralice, que esperanza, que llene de ilusión a todos los sanitarios, desde el último médico rural, el médico que realiza esa medicina de ambulatorio triste y sin esperanza, hasta el profesor médico de cualquier hospital; una medicina que sea la que todos deseamos nada más y nada menos que para mejorar, preservar , desarrollar y conservar la salud de todos los españoles”.

Estas palabras, del Diario de sesiones del Congreso de los Diputados del 18 de marzo de 1986, son de Carlos Ruiz Soto, de Alianza Popular (y, a la sazón, padre de enrique Ruiz Escudero, ex-consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid y actual senador del Partido Popular).

La ley se aprobó, lo cual no eliminó el disenso pero sí diluyó los esfuerzos más o menos organizados para su desactivación. 40 años después, la estructura y los principios dibujados en esa ley se muestran más como una fortaleza que como una anacrónica debilidad (por mucho que algunos dijeran que la ley ya nacía obsoleta), entre otras cosas gracias a la multitud de leyes que la fueron complementando con posterioridad y que abordaremos en el siguiente artículo.