La patria no es una inmobiliaria en liquidación

Imaginemos una tranquera abierta, un abuelo y su nieta mirando el horizonte. La niña pregunta dónde termina el campo. El hombre señala una línea que no se ve. “Allá”, le responde. Ella insiste: “¿Y después de esa línea qué hay?”. El abuelo podría contestar que hay otra parcela, otro dueño, otra escritura. Pero se toma unos segundos y finalmente dice: “Después de esa línea sigue el país”.

Tal vez toda la discusión sobre la extranjerización de la tierra quepa en esa respuesta.

Una escritura establece quién es el dueño de una parcela. Una nación decide, adicionalmente, qué cosas no deberían quedar libradas exclusivamente a la voluntad de los dueños. No porque la propiedad privada carezca de valor, sino precisamente porque hay bienes cuyo valor excede a su precio. El suelo, el agua, la cordillera, la biodiversidad y las fronteras pertenecen a ese orden delicado: pueden tener propietario, pero también tienen historia, función social, importancia estratégica y consecuencias futuras.

La tierra puede venderse. El territorio, en cambio, no debería liquidarse.

Esta semana, el Gobierno debió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que flexibilizaba la compra de tierras rurales por extranjeros. El texto original pretendía eliminar los límites; durante la negociación apareció una alternativa que elevaba del 15 al 25 % el máximo de titularidad extranjera. Finalmente, ante la falta de votos, el capítulo fue quitado. El Senado otorgó media sanción al resto de la iniciativa por 37 votos contra 33, pero la tierra quedó afuera. Por ahora.

Conviene decirlo con serenidad: fue una buena noticia, pero no un final feliz. En política, los capítulos retirados rara vez mueren. Suelen quedarse detrás del telón, esperando que cambien los votos, la atención pública o el precio del silencio. Acaso vuelvan con otro nombre, otro porcentaje o una redacción más amable. En los palacios, las palabras cambian de traje con una facilidad admirable; sus intereses, bastante menos.

La Ley 26.737 continúa vigente. No prohíbe la adquisición de tierras rurales por extranjeros. Establece un límite del 15 % a escala nacional, provincial y municipal; dispone que una misma nacionalidad no pueda concentrar más del 30 % de ese cupo; fija para cada titular un máximo de mil hectáreas en la zona núcleo o su equivalente territorial; y protege zonas ribereñas de cuerpos de agua permanentes y áreas de seguridad fronteriza. La ley incluso formula una distinción conceptual decisiva: comprar tierra rural no equivale, por sí mismo, a realizar una inversión.

Hay aspectos que podrían revisarse, precisarse y modernizarse. Ninguna ley es un tótem. Sin embargo, modernizar una norma no debería significar arrancarle los ojos para que no vea.

Durante décadas, una parte de la Argentina cantó que había que vivir “combatiendo al capital”. La frase condensaba una época, una identidad y también un error. El capital no es un ejército enemigo al que debamos expulsar de nuestras costas. Pero tampoco es un ejército de salvación al que convenga entregarle las llaves de la ciudad.

Entre combatirlo y arrodillarse existe un vasto territorio: el de la inteligencia política.

Yo no quiero combatir al capital. Tampoco quiero regalarle la Argentina.

Quiero buscarlo, convocarlo, seducirlo y utilizarlo con inteligencia nacional. Que venga a producir, no a coleccionar territorio. Que construya fábricas, incorpore tecnología, abra mercados, contrate trabajadores argentinos, desarrolle proveedores, financie innovación y exporte valor agregado. Que gane dinero —porque para eso invierte—, pero que la Argentina gane desarrollo.

La inversión legítima no es caridad. Tampoco debe ser conquista. Es un acuerdo entre intereses diferentes que pueden volverse complementarios cuando un país sabe quién es, qué necesita y qué no está dispuesto a entregar.

El capital se parece al agua. Bien encauzado, riega, fertiliza y multiplica la cosecha. Sin cauce, puede inundar el mismo campo que prometía salvar. El problema no es el agua. El problema aparece cuando un gobierno rompe los diques y luego llama libertad a la inundación.

Y todavía habría una ironía más cruel. En la era de la inteligencia artificial, aquella inundación podría terminar en sequía. Si nos entregáramos acríticamente al tecnofeudalismo de una IA foránea, podríamos ver desembarcar centros de datos, servidores y capitales capaces de consumir cantidades extraordinarias de energía y agua hasta tensionar —o incluso colapsar— nuestras reservas locales. Quedaríamos inundados de máquinas, pero sedientos de agua; inundados de inteligencia alquilada, pero sedientos de soberanía tecnológica. La alternativa no sería combatir la IA ni levantar una muralla digital alrededor de la Argentina. Sería convocar inversión con condiciones, desarrollar inteligentemente nuestra propia IA y aprender a utilizar el fuego del futuro sin incendiar la casa. Porque autodestruirnos en nombre del progreso seguiría siendo autodestrucción; apenas tendría mejores chips.

Desde una perspectiva antagónica, cerrar las compuertas por completo tampoco sirve. El agua estancada se pudre. Un país que rechace inversiones, tecnología y asociación con el mundo terminará convirtiendo la soberanía en un museo de oportunidades perdidas. Digámoslo sin eufemismos: sin capital no hay desarrollo suficiente; sin dirección nacional, el capital puede desarrollar un negocio mientras subdesarrolla al país que lo aloja.

Karl Polanyi fue uno de esos pensadores capaces de divisar el incendio mientras otros todavía discutían el precio de la madera. Nacido en Viena —austríaco por cuna, austrohúngaro por biografía y, paradójicamente, radicalmente ajeno a la Escuela Austríaca de economía— comprendió como pocos que una sociedad no puede ser reducida a una sucursal del mercado. Su grandeza consistió en ver lo que el fanatismo económico todavía se obstina en ocultar: la tierra no es una mercancía común. No fue fabricada para ser vendida. Es naturaleza, alimento, vivienda, agua, memoria y posibilidad de futuro. Llamarla mercancía es una ficción útil para ciertas transacciones; tratarla como si solo fuera mercancía puede convertirse en una tragedia real.

Por su parte, el mercado es una institución extraordinaria. Coordina decisiones, transmite información, estimula innovaciones y despierta energías que ninguna oficina pública sabría inventar. Pero el mercado vive alojado dentro de una comunidad. No puede reemplazarla. Cuando pretende convertirse en la comunidad misma, comienza a devorar las bases sociales, culturales y naturales que lo hacen posible.

Quizás éste sea el punto ciego del ultraliberalismo. Supone que, si todo tuviera precio, todo encontraría su mejor destino. Pero el precio expresa cuánto alguien está dispuesto a pagar; no cuánto una comunidad estaría dispuesta a perder. Una hectárea sobre un acuífero, junto a una frontera, encima de un yacimiento o dentro de un corredor biológico puede tener un precio inmobiliario y, simultáneamente, un valor estratégico inconmensurable.

El mercado pregunta cuánto rinde la tierra. Una nación debe preguntar qué país rinde esa operación.

Isaac Newton nos enseñó que toda acción genera una reacción de igual intensidad y sentido contrario. Una sociedad no es una mesa de billar y las leyes físicas no se trasladan mecánicamente a la política. Sin embargo, la metáfora ilumina.

Jay Forrester nos ayuda a comprender que los sistemas complejos responden a nuestras decisiones mediante circuitos de retroalimentación, demoras y consecuencias inesperadas. En una línea similar, Peter Senge nos invita a mirar la totalidad: cuando no vemos el sistema, solemos empujar con mayor fuerza la misma palanca que está agravando el problema.

Si un gobierno tratara la tierra, el agua o la cordillera como simples activos intercambiables, acaso obtuviera algunos dólares rápidos. Pero también podría generar una reacción social tardía y creciente: nacionalismo defensivo, proteccionismo, conflicto territorial y rechazo a toda inversión extranjera, incluso a la buena. Entonces la desregulación absoluta habría producido su contrario. Quienes quisieran liberar completamente al mercado terminarían fabricando la furia que volvería a encerrarlo.

No habría contradicción. Habría sistema.

Polanyi describió este movimiento con profunda lucidez: cuando el mercado avanza hasta desorganizar la vida social, la sociedad intenta protegerse. A veces lo hace de manera razonable. Otras veces reacciona con xenofobia, autoritarismo o encierro. La inteligencia política consiste en poner límites antes de que el miedo termine construyendo murallas.

Un país humillado primero vende barato; después se arrepiente caro.

Existe, además, una dimensión psicológica que suele esconderse detrás de los argumentos económicos. Jacques Lacan nos invita a pensar la figura del “sujeto supuesto saber”: aquel al que atribuimos un conocimiento que quizás no posea. El ultraliberalismo ha construido algo parecido: el inversor supuesto salvador.

No se le atribuye solamente capital. Se le atribuyen clarividencia, eficiencia, coraje, modernidad y hasta una misteriosa superioridad moral. Si desea comprar, parecería saber por qué. Si exige una ventaja, se supone que debe necesitarla. Si amenaza con irse, cunde el pánico. Bajo esta fantasía, toda condición estatal sería una torpeza y cada límite nacional, una ofensa personal al futuro.

Se trata de una transferencia propia de países inseguros: como no confiamos en nuestra capacidad para diseñar el desarrollo, suponemos que alguien vendrá desde afuera a diseñarlo por nosotros. Esperamos al inversor como otros pueblos esperaban al príncipe. Y ya sabemos que, cuando un país espera salvadores, suele terminar pagando guardaespaldas.

Paul Watzlawick nos enseñaba que muchas veces la solución intentada termina convirtiéndose en el problema. Si para atraer inversiones entregáramos recursos fiscales futuros, capacidad regulatoria, territorio estratégico y toda posibilidad de exigir resultados, quizás obtuviéramos inversión. Pero habríamos perdido buena parte de aquello para lo cual queríamos la inversión.

Éste es el koan inicial del desarrollismo: si para desarrollarnos debiéramos renunciar a la capacidad de decidir nuestro desarrollo, ¿qué sería exactamente lo que estaríamos desarrollando?

La Argentina necesita una política de soberanía hospitalaria: puertas abiertas para el capital productivo y límites firmes para la apropiación territorial. Hospitalidad no es servidumbre. Una casa hospitalaria recibe al visitante, le ofrece un lugar en la mesa y conversa con él; no le entrega las llaves, el dormitorio de los hijos y la escritura.

La vieja marcha proponía combatir al capital. La nueva liturgia libertaria parece inclinada a rendirle pleitesía. El Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI propone otra cosa: ponerlo a trabajar para un proyecto nacional.

No resulta desatinado suponer que una inversión extranjera pueda ser más patriótica, por sus consecuencias, que una inversión nacional especulativa. Si una empresa foránea construyera capacidades, transfiriera tecnología, generara empleo calificado y abriera mercados, estaría contribuyendo al desarrollo argentino. Si un capital nacional comprara tierra para mantenerla improductiva, esperar su valorización y venderla después, su documento de identidad no volvería virtuoso al negocio.

La nacionalidad importa, especialmente cuando se trata de territorio y recursos estratégicos. Pero también importa la función económica. El verdadero clivaje no enfrenta solamente capital nacional contra capital extranjero. Enfrenta capital productivo contra capital extractivo; inversión con arraigo contra acumulación sin compromiso; negocios que ensanchan el futuro contra operaciones que lo hipotecan.

Una política adulta debería conservar límites nacionales, provinciales y locales a la extranjerización, pero reemplazar la brocha gorda por un mapa estratégico vivo. Mil hectáreas pueden significar cosas muy distintas según contengan agua, minerales críticos, biodiversidad, bosques, nodos energéticos, corredores logísticos o zonas de frontera. La soberanía del siglo XXI también se mide en acuíferos, litio, alimentos, energía y datos territoriales.

Adicionalmente, necesitamos un registro público, digital e interoperable que muestre no solo al titular formal, sino al beneficiario final. Si una sociedad argentina perteneciera en realidad a una red de sociedades extranjeras, el Estado debería saberlo. La soberanía que desconoce su propio mapa termina siendo una superstición administrativa.

Deberíamos privilegiar, por otra parte, instrumentos que permitieran producir sin transferir innecesariamente el dominio: arrendamientos extensos, derechos de superficie, concesiones temporales, asociaciones con capital nacional y contratos de producción. Si lo que interesara fuera invertir, debería poder invertirse sin comprar para siempre un fragmento del país. Y si alguien insistiera en que solo invertiría si también se quedara con la tierra, acaso convendría preguntarle qué negocio vino realmente a hacer.

La inversión tendría que asumir compromisos verificables de empleo, proveedores locales, transferencia tecnológica, cuidado ambiental y agregado de valor. Con plazos, metas, auditorías y cláusulas de reversión. La seguridad jurídica debe proteger al inversor frente al capricho del Estado, pero también a la sociedad frente al incumplimiento del inversor. Los contratos serios obligan a ambas partes. Lo demás es obediencia redactada por abogados.

Cuando intervinieran empresas controladas por Estados extranjeros, fondos soberanos o estructuras opacas, la protección debería ser aún mayor. No es xenofobia: es reciprocidad estratégica. Ningún país adulto entrega a otro Estado el control silencioso de sus recursos decisivos y luego llama cosmopolitismo a su distracción.

Finalmente, habría que acompañar a los productores argentinos, las cooperativas, las pymes agroindustriales y los jóvenes que quisieran trabajar la tierra. Porque también sería hipócrita defenderla del comprador extranjero para dejarla concentrada, improductiva o inaccesible para nuestros propios ciudadanos. La soberanía no consiste únicamente en impedir que otros compren; consiste en lograr que los argentinos puedan producir, innovar y arraigarse.

Algunos sostienen que establecer límites espanta las inversiones. No necesariamente. Lo que espanta a la inversión productiva es la arbitrariedad, la inestabilidad, la corrupción, la ausencia de infraestructura, la mala educación, la incertidumbre macroeconómica y un Estado incapaz de cumplir su palabra. Las reglas claras no ahuyentan al capital serio; ahuyentan al cazador de liquidaciones.

En el barrio lo diríamos sin eufemismos: si la limosna es grande, hasta el santo desconfía.

Cuando un país ofrece territorio irrestricto, exenciones desmesuradas, garantías extraordinarias y renuncias regulatorias para lograr que alguien invierta, la pregunta ya no es por qué vendría el inversor. La pregunta es por qué estaríamos tan dispuestos a pagarle para que viniera. Seducir no es desnudarse en la vereda. Es mostrar capacidades, ofrecer oportunidades, negociar con firmeza y construir confianza.

La Argentina no necesita presentarse ante el mundo como una nación desesperada. Quien negocia desde la desesperación confunde cualquier oferta con una salvación y cualquier concesión con realismo. Un país no debe implorar que lo compren. Debe invitar a que lo ayuden a producir, ofreciendo oportunidades extraordinarias y exigiendo responsabilidades equivalentes.

Acaso la madurez consista en eso: estar abiertos sin quedar expuestos; recibir sin entregarnos; necesitar capital sin convertir nuestra necesidad en obediencia. Un país valiente no es aquel que carece de temor. Es aquel que no permite que el temor decida por él.

Arturo Frondizi nos invita a recuperar una gramática política que la Argentina extravió. Convocó capital extranjero no porque creyera que todo capital fuera bueno por definición, sino porque había establecido previamente para qué lo necesitaba: petróleo, acero, energía, industria automotriz, infraestructura. Podrán discutirse sus instrumentos, sus contratos y sus resultados. Lo que no puede negarse es la existencia de una dirección.

No se trata de copiar a Frondizi. El mundo cambió. Hoy el desarrollo incluye biotecnología, inteligencia artificial, minerales críticos, energías limpias, economía del conocimiento y soberanía de datos. Se trata de recuperar su sintaxis: capital externo, objetivo interno; inversión privada, dirección nacional; integración al mundo, transformación productiva argentina.

Quien escribe estas líneas quisiera parecerse menos al administrador que remata lo heredado y más al estadista que prepara lo que todavía no existe. Gobernar no es custodiar un inventario. Es dejar capacidades donde antes había dependencias y futuro donde solo había recursos.

La niña de aquella tranquera imaginaria volverá algún día y preguntará qué hicimos con la línea que señalaba su abuelo. Podremos mostrarle fábricas, laboratorios, cultivos inteligentes, pueblos vivos y empresas argentinas asociadas con el mundo. O tendremos que explicarle que confundimos inversión con venta, precio con valor y apertura con claudicación.

Entre la vieja consigna que pretendía combatir al capital y la nueva liturgia que parece dispuesta a rendirle honores, el Desarrollismo Inteligente elige una tercera música: convocarlo, orientarlo y ponerlo a trabajar para el país.

Porque invertir en la Argentina no es comprar la Argentina.

La tierra puede cambiar de dueño. Pero si también cambia de destino, ¿quién terminó siendo dueño de quién?

Federico González
Candidato a Presidente 2027
Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI — Argentina Siempre

Soberanía hospitalaria. Política que recibe y protege la inversión extranjera productiva sin ceder el control de recursos, territorios y capacidades estratégicas.

Inversor supuesto salvador. Fantasía política que atribuye al inversor extranjero no solo capital, sino también una sabiduría y una virtud que justificarían aceptar sus condiciones sin evaluación crítica.

Inversión con arraigo. Capital que deja capacidades duraderas en el país: empleo, proveedores, tecnología, infraestructura, exportaciones y conocimiento.

Mercado alojado. Principio según el cual el mercado funciona dentro de una comunidad y bajo sus reglas, sin poder sustituirla ni devorar sus bases naturales y sociales.

Inundación seca. Paradoja por la cual una llegada masiva de capital, centros de datos e infraestructura digital extranjera, si careciera de dirección nacional, podría agotar agua, energía y soberanía tecnológica en lugar de multiplicar capacidades propias.

Reacción de soberanía. Respuesta sistémica que surge cuando la mercantilización excesiva de bienes comunes amenaza la identidad, la seguridad o el futuro de una comunidad.

Seguridad territorial. Extensión de la seguridad jurídica al interés colectivo: reglas estables que protegen tanto la inversión legítima como el control nacional de activos estratégicos.