El asesinato reputacional de Morena

La Cuarta Transformación perfeccionó un método para enfrentar a sus críticos: destruir su reputación. Cuando aparece una investigación incómoda, una denuncia de corrupción o una opinión que contradice la propaganda oficial, el aparato político y mediático del gobierno se moviliza contra quien difundió el mensaje.

Funcionarios públicos, gobernadores, dirigentes partidistas, medios afines y propagandistas emprenden campañas de desprestigio contra periodistas, opositores y ciudadanos. Inventan acusaciones, reciclan mentiras y presentan como sospechoso a cualquiera que cuestione al poder. Carlos Loret de Mola, Karla Estrella y muchos otros han enfrentado esa maquinaria. Algunos opositores incluso han padecido persecución judicial y encarcelamiento.

La operación sigue una lógica sencilla: si Morena no puede desmentir las denuncias, intentará desacreditar a quienes las formulan. Si resulta imposible explicar un contrato irregular, una fortuna inexplicable o los vínculos de algún funcionario con personajes cuestionables, entonces conviene convertir al denunciante en el verdadero problema.

De esa forma, la conversación pública deja de girar alrededor de la corrupción y se concentra en la vida, los antecedentes o los supuestos pecados del mensajero.

Pero matar al mensajero no anula el mensaje.

Una investigación sigue siendo válida si sus documentos son auténticos. Un contrato irregular sigue siendo irregular aunque el gobierno deteste a quien lo exhibió. Una denuncia sustentada conserva su importancia aunque los propagandistas oficiales dediquen semanas enteras a insultar a su autor.

Sin embargo, estas campañas también persiguen otro objetivo: intimidar.

Cada ataque funciona como una advertencia para los demás. El mensaje es claro: si cuestionas al gobierno, si investigas a sus funcionarios o si compartes información incómoda, pondrán toda su maquinaria a trabajar en tu contra.

Quieren que periodistas, empresarios y ciudadanos se lo piensen dos veces antes de hablar. Quieren que el miedo haga el trabajo que sus argumentos no pueden hacer.

El problema para Morena es que esta estrategia también produce consecuencias que los gobiernos autoritarios suelen calcular mal.

Cuando el poder intenta destruir la reputación de alguien, también puede eliminar cualquier incentivo para moderarse. Una persona que ya fue difamada, perseguida o señalada públicamente tiene menos razones para guardar silencio y más motivos para responder con mayor determinación.

Si el gobierno decidió atacarme incluso cuando digo la verdad, ¿por qué tendría que dejar de decirla? Si ya inventaron acusaciones, movilizaron propagandistas y buscaron desacreditarme, ¿qué ganaría con retroceder?

La respuesta es evidente: nada.

Por eso muchos periodistas y medios que han enfrentado estas campañas terminaron siendo más firmes, más confrontativos y más visibles. Cada intento de intimidación fortaleció su convicción de seguir investigando. Cada mentira fabricada confirmó que sus denuncias estaban tocando intereses reales.

Hay lugares donde esta situación adquiere una gravedad todavía mayor. En Veracruz, gobernado por Rocío Nahle, el contexto de violencia contra periodistas convierte cualquier campaña de estigmatización en una amenaza que nadie debería minimizar.

Morena ha intentado asesinar la reputación de innumerables críticos. Ha sembrado miedo, rencor y polarización. Ha empleado el poder público para convertir la discrepancia en una falta imperdonable.

Pero también ha creado una generación de voces que entiende perfectamente lo que está en juego.

Frente a un gobierno que pretende decidir quién puede hablar, qué puede investigarse y cuáles opiniones merecen castigo, ceder sería aceptar que la intimidación funciona.

Por eso no podemos dejarnos.

Si quieren callarnos, tendremos que gritar más fuerte.