IZQUIERDA VS. DERECHA, PARTE II: El "pobre" de derecha y la izquierda de utilería

“Es pobre y vota por la derecha”.

La frase suele pronunciarse con una mezcla de sorpresa, burla y superioridad intelectual. Como si la política fuera una operación matemática sencilla: una persona tiene pocos recursos, la izquierda promete redistribuirlos y, por lo tanto, debería votar por ella. Cuando el resultado no coincide con esa fórmula, se concluye que el votante fue manipulado, no comprendió sus intereses o eligió en contra de sí mismo.

Pero esa explicación contiene una contradicción. Reconoce que la persona tiene derecho a votar libremente y, al mismo tiempo, considera legítima su libertad solo cuando elige la opción que otros ya habían seleccionado para ella.

Del otro lado aparece una afirmación igualmente cómoda: “si eres pobre y votas por la derecha, es porque sabes que con esfuerzo puedes progresar”. En esta versión, la elección se presenta como una demostración de madurez, disciplina y rechazo a la dependencia estatal. El pobre de derecha ya no es tratado como ignorante, sino como futuro empresario, propietario o integrante de una clase social a la que todavía no pertenece.

Ambas miradas utilizan al mismo ciudadano para confirmar sus propias historias. Una izquierda paternalista lo considera víctima incapaz de comprender su situación. Una derecha meritocrática lo convierte en ejemplo de superación antes de haber modificado una sola de las condiciones que dificultan su progreso.

Por eso, la verdadera pregunta no es por qué el pobre “vota mal”. La pregunta es qué le está ofreciendo cada lado, qué le está ocultando y qué precio deberá pagar cuando las promesas electorales se conviertan en políticas públicas.

Porque la pobreza no obliga a votar por la izquierda. Pero tampoco puede utilizarse el sueño de salir de ella para justificar un sistema en el que la dignidad depende de cuánto dinero tenga una persona.

Antes de continuar, quiero dejar algo claro: mis principios se alinean más con la izquierda, especialmente con su defensa de la igualdad, los derechos sociales, la redistribución de oportunidades y la responsabilidad del Estado frente a las desigualdades que el mercado no corrige por sí solo. Considero que una sociedad no puede llamarse justa cuando la salud, la educación, la seguridad o la posibilidad de vivir dignamente dependen exclusivamente de cuánto puede pagar una persona.

Sin embargo, identificarme con esos valores no significa aceptar sin cuestionamientos todo aquello que se haga en nombre de la izquierda. Una ideología no se vuelve moralmente correcta por su etiqueta, ni un gobierno queda libre de responsabilidad porque utilice palabras como pueblo, justicia o revolución. Cuando un proyecto de izquierda concentra poder, justifica abusos, tolera corrupción, castiga la crítica o convierte los derechos sociales en instrumentos de obediencia, también debe ser señalado.

Criticar a la izquierda no significa abandonar mis principios. Significa tomarlos en serio. Si defiendo la igualdad, no puedo justificar nuevas élites partidarias; si defiendo los derechos humanos, no puedo relativizarlos cuando quien los vulnera comparte mi orientación política; y si defiendo un Estado al servicio de la ciudadanía, tampoco puedo aceptar que sea utilizado como propiedad de un gobierno.

La coherencia política no consiste en proteger a “los nuestros” de toda crítica. Consiste en exigirles todavía más, precisamente porque aseguran representar los valores que defendemos. Una izquierda incapaz de revisarse corre el riesgo de convertirse en aquello que alguna vez prometió combatir.

La relación entre la izquierda y los sectores populares posee una explicación histórica. Las corrientes de izquierda se desarrollaron alrededor de la crítica a la concentración de la riqueza, la defensa de los trabajadores, la ampliación de derechos sociales y la intervención del Estado para reducir desigualdades.

Desde esa perspectiva, una persona con menos recursos tendría razones materiales para apoyar políticas que fortalezcan la educación pública, la atención sanitaria, la vivienda, las pensiones y la protección laboral. Quien depende de un hospital estatal vive de manera diferente un recorte presupuestario que quien puede pagar una clínica privada. Quien sobrevive con su salario experimenta una reforma laboral de manera distinta a quien posee capital y puede soportar varios meses sin ingresos.

La clase social importa. Condiciona la calidad de la educación, el acceso a la justicia, el lugar donde se vive, la seguridad, el tiempo disponible y hasta la posibilidad de cometer un error sin que toda la vida se derrumbe.

Pero influir no significa determinar.

Una persona no vota únicamente como trabajadora o consumidora. También vota como madre preocupada por la delincuencia, comerciante informal cansado de la burocracia, creyente que defiende ciertos valores, joven que desea emprender o ciudadano decepcionado por gobiernos que prometieron justicia social y entregaron corrupción.

La pobreza no elimina las demás dimensiones de la identidad. Tampoco produce automáticamente conciencia de clase.

Por eso, decir que una persona pobre “debería” votar por la izquierda puede esconder una forma de clasismo. La presenta como ciudadana cuando acompaña el proyecto esperado, pero como manipulada cuando se aleja de él.

Sin embargo, reconocer su autonomía no significa dejar de examinar críticamente aquello que la derecha le ofrece. El respeto por el votante no exige respetar en silencio todas las políticas que podrían perjudicarlo.

El voto no le pertenece a la izquierda. Pero la pobreza tampoco debería convertirse en materia prima electoral de la derecha.

La meritocracia es convincente porque contiene una parte de verdad. El esfuerzo importa. La disciplina, la perseverancia y las decisiones personales pueden modificar una trayectoria.

El problema comienza cuando esa verdad parcial se convierte en una explicación total.

Dos personas pueden trabajar con la misma intensidad y obtener resultados completamente distintos. Una puede contar con educación de calidad, alimentación estable, vivienda propia, contactos, tiempo para estudiar y una familia capaz de sostenerla cuando fracasa. La otra puede trabajar desde adolescente, cuidar familiares, estudiar durante la noche, trasladarse varias horas y vivir a una enfermedad de perderlo todo.

Las dos se esfuerzan, pero no enfrentan la misma competencia.

La meritocracia de derecha suele presentar el éxito como consecuencia exclusiva del mérito individual. Quien prospera lo hizo porque trabajó. Quien permanece en la pobreza no se esforzó lo suficiente, eligió mal o esperó demasiado del Estado.

El sistema nunca aparece como responsable.

Cuando alguien consigue ascender, su historia se utiliza como prueba de que cualquiera puede hacerlo. Cuando millones no lo consiguen, cada fracaso se interpreta como un problema privado. Así, la desigualdad desaparece como estructura y reaparece convertida en culpa.

Ya no existen trabajadores precarizados, sino personas que no se capacitaron. Ya no existen escuelas abandonadas, sino estudiantes sin disciplina. Ya no existen barreras sociales, sino individuos que buscan excusas.

Esta visión no solo es incompleta. También resulta políticamente útil porque impide preguntar quién controla las oportunidades, quién hereda ventajas y quién puede soportar los riesgos del mercado.

La derecha suele hablar del emprendimiento como si todas las personas ingresaran al mercado con capacidad semejante para negociar. Pero quien posee capital puede rechazar condiciones desfavorables, esperar una mejor oportunidad o asumir pérdidas. Quien necesita comer esa misma noche no negocia en libertad plena. Acepta lo que existe.

La libertad contractual puede estar escrita en una ley y, aun así, ser profundamente desigual en la realidad.

El esfuerzo merece reconocimiento. Pero convertirlo en la única explicación del éxito permite que quienes comenzaron cerca de la meta presenten sus privilegios como talento y que quienes comenzaron varios kilómetros atrás carguen también con la culpa de no haber llegado.

Muchas personas pobres no votan desde el lugar que ocupan, sino desde el lugar al que desean llegar.

El trabajador independiente puede verse como futuro empresario. Quien alquila una habitación puede imaginarse como futuro propietario. El comerciante informal puede rechazar determinados impuestos porque espera que algún día su negocio crezca.

La derecha comprende esa aspiración. Habla de autonomía, propiedad, emprendimiento, progreso y libertad individual. No describe al ciudadano únicamente por sus carencias. Lo presenta como alguien capaz de superar su situación sin depender permanentemente del Estado.

Ese relato puede devolver dignidad y agencia. Pero también puede convertir la esperanza en una herramienta para defender políticas que benefician de manera desproporcionada a quienes ya concentran recursos.

Reducir impuestos a grandes patrimonios no convierte automáticamente al comerciante informal en empresario exitoso. Debilitar la protección laboral no garantiza que un trabajador sea contratado en mejores condiciones. Privatizar servicios no crea libertad de elección para quien no puede pagarlos.

La derecha le habla al pobre como si fuera un rico temporalmente sin dinero. Le pide que defienda los intereses de la posición a la que aspira mientras sobrevive con las condiciones de la posición que realmente ocupa.

La aspiración es legítima. Lo engañoso es presentar toda regulación como enemiga del progreso y toda protección social como señal de dependencia.

Una sociedad no ayuda a las personas a crecer abandonándolas frente a actores mucho más poderosos. La autonomía requiere educación, salud, seguridad, crédito, infraestructura y reglas que impidan que el poder económico destruya la competencia que dice defender.

El mercado puede abrir oportunidades. También puede cerrar silenciosamente todas aquellas que no resulten rentables.

La derecha suele presentarse como defensora de la libertad. Pero no siempre pregunta qué condiciones permiten ejercerla.

Una persona puede tener formalmente derecho a estudiar, pero si no puede pagar una educación adecuada y el sistema público está abandonado, su libertad es casi decorativa. Puede tener derecho a recibir atención médica, pero si el tratamiento depende de su capacidad económica, la enfermedad convierte ese derecho en una factura. Puede tener libertad para rechazar un empleo abusivo, pero si la alternativa es no alimentar a su familia, la decisión está condicionada antes de ser tomada.

Cuando todo se entrega al mercado, los derechos corren el riesgo de transformarse en productos. La salud se vuelve un servicio que se compra. La educación, una inversión individual. La vivienda, un activo financiero. El tiempo, una mercancía. Incluso la seguridad y el acceso a la justicia comienzan a depender del barrio donde se vive y del abogado que se puede pagar.

En ese modelo, la libertad existe, pero está distribuida de manera desigual.

Quien tiene dinero puede elegir. Quien no lo tiene recibe la alternativa disponible y después escucha que ambos fueron igualmente libres.

El mercado es una herramienta útil para organizar intercambios, estimular innovación y producir bienes. Pero no posee una brújula moral propia. No distingue entre lo necesario y lo rentable. No puede decidir por sí mismo qué necesidades deben garantizarse aunque no generen ganancias.

Un hospital rural puede ser económicamente poco rentable y humanamente indispensable. Una escuela en una comunidad aislada puede costar más de lo que produce en términos financieros y, aun así, ser esencial para la igualdad. Proteger a una persona enferma puede resultar caro, pero el costo no determina cuánto merece vivir.

Ahí aparece el límite que cierta derecha económica se resiste a reconocer: no todo lo que cuesta dinero puede evaluarse únicamente en función de cuánto dinero devuelve.

No todo voto de derecha nace de la confianza en el mercado. Muchas veces nace del miedo a la izquierda.

Ese miedo puede tener raíces reales. En América Latina existieron gobiernos que llegaron al poder prometiendo justicia social y terminaron concentrando autoridad, atacando instituciones, tolerando corrupción o persiguiendo opositores. La izquierda debe responder por esas experiencias y no esconderlas detrás de la frase “eso no era verdadera izquierda”.

Pero la derecha también ha convertido ese temor en una industria electoral.

Cualquier impuesto progresivo puede ser llamado comunismo. Cualquier regulación laboral se presenta como ataque al emprendimiento. Una política de salud pública se convierte en estatismo. Una reforma social moderada es comparada con una dictadura antes de ser debatida.

La palabra “izquierda” termina funcionando como alarma. No importa el contenido de la propuesta. Basta con colocarle una etiqueta para evitar discutirla.

Esta estrategia resulta especialmente eficaz porque desplaza la discusión desde los efectos reales de una política hacia una amenaza imaginada. Ya no se debate si una medida mejorará la educación, reducirá la desigualdad o protegerá derechos. Se pregunta cuántos pasos faltan para llegar a Venezuela, Cuba o cualquier otro símbolo utilizado para clausurar la conversación.

El miedo también permite defender decisiones autoritarias desde la derecha. Cuando el adversario es presentado como comunista, terrorista, enemigo de la propiedad o amenaza contra la nación, ciertas restricciones empiezan a parecer aceptables. La represión de la protesta se llama orden. La censura se llama defensa de la verdad. La concentración del poder se justifica como respuesta a la emergencia.

La derecha no puede denunciar el autoritarismo de izquierda mientras justifica el propio cuando promete seguridad, estabilidad o protección de la propiedad.

Los derechos humanos no cambian de naturaleza según la ideología de quien los viola.

La izquierda suele vincularse con la defensa de los trabajadores, las minorías y quienes poseen menos recursos. Esa tradición puede expresar una preocupación legítima por la desigualdad.

Pero pertenecer a la izquierda no convierte automáticamente a una persona en empática.

Existe una izquierda que habla del pueblo con enorme seguridad, pero se desconcierta cuando ese pueblo vota distinto. Entonces, el ciudadano deja de ser un sujeto político y se convierte en ignorante, alienado, manipulado o incapaz de comprender sus propios intereses.

La empatía desaparece en cuanto el otro utiliza su libertad de una forma que no aprobamos.

También existe una izquierda que domina el lenguaje de la desigualdad, pero no comprende la vida cotidiana de quienes afirma representar. Puede explicar la pobreza mediante conceptos sofisticados y, al mismo tiempo, minimizar la inseguridad, la informalidad, el transporte precario o la corrupción que destruye los servicios públicos.

Cuando una madre prioriza que su hijo vuelva vivo a casa, responderle que la seguridad es un discurso de derecha no es conciencia social. Es abandono intelectual.

La izquierda tampoco puede utilizar la empatía como un certificado moral que la libera de demostrar resultados. Una política no es justa porque su intención lo sea. Debe evaluarse por sus efectos, su sostenibilidad y su capacidad para ampliar la autonomía de las personas.

Sentirse del lado correcto no garantiza gobernar correctamente.

La falsa izquierda aparece cuando el discurso de igualdad se utiliza para encubrir prácticas que reproducen aquello que se dice combatir.

Existe cuando se denuncia a las élites mientras se construye una nueva élite partidaria. Cuando se promete participación, pero el poder se concentra en un líder. Cuando se defienden los derechos humanos de los aliados y se justifican los abusos cometidos contra los adversarios.

También aparece cuando los programas sociales dejan de ser derechos y se presentan como regalos personales del gobernante. El ciudadano pasa a ser beneficiario agradecido, no titular de derechos.

Un bono puede aliviar una urgencia, pero no necesariamente modifica las condiciones que la producen. Una política puede redistribuir dinero sin redistribuir poder. Puede disminuir temporalmente una carencia mientras conserva intactas la precariedad, la corrupción, el centralismo y la dependencia.

La izquierda fracasa cuando confunde justicia social con obediencia. Cuando utiliza al pobre como símbolo, pero no le entrega capacidad para controlar al Estado. Cuando se presenta como voz del pueblo y considera traición cualquier voz popular que critique al gobierno.

La igualdad no consiste en reemplazar una élite económica por una élite partidaria.

Una izquierda que exige silencio en nombre de una causa superior puede conservar el vocabulario revolucionario, pero ya abandonó la emancipación.

Aquí aparece el punto que ambas ideologías suelen olvidar cuando se vuelven dogmas.

La derecha puede justificar daños humanos en nombre del crecimiento, la disciplina fiscal, la inversión o la seguridad. La izquierda puede justificarlos en nombre de la igualdad, la revolución, la soberanía o la defensa del proceso político.

En ambos casos, las personas terminan convertidas en instrumentos.

Un trabajador no debería ser sacrificado para que una empresa produzca más. Un paciente no debería quedar sin tratamiento porque su vida resulte demasiado costosa. Pero tampoco puede encarcelarse a un opositor, censurarse a un periodista o perseguirse a un disidente alegando que la causa colectiva es más importante que sus derechos.

Los derechos humanos existen precisamente para establecer límites que ningún proyecto político puede atravesar.

No son una recompensa por pensar correctamente. No dependen del nivel de ingresos, de la productividad, de la nacionalidad ni de la cercanía con el gobierno. Tampoco deben suspenderse porque protegerlos resulte caro, impopular o inconveniente.

La economía es necesaria. Una sociedad necesita producir recursos, financiar servicios, administrar presupuestos y evitar que sus políticas sean insostenibles. Sin una economía funcional, los derechos sociales pueden quedarse en promesas.

Pero reconocer esa necesidad no significa colocar la economía por encima de la persona.

La economía debe estar al servicio de la vida. No la vida al servicio de los indicadores económicos.

Cuando un gobierno pregunta primero cuánto cuesta proteger a una persona y solo después si tiene derecho a ser protegida, el cálculo ya invirtió el orden democrático.

El Estado no es una empresa cuyo éxito se mida únicamente por cuánto ahorra. Tampoco es una organización benéfica que reparte favores entre quienes considera necesitados.

Es una estructura creada para proteger derechos, organizar la convivencia y administrar recursos que pertenecen a la sociedad.

Cuando una persona recibe atención médica pública, no está recibiendo caridad. Cuando accede a educación, justicia, seguridad o infraestructura, no adquiere una deuda personal con el gobernante. Está ejerciendo derechos financiados colectivamente.

El Estado debe trabajar para toda la ciudadanía, incluso para quienes no votaron por el gobierno. Debe proteger al ciudadano que lo apoya, al que lo critica y al que pretende reemplazarlo electoralmente.

Un presidente no es propietario del Estado. Es un administrador temporal.

La derecha tiene razón al señalar que el Estado puede ser corrupto, ineficiente y abusivo. La izquierda tiene razón al advertir que, sin un Estado capaz de garantizar derechos, la salud, la educación y la justicia quedan reservadas para quienes pueden pagarlas.

Pero ninguna de esas observaciones basta por sí sola.

Un Estado enorme no garantiza justicia. Un Estado mínimo tampoco garantiza libertad.

La pregunta no es simplemente cuánto Estado existe, sino para quién funciona, qué derechos garantiza y quién controla su poder.

Un buen Estado no debería hacer todo. Pero debe asegurar que lo esencial no dependa exclusivamente de la riqueza personal.

La conciencia social no consiste en sentir lástima por quienes poseen menos. Tampoco en repetir consignas, compartir publicaciones o asumir que una etiqueta política demuestra superioridad moral.

Consiste en comprender que ninguna vida se construye completamente sola.

El éxito individual depende de carreteras, escuelas, hospitales, leyes, conocimientos e instituciones creadas colectivamente. Incluso quien construye una empresa desde cero necesita un sistema jurídico que proteja sus contratos, trabajadores capacitados, infraestructura y una sociedad capaz de consumir lo que produce.

Reconocer esa interdependencia no elimina el mérito personal. Lo coloca dentro de la realidad.

La verdadera conciencia social admite que las personas deben responder por sus decisiones, pero también que no eligen el lugar donde nacen, la educación inicial que reciben, la violencia de su entorno ni la cantidad de oportunidades disponibles.

Significa reconocer el esfuerzo sin utilizarlo para negar los privilegios. Defender la protección social sin convertirla en clientelismo. Exigir eficiencia al Estado sin aceptar que abandone a quienes más lo necesitan.

También implica comprender que los derechos humanos no son un tema separado de la economía. Una política económica puede ampliar o restringir la posibilidad real de ejercerlos.

No basta con que un derecho exista en la Constitución. Debe poder vivirse.

El equilibrio no consiste en escoger exactamente la mitad de las ideas de izquierda y la mitad de las ideas de derecha. Tampoco en asumir que toda posición intermedia es razonable.

Consiste en establecer primero un límite que ninguna ideología puede negociar: la dignidad humana.

Dentro de ese límite pueden discutirse modelos tributarios, tamaño del Estado, regulación económica, formas de propiedad, políticas laborales y mecanismos de protección social. La democracia existe precisamente para permitir ese conflicto.

Pero algunas cosas no deberían depender del resultado de ese debate.

Una persona no pierde su derecho a la salud porque resulte poco rentable atenderla. No pierde sus libertades porque el gobierno la considere ideológicamente peligrosa. No debe aceptar condiciones laborales degradantes porque el mercado las haya producido. Tampoco puede ser censurada porque una revolución afirme actuar en su nombre.

La economía debe ser sostenible, pero también humana. El Estado debe ser fuerte, pero también controlado. El mercado debe ser libre, pero no libre para convertir la necesidad ajena en una forma de sometimiento.

Ese equilibrio no está exactamente entre izquierda y derecha. Está entre el poder y los límites que protegen a las personas frente a él.

El llamado “pobre de derecha” no es una anomalía que deba ser corregida. Es una persona cuya decisión política puede estar formada por sus aspiraciones, valores, miedos y experiencias concretas.

Respetar su autonomía no significa aceptar que la meritocracia explique toda desigualdad. Tampoco significa ignorar que ciertas políticas de derecha convierten derechos esenciales en productos y presentan la libertad económica como si todos dispusieran del mismo poder para ejercerla.

La izquierda, por su parte, no merece llamarse empática únicamente porque habla de justicia social. Debe demostrarlo respetando libertades, administrando correctamente el Estado, combatiendo la corrupción y reconociendo la autonomía incluso de quienes no votan por ella.

La derecha debe explicar qué clase de libertad ofrece cuando la salud, la educación y la seguridad dependen del dinero. La izquierda debe explicar qué clase de igualdad construye cuando el ciudadano debe obedecer para conservarla.

Ninguna de las dos puede colocar su proyecto por encima de la persona.

La economía importa porque permite sostener una sociedad. Pero su valor nace de aquello que hace posible para los seres humanos, no de los seres humanos que está dispuesta a sacrificar para mejorar sus cifras.

No se trata de elegir entre libertad e igualdad como si fueran enemigas. Se trata de construir una libertad que no dependa de la riqueza y una igualdad que no dependa de la obediencia.

Porque antes que consumidores, trabajadores, contribuyentes, empresarios, militantes o votantes, somos personas.

Y una democracia que olvida ese orden puede producir crecimiento, disciplina o estabilidad, pero no justicia.

Los derechos humanos van primero. La economía viene después, porque una vida puede tener costos, pero jamás debería tener precio.

¿Quieren una parte III?

Todavía falta hablar de quienes aseguran no ser de izquierda ni de derecha, justo antes de repetir las ideas de alguna de las dos.

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