Venezuela,"un país feliz"

La tarde del 24 de junio, mientras en muchas localidades se celebraba el día de San Juan, una importante fecha de la cultura afrovenezolana, dos terremotos consecutivos estremecieron al país, dejando miles de heridos y desaparecidos, así como un enorme número de damnificados, ante el desplome de cientos de edificios residenciales. El número de personas fallecidas también estará en el orden de los miles, pues se estima alrededor de 60 mil personas desaparecidas. El cuarto parte oficial divulgado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el 28 de junio menciona 1.450 muertos y 3,150 heridos, pero estas cifras han sido cuestionadas por organizaciones de derechos humanos dadas sus aparentes inconsistencias, como la disminución del número de heridos sin explicación, y sobre todo por la opacidad oficial en el manejo de la información.

Las tareas de rescate han sido lentas ante la falta de previsión y organización oficial. Se han registrado enfrentamientos entre voluntarios, que trabajan con las manos, sin equipos especializados en las tareas de rescate de sus familiares y vecinos, y las autoridades. Militares y policías han sido capturados in fraganti saquendo viviendas destruidas. Complejos residenciales enteros se vinieron abajo, creando paisajes de destrucción que recuerdan el genocidio israelí en Gaza. La respuesta estatal a la emergencia ha sido un fracaso, la frustración y la desesperación crecen día a día. Esta ha sido justamente la ocasión que ha aprovechado el presidente estadounidense, Donald Trump, para humillar nuevamente al pueblo venezolano, al afirmar el día después del doble terremoto que Venezuela era un país feliz en el que la gente bailaba en las calles.

Entre los fallecidos se cuentan la mayoría de los 120 hombres, 19 mujeres y siete niños que llegaron la mañana del 24 de junio a Maiquetía, deportados de EEUU por el gobierno de Trump, quienes pasaron a quedar detenidos en el Hotel Santuario La Llanada, cuando este colapsó. Los deportados habían quedado a las órdenes de la policía política, el SEBIN, parte del brazo represor de un gobierno al que Trump se refirió, en su red social, como sus “nuevos y maravillosos amigos”. Muchos de los deportados fallecidos en La Guaira ya estaban en manos de la agencia migratoria ICE en EEUU cuando, en otro gesto humillante, Trump publicó un mapa designando a Venezuela como el “estado 51”. A pesar de todo, María Corina Machado agradeció a Trump la noche del 24 de junio por supuestamente apoyar al pueblo venezolano. Desquiciamiento total.

Los dos terremotos, de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, ocurrieron en rápida sucesión, ambos con su epicentro en el estado Yaracuy, aproximadamente a 170 kilómetros al oeste de Caracas. Videos de Caracas tomados desde el teleférico que conecta a la ciudad con el Cerro El Ávila o desde montañas cercanas mostraron grandes nubes de polvo cubriendo la ciudad mientras decenas de edificios quedaban reducidos a escombros. Pescadores capturaron desde el mar imágenes similares de la costa del Estado La Guaira, donde se concentra la mayor destrucción. El aeropuerto de Maiquetía, el principal del país, sufrió daños significativos.

Las réplicas han sido numerosas. Entre el 24 y el 29 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sísmicas (Funvisis) registró otros 468 sismos en territorio venezolano, incluyendo diez de intensidades entre 4 y 6 en la escala de Richter.

Se trata del mayor terremoto en la región noroccidental desde 1812, que afectó a Caracas, Mérida, Barquisimeto, La Guaira y otras ciudades, en plena guerra de independencia, dejando miles de muertos en un evento que fue capitalizado por la agitación religiosa del bando monárquico. En Caracas, el antecedente más cercano es el terremoto de 1967, de 6.5 en la escala de Richter, que dejó alrededor de 250 muertos y 1800 edificaciones afectadas, 20 de ellas derrumbadas. Luego de ese terremoto, se adecuaron las normas de construcción en el país y se creó Funvisis, pero los incumplimientos de las normas han sido denunciados frecuentemente. La corrupción también habría jugado un rol en el actual desastre, evidenciado en el derrumbe de dos complejos habitacionales de construcción turca en Playa Grande, La Guaira, construidos como parte de los planes de vivienda oficiales del gobierno venezolano en 2013 y 2015, tal y como reportaron medios venezolanos.

Otro caso emblemático lo representarían los graves daños estructurales que, de acuerdo con la denuncia de medios locales, han afectado al Hotel Gran Cacique Maiquetía, construido por el Estado venezolano frente al aeropuerto internacional de Maiquetía a lo largo de 25 años e inaugurado a fines del año pasado.

El gobierno no fue capaz de enfrentar la emergencia

La respuesta del gobierno ha sido denunciada como lenta, improvisada e ineficiente, lo que ha obligado a los sobrevivientes a intentar remover escombros con sus propias manos y herramientas rudimentarias, o incluso sin ellas. Ha habido lentitud en desplegar la totalidad de los recursos humanos y de maquinaria de los que dispone el Estado para tareas de rescate y se ha documentado que la carencia de equipos entorpece las labores de los rescatistas, quienes en ocasiones tienen que usar teléfonos celulares en vez de linternas para iluminar el interior de las estructuras colapsadas

VenezuelanVoices🇻🇪🇵🇸@VzlaVoices

RT @clashreport: Venezuela’s rescue teams were filmed using borrowed cellphones as flashlights, exposing a near-total lack of basic emergen…

7:42 PM · Jun 25, 2026

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La noche del 24 de junio, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, llamó a la población a pernoctar en espacios abiertos luego del terremoto, algo que ya muchos estaban haciendo espontáneamente al no haber, aparentemente, un plan de contingencia oficial ante este tipo de desastre ni refugios para albergar a damnificados.

Surgieron denuncias de que las autoridades entorpecían los intentos espontáneos de solidaridad, requisando los convoyes de ayuda o intentando ilegalizar las iniciativas populares, como en el caso del alcalde del municipio Campo Elías, en el estado Mérida, quien prohibió la recolección de ayuda para víctimas de los terremotos por fuera de los canales institucionales bajo control gubernamental.

Una veintena de gobiernos e instituciones internacionales anunciaron que enviarán ayuda humanitaria y equipos de rescate para colaborar con las autoridades venezolanas, pero esta ayuda no habría llegado en las primeras 24 horas posteriores al desastre.

Desastre anunciado, alertas ignoradas

En 2017, a propósito de los 50 años del terremoto de Caracas de 1967, la Academia de Nacional de Ingeniería y el Habitat editó un libro sobre las principales lecciones y advertencias que nos legó aquel suceso. Los autores alertaron que “existen edificaciones, en especial las que se construyeron en los años 70 y décadas anteriores, que no cumplen con las normativas sísmicas vigentes actualmente. La tarea de evaluar la vulnerabilidad de edificaciones existentes y de emprender proyectos de readecuación sísmica en los casos que lo ameriten, es una tarea todavía pendiente (…) Otro factor que incrementa la vulnerabilidad es el hecho de que la ciudad se ha densificado sin mayor planificación. En las quintas de las urbanizaciones se observa la proliferación de anexos y pisos adicionales de construcción precaria. Además, se han implementado planes públicos de construcción de edificios (Gran Misión Vivienda Venezuela), sin considerar variables y ordenanzas urbanas. Los servicios públicos han colapsado. En muchas zonas de Caracas, se observan aguas negras corriendo por las calles, alcantarillas desbordadas, taludes erosionados y calles en muy mal estado.”

Pese a la conocida vulnerabilidad sísmica de buena parte del eje costa-montaña en el que se ubican las principales ciudades venezolanas y la mayoría de la población del país, las autoridades durante décadas han soslayado los riesgos y fallado ante su responsabilidad de inspeccionar, mantener y reforzar la infraestructura. Ha de recordarse que, a fines de 1999, miles de personas murieron como consecuencia de inundaciones y aludes en el deslave de Vargas, en buena medida como consecuencia de décadas de incompetencia y negligencia de los gobiernos que propiciaron el asentamiento de comunidades informales marginadas en zonas cercanas a los cauces de los ríos en La Guaira, la misma región que es la más golpeada por los terremotos del 24 de junio. El actual desastre también evidencia que la vulnerabilidad ante eventos catastróficos aumenta como consecuencia de políticas irresponsables acumuladas durante décadas, a lo largo de los sucesivos gobiernos.

En una declaración, el Partido Socialismo y Libertad calificó lo ocurrido como “un desastre natural en medio de una gran catástrofe social”, caracterizando a Venezuela como “un país en precarias condiciones y serias dificultades para enfrentar una catástrofe (…) (sin) agua, con apagones eléctricos crónicos, con un transporte deficiente, sin gas, escasez de gasolina, con millones de trabajadores sanitarios que se fueron del país por los salarios de hambre, y el sistema de salud destruido después de años de desinversión y severas sanciones imperialistas, aplicadas por EEUU, el mismo país que nos bombardeó hace 6 meses y que ahora hipócritamente nos ofrece «ayuda».”

El PSL destacó que un informe de la Encuesta Nacional de Hospitales, arrojó que en 2024 había un déficit de cerca del 60% de la capacidad quirúrgica y que en el 91% de los centros hospitalarios los pacientes deben llevar los insumos médicos para ser operados, constatando un índice de desabastecimiento de insumos de emergencia del 36%.

La organización de oposición de izquierda denunció que el Banco Central de Venezuela subsidió a la banca privada con más de 5,500 millones de dólares en los últimos cinco meses y que recientemente anunció su intención de reestructurar una deuda externa de 240 mil millones de dólares, llamando al gobierno a desistir de este plan y más bien solicitar a los acreedores la anulación de dicha deuda. Ante la débil respuesta oficial a la apremiante necesidad de remover escombros para rescatar a sobrevivientes, plantean que el gobierno “debe exigir a las grandes empresas nacionales y transnacionales que apoyen económicamente y que las empresas privadas de la construcción pongan a disposición del gobierno toda su maquinaria pesada y equipos”. Rechazan la licencia 60 de la OFAC, que solo facilita temporalmente el envío y procesamiento de fondos, exigiendo en cambio el levantamiento de las sanciones que se entregue a Venezuela “todo el dinero obtenido por venta de petróleo y minerales, y que mantiene represado en el departamento del Tesoro, y que esos recursos se destinen a un fondo especial de emergencia para atender la tragedia”.

Exigir cambios es otra forma de solidaridad

Millones de personas en el mundo se han conmovido por la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano. Numerosas organizaciones locales e internacionales están realizando esfuerzos en un contexto muy difícil por colaborar con el rescate de sobrevivientes y la atención a heridos y damnificados. Sin embargo, es indudable que la situación política, en un país bajo tutelaje político, económico y militar estadounidense, con un régimen desprestigiado y autoritario, sin legitimidad popular, presenta desafíos significativos.

En este sentido, es importante que a nivel internacional exijamos al gobierno venezolano eliminar las trabas al derecho a la información, permitiendo el funcionamiento de las redes sociales y desbloqueando cientos de páginas web de medios de comunicación que actualmente solo son pueden leerse utilizando VPN. Esto puede facilitar el acceso a la información y ayudar a amplificar denuncias y pedidos de ayuda.

La cancelación del plan para el pago de la deuda externa y que en su lugar se demande la cancelación de la deuda externa venezolana ante la necesidad apremiante de destinar recursos a la reconstrucción, es otra exigencia política importante que debe dirigirse a los gobiernos de Venezuela y EEUU, así como a los acreedores de la deuda estatal venezolana. Es importante exigirle al gobierno de EEUU la derogación de las sanciones contra Venezuela, en lugar del otorgamiento de licencias temporales que mantienen el régimen sancionatorio de conjunto en pie.

Es importante subrayar que el gobierno estadounidense tiene una responsabilidad especial por el hecho de ejercer un tutelaje semicolonial sobre Venezuela. De igual forma, es condenable la hipocresía del Estado genocida de Israel que mientras impide la entrada de maquinaria pesada a Gaza a remover escombros e incluso ha bombardeado y asesinado a cientos de rescatistas y médicos, pretende lavar su imagen usando el desastre que atraviesa el pueblo venezolano. Nuestra tragedia no debe ser instrumentalizada por los genocidas israelíes o por un dictador como Bukele, que hace ostentación publicitaria de su modesto aporte humanitario como parte del lanzamiento de la campaña por su segunda reelección.

Una dictadura bajo la tutela de un emperador delirante. Una crisis sobre otra, un desastre sobre otro. Y a pesar de todo, la voluntad de sobrevivir. Solo el pueblo salva al pueblo.

Versión ampliada y actualizada del artículo originalmente publicado en Venezuelanvoices.org