Plan Cóndor 2.0: ¿el ave volvió sin uniforme?

La historia no suele regresar copiando sus escenas anteriores. No necesita repetir los mismos discursos, vestir a los mismos actores ni estacionar tanques frente a los palacios presidenciales para recuperar una lógica de poder que alguna vez creímos derrotada. A veces retorna mediante palabras nuevas, instituciones aparentemente legales, cumbres diplomáticas, estados de excepción, sistemas de vigilancia y categorías de seguridad tan amplias que terminan convirtiendo al adversario político en una amenaza contra la nación.

Por eso, preguntar si estamos frente a un “Plan Cóndor 2.0” exige algo más serio que observar varios gobiernos de derecha en un mapa y dibujar líneas entre ellos. Una coincidencia ideológica no constituye una operación represiva. Una conferencia conservadora no equivale a un centro clandestino. Un acuerdo regional de seguridad no es automáticamente una maquinaria de persecución política. Utilizar el nombre del Plan Cóndor para describir cualquier coordinación entre derechas sería históricamente irresponsable y, además, convertiría el terrorismo de Estado en una metáfora vacía.

Sin embargo, también sería ingenuo creer que el autoritarismo solo puede reconocerse cuando adopta las formas exactas del siglo XX. Las estructuras de poder aprenden. Cambian sus instrumentos, ajustan su lenguaje y descubren que controlar una democracia desde dentro puede ser más sostenible que abolirla de manera explícita. El problema contemporáneo no consiste necesariamente en que desaparezcan las elecciones, sino en que sobrevivan mientras se debilitan las condiciones que las vuelven democráticas: la libertad de prensa, la protesta, la independencia judicial, el pluralismo político y el derecho de una oposición a existir sin ser tratada como enemiga.

La pregunta de este artículo no es, entonces, si Javier Milei es Jorge Rafael Videla, si José Antonio Kast es Augusto Pinochet o si una alianza liderada por Estados Unidos constituye automáticamente una reedición del Cóndor. Esa comparación sería intelectualmente pobre. La pregunta correcta es otra: ¿qué condiciones tendrían que reaparecer para que una cooperación regional en materia de seguridad se transforme en una estructura de persecución política?

Responderla obliga a volver al Cóndor original antes de utilizar su nombre para describir el presente.

La Operación Cóndor fue una red coordinada de represión transnacional establecida durante las dictaduras del Cono Sur. En noviembre de 1975, representantes de servicios de seguridad se reunieron en Santiago de Chile por invitación de la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, dirigida por Manuel Contreras. La coordinación involucró principalmente a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, y evolucionó desde el intercambio de inteligencia hasta la localización, captura, traslado clandestino, desaparición y asesinato de opositores fuera de sus respectivos países. Documentos desclasificados estadounidenses describieron expresamente a Cóndor como un acuerdo cooperativo entre servicios de seguridad regionales.

La frontera dejó de proteger al exiliado. Escapar de una dictadura ya no significaba escapar del aparato que lo perseguía, porque los Estados habían decidido prestarse información, agentes, instalaciones y territorios. La persecución política adquirió una movilidad internacional que desdibujó la soberanía cuando se trataba de localizar al enemigo, pero la invocó nuevamente cuando las familias exigieron información, justicia o devolución de los cuerpos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido esta coordinación en casos como Goiburú y otros vs. Paraguay y Gelman vs. Uruguay. En el primero, determinó que la detención, traslado, tortura y desaparición de opositores paraguayos involucraron acciones coordinadas entre fuerzas de distintos Estados dentro de la Operación Cóndor. En el segundo, examinó la detención en Argentina y el traslado clandestino a Uruguay de María Claudia García de Gelman, así como la apropiación de su hija recién nacida. La estructura no fue una interpretación posterior inventada por académicos: quedó establecida mediante documentos, testimonios, archivos y decisiones judiciales internacionales.

Lo que convirtió a Cóndor en algo distinto de una afinidad ideológica fue su materialidad. No eran solamente militares anticomunistas pronunciando discursos parecidos. Eran aparatos estatales coordinando acciones concretas contra personas concretas. Había listas, comunicaciones, interrogatorios, traslados clandestinos, centros de detención y operaciones que atravesaban fronteras. El Cóndor no fue una internacional de opiniones conservadoras. Fue una internacional del terrorismo de Estado.

Esa distinción debe permanecer en el centro de cualquier comparación contemporánea. Si desaparece, todo gobierno de derecha puede ser llamado “Cóndor” y, al mismo tiempo, el verdadero Cóndor deja de significar algo.

El Plan Cóndor estuvo vinculado a dictaduras militares de derecha, nacionalistas y profundamente anticomunistas. Esto no permite afirmar que toda la derecha política conduzca inevitablemente al terrorismo de Estado. La derecha democrática, el conservadurismo institucional, el liberalismo económico y el autoritarismo militar no son conceptos intercambiables. Pero tampoco puede borrarse que las dictaduras construyeron su legitimidad alrededor de una idea central: la defensa de la civilización occidental y cristiana frente a una supuesta amenaza comunista que habría penetrado la sociedad.

El enemigo dejó de ser solamente quien participaba en una organización armada. La categoría se expandió hasta alcanzar a militantes políticos, sindicalistas, estudiantes, docentes, periodistas, artistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos y personas vinculadas familiarmente con quienes eran perseguidos. En nombre de la seguridad nacional, la sospecha sustituyó a la responsabilidad individual. Ya no era necesario probar un delito: bastaba con clasificar una identidad, una relación o una idea como potencialmente subversiva.

Este desplazamiento fue indispensable para el terrorismo de Estado. El Estado no podía torturar, desaparecer y asesinar masivamente mientras reconociera plenamente a sus víctimas como ciudadanos titulares de derechos. Primero tenía que producir otro relato: ya no eran ciudadanos, sino infiltrados; no eran opositores, sino enemigos; no eran personas sometidas a la ley, sino amenazas frente a las cuales la ley podía suspenderse.

La doctrina de seguridad nacional convirtió la política en una guerra sin reglas democráticas. Si el adversario era parte de una conspiración internacional, entonces toda crítica podía ser interpretada como colaboración con esa conspiración. Si la amenaza era permanente, también podían serlo la vigilancia, la excepcionalidad y la represión. Ahí se encuentra una de las herencias más peligrosas del Cóndor: no solamente enseñó a perseguir personas, sino a fabricar categorías suficientemente vagas para justificar esa persecución.

La pregunta contemporánea debe partir de ese punto. No basta con observar si existen militares patrullando las calles. Debemos observar cómo se define al enemigo, quién participa en esa definición y qué derechos empiezan a considerarse prescindibles cuando la etiqueta ya fue colocada.

La relación de Estados Unidos con la Operación Cóndor no debería reducirse a dos caricaturas opuestas. La primera sostiene que Washington diseñó y controló cada movimiento de las dictaduras como si los gobiernos latinoamericanos hubieran sido simples marionetas sin intereses ni autonomía. La segunda presenta a Estados Unidos como un observador distante que desconocía la naturaleza de la represión regional. Ninguna de las dos permite comprender la complejidad de su responsabilidad.

Las dictaduras sudamericanas desarrollaron sus propios proyectos autoritarios, sus conflictos internos y sus aparatos de represión. Sin embargo, lo hicieron dentro de una arquitectura hemisférica de Guerra Fría en la que Estados Unidos promovía el anticomunismo, sostenía relaciones militares y de inteligencia con esos gobiernos y consideraba estratégicamente preferibles a aliados autoritarios antes que a fuerzas políticas percibidas como próximas al socialismo.

Los documentos desclasificados muestran que las agencias estadounidenses conocieron el desarrollo de Cóndor. La CIA recibió información sobre la transformación de la red desde un mecanismo de intercambio de inteligencia hacia una estructura preparada para realizar secuestros y asesinatos internacionales. El Archivo de Seguridad Nacional ha documentado miles de registros que muestran tanto el conocimiento estadounidense de las violaciones como la compleja relación política entre Washington y las dictaduras del Cono Sur.

En 1976, funcionarios del Departamento de Estado prepararon instrucciones para advertir a Chile, Argentina y Uruguay contra la realización de asesinatos políticos internacionales. Henry Kissinger detuvo la ejecución de esas advertencias antes de que fueran plenamente transmitidas. Días después, el exministro chileno Orlando Letelier y Ronni Moffitt fueron asesinados mediante un coche bomba en Washington por agentes vinculados al régimen de Pinochet. Los documentos no permiten afirmar que Kissinger ordenara ese asesinato, pero sí revelan una decisión política de no continuar una advertencia diseñada precisamente para impedir operaciones internacionales de ese tipo.

La pregunta sobre Estados Unidos no es únicamente quién dio cada orden. También es qué hizo la potencia que conocía la naturaleza de sus aliados, poseía capacidad diplomática para presionarlos y, aun así, subordinó repetidamente los derechos humanos a sus prioridades geopolíticas.

Una potencia puede contribuir a una estructura represiva sin dirigir personalmente cada detención. Puede hacerlo formando aliados, legitimando gobiernos, compartiendo información, entregando recursos, reduciendo las consecuencias diplomáticas de los abusos o simplemente decidiendo que detenerlos no es una prioridad. La responsabilidad internacional no desaparece porque el crimen haya sido ejecutado por otra bandera.

A mediados de julio de 2026, Sudamérica atraviesa un giro electoral visible hacia la derecha, aunque no uniforme. Javier Milei gobierna Argentina desde una plataforma libertaria y de ruptura con el Estado intervencionista; José Antonio Kast asumió la presidencia de Chile en marzo de 2026, en el desplazamiento más pronunciado del país hacia la derecha desde el retorno democrático; Daniel Noboa gobierna Ecuador con una agenda empresarial y de mano dura frente al crimen; Santiago Peña encabeza en Paraguay al conservador Partido Colorado; y Rodrigo Paz asumió en Bolivia después de casi veinte años de dominio del Movimiento al Socialismo.

La tendencia continuará con dos transiciones próximas. Keiko Fujimori, dirigente conservadora e hija de Alberto Fujimori, asumirá la presidencia del Perú el 28 de julio de 2026. En Colombia, el derechista Abelardo de la Espriella ganó una elección estrecha y debe asumir el 7 de agosto. Estos resultados no convierten automáticamente al continente entero en un bloque ideológico, pero sí muestran un cambio regional alimentado por la inseguridad, el desgaste de gobiernos progresistas, el rechazo a los partidos tradicionales y la demanda de respuestas contundentes frente a crisis económicas y criminales.

El mapa, sin embargo, no es monocromático. Brasil continúa gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, quien se prepara para competir en las elecciones de octubre de 2026, mientras Gustavo Petro permanece en la presidencia colombiana hasta la transferencia de mando. La coexistencia de gobiernos de izquierda, derecha y regímenes autoritarios que no caben limpiamente en esa división obliga a abandonar la idea de una América del Sur unificada bajo una sola dirección.

Tampoco todos los gobiernos situados a la derecha representan lo mismo. Peña no es Kast, Noboa no es Milei y Paz no es Fujimori. Sus partidos, tradiciones, bases sociales, políticas económicas y relaciones con las instituciones son diferentes. Colocarlos en una categoría única puede ser tan simplificador como negar la existencia de una tendencia regional.

La pregunta por un nuevo Cóndor no puede responderse señalando sus ideologías. Debe examinar cómo utilizan el poder.

El gobierno de Javier Milei ha utilizado una narrativa de emergencia económica para promover una transformación acelerada del Estado argentino. Su administración impulsó un protocolo de seguridad que restringe los bloqueos de vías durante protestas y advirtió que beneficiarios de ayudas estatales podían perderlas si participaban en determinadas acciones. Posteriormente promovió reformas laborales orientadas a reducir costos, modificar condiciones de despido y limitar ciertas facultades sindicales, incluida la capacidad de huelga. Al mismo tiempo, el Congreso ha intentado reducir el uso presidencial de decretos de emergencia, mostrando que la disputa argentina no se desarrolla fuera de la democracia, sino dentro de sus mecanismos de equilibrio.

Nada de esto convierte a Milei en jefe de una operación comparable con Cóndor. En Argentina siguen funcionando elecciones, oposición, organizaciones sindicales, tribunales, Congreso y movilización social. Sin embargo, su gobierno permite observar una tensión contemporánea importante: cómo la emergencia económica puede convertirse en justificación para ampliar la discrecionalidad ejecutiva, reducir intermediaciones institucionales y representar la protesta no como parte de la democracia, sino como obstáculo para la recuperación del país.

En Chile, Kast llegó al poder ofreciendo un “gobierno de emergencia” centrado en seguridad, migración y recuperación económica. Su administración ha fortalecido la agenda policial, endurecido los controles migratorios, iniciado obras de barrera fronteriza y ejecutado vuelos de deportación. Kast también ha estrechado la relación diplomática con el gobierno de Donald Trump, mientras presenta la crisis de seguridad como una amenaza que exige medidas extraordinarias y rápidas.

Chile tiene una razón histórica particular para vigilar la relación entre seguridad y poder. El país que albergó la reunión fundacional de Cóndor también vivió una dictadura cuyo servicio de inteligencia realizó desapariciones, torturas, ejecuciones y operaciones terroristas internacionales. Esa memoria no significa que todo gobierno conservador chileno repita el pinochetismo, pero sí impide tratar la expansión de poderes policiales y militares como si careciera de antecedentes.

Ecuador representa otra variante. Daniel Noboa declaró la existencia de un “conflicto armado interno” contra organizaciones criminales y recurrió de manera extendida a militares, estados de excepción y reformas de seguridad. Human Rights Watch ha documentado denuncias de abusos y cuestionado la base jurídica de esa declaración; además, la Corte Constitucional ecuatoriana ha rechazado en distintas decisiones que el gobierno invoque automáticamente el conflicto armado para justificar determinadas emergencias. Noboa también ha defendido la posibilidad de permitir nuevamente bases militares extranjeras para combatir el crimen organizado.

La violencia criminal ecuatoriana es real y exige respuestas estatales. El problema no está en que un gobierno combata organizaciones armadas, sino en lo que ocurre cuando la guerra se convierte en el marco general para administrar la vida civil. Una categoría diseñada para enfrentar actores violentos puede expandirse, la excepcionalidad puede prolongarse y las fuerzas creadas para neutralizar amenazas pueden adquirir facultades que luego resultan difíciles de devolver.

Estos tres casos no prueban un Cóndor contemporáneo. Sí muestran un vocabulario compartido: emergencia, orden, seguridad, rapidez, enemigos que no respetan reglas y, por tanto, respuestas estatales que reclaman mayor libertad frente a las reglas.

Paraguay y Bolivia también forman parte del giro regional, pero ayudan a recordar por qué la comparación necesita matices. Santiago Peña gobierna Paraguay desde el conservador Partido Colorado, una organización con una extensa historia de poder que incluye la dictadura de Alfredo Stroessner, pero su actual pertenencia partidaria no basta para atribuirle responsabilidad por aquella historia ni para afirmar que su gobierno constituya una continuidad represiva.

Rodrigo Paz llegó a la presidencia boliviana como un dirigente conservador moderado o centrista, prometiendo descentralización, crecimiento privado, preservación parcial de programas sociales y una reapertura de relaciones con Estados Unidos. Su victoria puso fin a casi dos décadas de predominio del MAS, pero no representa por sí misma una ruptura autoritaria.

Estos casos son importantes porque destruyen la fórmula fácil “derecha regional igual a Plan Cóndor”. Una elección conservadora puede expresar alternancia democrática, agotamiento de otro proyecto o preferencias legítimas sobre economía, seguridad y política exterior. El problema no es que los gobiernos se sitúen ideológicamente a la derecha. El problema aparece cuando esa afinidad se convierte en una infraestructura destinada a degradar derechos, eliminar controles o perseguir opositores de manera coordinada.

No es la derecha la que define la existencia de un Cóndor. Es la combinación entre enemigo político, coordinación estatal, persecución transfronteriza, clandestinidad e impunidad.

Keiko Fujimori y Abelardo de la Espriella son presidentes electos, no gobernantes con una trayectoria ejecutiva que pueda evaluarse todavía. Atribuirles preventivamente una operación represiva sería sustituir el análisis por el temor. Sin embargo, sus victorias importan porque incorporan a Perú y Colombia a un corredor político más cercano a Washington y a las agendas regionales de seguridad.

Fujimori llegará al gobierno cargando una memoria especialmente delicada. Su padre encabezó un régimen autoritario que cerró el Congreso, intervino instituciones y desarrolló una estrategia de seguridad marcada por graves violaciones de derechos humanos. Su elección no demuestra que repetirá ese modelo, pero obliga a observar con particular rigor cómo tratará la protesta, la independencia judicial, la memoria del conflicto interno y la relación entre Fuerza Popular y el aparato estatal. Reuters la identifica como una dirigente conservadora cuyo triunfo devuelve al centro del poder una dinastía profundamente divisiva.

De la Espriella ganó en Colombia con un discurso de orden, expansión de las industrias de petróleo y gas, reducción del Estado y endurecimiento de la lucha contra el crimen. Fue respaldado por Donald Trump y asumirá en un país donde la seguridad, el conflicto armado, el narcotráfico y la relación con Estados Unidos tienen una profundidad histórica excepcional. Su presidencia deberá ser evaluada por lo que haga, pero su victoria confirma que la promesa de mano dura vuelve a funcionar como respuesta electoral frente a la frustración social.

La democracia exige vigilar gobiernos sin condenarlos antes de que actúen. Pero también exige recordar que la vigilancia posterior puede llegar demasiado tarde cuando los controles institucionales ya fueron desmontados. El equilibrio no está entre ingenuidad y paranoia, sino entre evidencia, memoria y atención.

La articulación contemporánea de la derecha latinoamericana es pública y verificable. Foro Madrid se define como una alianza internacional de líderes, entidades y partidos orientada a enfrentar el avance de la extrema izquierda en ambos lados del Atlántico. Su Carta de Madrid describe a determinadas fuerzas de izquierda como parte de un proyecto ideológico y criminal apoyado por Cuba, el narcotráfico y organizaciones regionales progresistas.

Encuentros del Foro Madrid y de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, han reunido a figuras como Javier Milei, José Antonio Kast, Santiago Abascal, Eduardo Bolsonaro y dirigentes estadounidenses. Estos espacios permiten compartir discursos, estrategias electorales, marcos de guerra cultural, contactos y legitimidad internacional. La literatura académica ha comenzado a estudiar si funcionan como una verdadera “internacional de derechas” o principalmente como escenarios en los que dirigentes nacionales fortalecen su posición doméstica.

Pero una red ideológica no es un delito. La izquierda latinoamericana también posee espacios transnacionales, como el Foro de São Paulo o el Grupo de Puebla. Los partidos tienen derecho a cooperar, elaborar diagnósticos conjuntos, intercambiar experiencias y construir alianzas. Confundir internacionalismo político con terrorismo de Estado terminaría criminalizando la propia acción democrática.

El punto crítico no es que la derecha se reúna. Es el contenido de ciertos discursos que circulan en esas reuniones. Cuando adversarios muy distintos son colocados bajo una sola etiqueta de comunismo, narcotráfico, terrorismo o amenaza civilizatoria, se reconstruye un lenguaje que América Latina ya conoce: la política deja de ser competencia entre proyectos y empieza a presentarse como defensa existencial frente a un enemigo que no merecería las garantías ordinarias.

Las conferencias actuales no son los centros clandestinos de los setenta. Pero pueden contribuir a producir el clima intelectual que vuelve imaginable la exclusión. Antes de que una democracia persiga, necesita convencer a suficientes personas de que alguien merece ser perseguido.

El 7 de marzo de 2026, Donald Trump reunió en Florida a líderes latinoamericanos para la cumbre “Shield of the Americas”, o Escudo de las Américas. El gobierno estadounidense presentó la iniciativa como una coalición orientada a promover seguridad, libertad y prosperidad, coordinar esfuerzos contra los carteles y fortalecer la cooperación regional. La cumbre incluyó una declaración conjunta y discusiones sobre inteligencia, fuerzas armadas, narcotráfico, migración e influencia de potencias extrarregionales.

La existencia de esta alianza no demuestra una nueva Operación Cóndor. Su objetivo declarado son las organizaciones criminales transnacionales, no los partidos opositores ni los exiliados políticos. Se trata de una iniciativa pública, realizada por gobiernos electos, sometida en grados distintos a sistemas legales nacionales y observada por medios y sociedad civil. Las diferencias con la estructura clandestina de los setenta son enormes.

Pero la comparación se vuelve inevitable por tres razones. La primera es la construcción de una arquitectura regional de seguridad liderada por Washington. La segunda es el énfasis en inteligencia compartida y utilización de capacidades militares contra amenazas que atraviesan fronteras. La tercera es la selección predominantemente ideológica de los participantes: análisis independientes señalaron que la cumbre reunió principalmente a gobiernos de centro y derecha y excluyó a varios de los principales gobiernos progresistas de la región.

Trump declaró que la derrota de los carteles exigiría liberar el poder de los militares y construir una coalición comparable, en su lógica, con las alianzas internacionales contra organizaciones terroristas. Nuevamente, combatir redes criminales no equivale a perseguir disidentes. Sin embargo, colocar al ejército en el centro de una respuesta continental obliga a preguntar quién definirá al enemigo, con qué evidencia, bajo qué jurisdicción y con qué mecanismos de rendición de cuentas.

La memoria del Cóndor no debería llevarnos a rechazar cualquier cooperación internacional. Debería llevarnos a exigir que la cooperación en seguridad tenga límites explícitos: prohibición de utilizar inteligencia contra opositores políticos, supervisión judicial, protección de periodistas y defensores de derechos humanos, transparencia sobre bases de datos compartidas y responsabilidad por operaciones ejecutadas fuera del territorio nacional.

El nombre “Escudo” promete protección. La historia latinoamericana obliga a preguntar siempre a quién protege y de quién.

El riesgo mayor no aparece mientras el objetivo permanece delimitado a organizaciones criminales concretas y a conductas verificables. Aparece cuando las categorías de seguridad empiezan a desplazarse desde los delitos hacia las identidades políticas.

El 16 de julio de 2026, el gobierno de Donald Trump organizó una conferencia internacional dedicada a lo que denominó el resurgimiento del “terrorismo político de extrema izquierda”. Según Reuters, representantes de alrededor de 65 países fueron convocados para discutir una amenaza que la administración considera insuficientemente atendida. Organizaciones de libertades civiles advirtieron que definiciones demasiado vagas podrían terminar afectando protestas, movimientos sociales y disidencia legítima.

Este episodio no prueba que los gobiernos sudamericanos participantes en otras alianzas de Washington hayan aceptado perseguir a sus opositores. Tampoco significa que no exista violencia cometida por grupos de izquierda. La violencia política debe investigarse con independencia de quién la ejerza.

Lo relevante es el movimiento conceptual: una arquitectura inicialmente presentada para combatir carteles empieza a coexistir con un discurso internacional que coloca a la izquierda radical dentro de la agenda antiterrorista. En una región donde “comunista”, “terrorista” y “subversivo” fueron utilizados históricamente para justificar persecuciones mucho más amplias que las conductas armadas, esa expansión no puede tratarse como una simple elección de vocabulario.

La pregunta que define la frontera democrática es sencilla: ¿se perseguirán actos violentos individualizados o se empezarán a perseguir ideas, movimientos y relaciones políticas?

El Estado de derecho sanciona conductas probadas. El autoritarismo clasifica enemigos.

Una posible repetición contemporánea no tendría por qué utilizar exactamente los mecanismos del siglo XX. Las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato transfronterizo siguen siendo riesgos reales, pero las tecnologías actuales ofrecen instrumentos menos visibles y, a veces, políticamente más eficientes.

Los Estados pueden compartir bases de datos migratorios, registros biométricos, perfiles financieros, información de telecomunicaciones y sistemas de vigilancia. Pueden impedir viajes, cancelar visas, congelar activos, negar contratos públicos, multiplicar investigaciones administrativas o utilizar tipos penales ambiguos contra quienes protestan. Pueden coordinar campañas comunicacionales que conviertan a periodistas, organizaciones sociales o defensores de derechos en sospechosos antes de que exista una acusación judicial.

También pueden mantener intacta la fachada electoral. Un gobierno no necesita cerrar el Congreso si logra someterlo, desacreditarlo o gobernar permanentemente mediante decretos. No necesita prohibir toda la prensa si puede concentrar recursos, negar acceso a información, hostigar judicialmente y convertir la crítica en una actividad económicamente inviable. No necesita desaparecer al opositor si puede excluirlo de la vida pública mediante vigilancia, difamación coordinada o procesos interminables.

Pero aquí debemos evitar otro atajo: una investigación judicial contra un político no es automáticamente persecución, una regulación de protesta no es por sí sola dictadura y un sistema de inteligencia no es necesariamente una policía política. La diferencia está en la finalidad, la proporcionalidad, la prueba, el control independiente y el patrón.

El autoritarismo contemporáneo suele crecer en esa zona gris. Cada medida, observada por separado, puede parecer defendible. El problema aparece cuando todas avanzan en una sola dirección: más poder para vigilar, menos controles para decidir y una categoría de enemigo cada vez más amplia.

Hablar responsablemente de un Plan Cóndor 2.0 exige establecer criterios verificables. La metáfora empezaría a convertirse en una descripción real si gobiernos de distintos países compartieran inteligencia no solamente sobre redes criminales, sino sobre opositores, periodistas, sindicatos, defensores de derechos humanos o movimientos sociales por su orientación política.

La alarma sería todavía mayor si esa cooperación facilitara detenciones, expulsiones, entregas clandestinas o procesos coordinados sin garantías judiciales. Si una persona pudiera ser perseguida en otro país por actividades que deberían estar protegidas como expresión, asociación o protesta, reaparecería una de las características esenciales del Cóndor: la destrucción del refugio territorial.

También tendría que observarse el grado de clandestinidad y de impunidad. Los acuerdos públicos, sometidos a parlamentos, tribunales y mecanismos de acceso a la información, no son equivalentes a las operaciones secretas de las dictaduras. Pero un convenio formal tampoco garantiza legitimidad si sus protocolos, bases de datos y decisiones operativas permanecen fuera de todo control.

Finalmente, habría que examinar el papel de Estados Unidos. La cooperación económica o diplomática con Washington no constituye subordinación. Sin embargo, la combinación de asistencia militar, intercambio de inteligencia, definiciones ideológicas de terrorismo y presión política sobre gobiernos latinoamericanos requeriría una vigilancia mucho más intensa. La asimetría importa: la potencia que aporta tecnología, información y recursos posee también una capacidad extraordinaria para definir prioridades y condicionar respuestas.

La comparación con Cóndor no debería utilizarse para acusar sin pruebas. Debería utilizarse para formular preguntas antes de que las pruebas lleguen en forma de archivos desclasificados cincuenta años después.

La memoria puede advertir, pero también puede deformar. Si llamamos “Cóndor” a cualquier gobierno de derecha, a cualquier política de seguridad o a cualquier relación con Estados Unidos, el concepto perderá su capacidad para identificar una verdadera estructura represiva. Además, terminaremos cometiendo el mismo error que criticamos: convertir la diferencia política en culpabilidad anticipada.

Los gobiernos de Milei, Kast, Noboa, Peña y Paz fueron elegidos. Sus sociedades conservan instituciones, oposición, prensa, elecciones y organizaciones civiles, aunque la calidad y fortaleza de esos controles varía. Keiko Fujimori y De la Espriella todavía no han iniciado sus mandatos. Ninguno de esos hechos puede ser borrado para que la comparación resulte más dramática.

La derecha tiene derecho a gobernar cuando gana elecciones limpias. Tiene derecho a organizarse internacionalmente, defender políticas de mercado, endurecer legítimamente la lucha contra delitos y cuestionar proyectos progresistas. La democracia no consiste en aceptar únicamente las victorias de quienes piensan como nosotros.

Lo que la derecha no tiene derecho a hacer, como tampoco lo tiene la izquierda, es transformar una mayoría electoral en permiso para desmantelar los límites del poder. No tiene derecho a convertir al opositor en enemigo interno, a utilizar la seguridad para perseguir ideas ni a confundir el Estado con la facción que temporalmente lo dirige.

La diferencia entre una ola conservadora y un nuevo Cóndor no está en el color del mapa. Está en lo que esos gobiernos decidan hacer con quienes quedaron fuera de la mayoría.

No existe, con la evidencia pública disponible, una Operación Cóndor 2.0 equivalente a la red de secuestro, tortura, desaparición y asesinato coordinada por las dictaduras del Cono Sur. Afirmar lo contrario sería confundir una advertencia histórica con una denuncia probada.

Pero tampoco puede ignorarse que algunas condiciones comienzan a reunirse de una forma inquietante. Sudamérica atraviesa un giro a la derecha; varios de sus nuevos líderes construyen legitimidad alrededor de la emergencia, el orden y la seguridad; las redes conservadoras transnacionales son cada vez más visibles; Washington ha creado una alianza hemisférica de seguridad con gobiernos ideológicamente próximos; y el discurso estadounidense ha comenzado a incorporar el “terrorismo político de extrema izquierda” dentro de una agenda internacional.

Nada de eso constituye por sí solo terrorismo de Estado. Junto, sin embargo, forma un escenario que merece vigilancia.

El Cóndor original no comenzó el día de su crimen más conocido. Antes de los cuerpos desaparecidos hubo discursos, clasificaciones, sistemas de inteligencia, doctrinas de seguridad, relaciones militares y sociedades convencidas de que la amenaza justificaba la excepción. La violencia extrema fue la consecuencia final de una idea que había logrado instalarse mucho antes: que algunas personas eran demasiado peligrosas para conservar sus derechos.

Si un nuevo Cóndor aparece, probablemente no se anunciará como dictadura. Se presentará como cooperación, modernización, lucha contra el crimen, defensa de la libertad o protección de la civilización. No necesitará negar la democracia; le bastará con vaciarla lentamente mientras conserva su nombre.

Por eso la pregunta correcta no es si los presidentes actuales son idénticos a los dictadores del pasado. No lo son. La pregunta es si los controles actuales serán suficientemente fuertes para impedir que la coordinación legítima se convierta en persecución, que la seguridad se convierta en ideología y que el adversario vuelva a ser tratado como enemigo.

Quizá no veamos nuevamente al Cóndor que conocimos. Quizá sus nuevas alas sean digitales, jurídicas, financieras y mediáticas. Quizá no atraviese las fronteras en aviones militares, sino mediante bases de datos, listas de vigilancia, cooperación de inteligencia y categorías de terrorismo lo bastante amplias como para incluir a cualquiera.

La historia no se repite porque olvide cambiarse de ropa. Se repite cuando nosotros solo sabemos reconocer su antiguo uniforme.

(Demore 2 mes en escribir este articulo, considero que es un poco denso pero espero de todo corazón que les sirva esta información y un poco de historia que parece repetirse)

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