La violencia que se recicla en el Oriente antioqueño

Foto: Mariana Al.

La violencia que hoy sacude al Oriente antioqueño no es nueva. Es vieja, enquistada, casi parte del paisaje. Antes de que las guerrillas hicieran presencia, ya rondaban por estos territorios los primeros atisbos del paramilitarismo. Su historia en la región se remonta a los primeros años de la década de 1980, cuando los hombres de Ramón Isaza comenzaron a extender su dominio desde el Magdalena Medio hacia estas montañas.

Desde entonces, el paramilitarismo no se ha ido: ha mutado. Cambió de nombre, de rostro y de forma de operar, pero nunca se marchó. Lo que empezó con Los Escopeteros se consolidó con las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM), mutó en el Clan Oriente y hoy se reconfigura bajo las siglas de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a través de los frentes Gener Morales y Pacificadores del Samaná. Son ya cuatro décadas de presencia continua, adaptándose a cada coyuntura, infiltrando economías y poderes locales y estableciendo formas de control sobre la vida cotidiana. Ese poder, nacido con el llamado Clan Isaza, no desapareció tras las desmovilizaciones; simplemente se reacomodó. Hoy, su presencia se hace evidente en la disputa que sostiene con estructuras criminales como El Mesa por el control territorial.

En el libro La grieta, Juan Camilo Gallego Castro retrata la violencia en el Oriente antioqueño desde las fracturas familiares que alimentaron la guerra. A través del caso de los Isaza y los Buitrago, muestra cómo una enemistad local dio origen a dos estructuras armadas con fuerte arraigo social: el Frente Carlos Alirio Buitrago del ELN y las autodefensas de Isaza, luego conocidas como las ACMM. Con el tiempo, el ELN fue expulsado de la subregión, mientras las autodefensas permanecieron y consolidaron su arraigo territorial.

Fuente: elaboración propia con información tomada de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Antioquia – Indicadores de delitos de alto impacto, link: https://seguridadyjusticia.antioquia.gov.co/delitos-de-alto-impacto-ano-consolidado/

Dos operativos recientes evidencian esa continuidad. En 2025, intervenciones de la Fuerza Pública en Puerto Triunfo y en el corregimiento de La Danta (Sonsón), dirigidas contra mandos de estructuras herederas del Clan Oriente —entre ellos Oliverio Isaza, alias “Terror”, hijo de Ramón Isaza—, provocaron asonadas y manifestaciones masivas de rechazo a las autoridades. Más allá de la posible coerción, estos episodios revelan niveles de arraigo y control social que no pueden ignorarse. La franja fronteriza entre el Magdalena Medio y el Oriente antioqueño sigue siendo testimonio de una presencia armada que nunca se desactivó del todo.

Si bien la violencia actual no es nueva, sí incorpora elementos distintos. Por un lado, la expansión de organizaciones criminales del Valle de Aburrá, como El Mesa y otras bandas, que buscan controlar rentas ilegales como el microtráfico y la extorsión. Por otro, la articulación entre el Clan Oriente y las AGC en el marco de un proyecto de expansión nacional. Este reencuentro entre el viejo paramilitarismo del Magdalena Medio y el de Urabá evoca las alianzas que en su momento se tejieron al interior de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y sugiere una peligrosa reactivación de las lógicas que dieron origen al Bloque Magdalena Medio.

Ya no se trata de una confrontación entre guerrillas, paramilitares y Estado. Hoy la disputa enfrenta estructuras criminales de carácter más urbano con grupos armados posdesmovilización. El discurso político-ideológico es difuso, pero las prácticas de control territorial persisten. Aunque no se proclamen proyectos contrainsurgentes explícitos, se configuran órdenes políticos de facto: la soberanía no parece pertenecer exclusivamente al Estado.

Fuente: elaboración propia con información tomada de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Antioquia – Indicadores de delitos de alto impacto, link: https://seguridadyjusticia.antioquia.gov.co/delitos-de-alto-impacto-ano-consolidado/

Lo más inquietante es que esto ocurre en una región estratégica para el desarrollo económico, con una presencia estatal significativa. La persistencia de estas estructuras no puede explicarse solo como delincuencia común: implica condiciones políticas, económicas y sociales que permiten la reproducción de un poder armado paralelo. Lo único cierto es que apenas comenzamos a vislumbrar el verdadero alcance de estas estructuras, gestadas casi dos décadas después de la desmovilización de las ACMM. La grieta nunca se cerró y por ella vuelve a filtrarse la violencia.

La tensa calma se ha roto. Aunque no atravesamos los años más cruentos —como los vividos entre 1997 y 2003—, tampoco habitamos la aparente tranquilidad posterior al desescalamiento. Según fuentes de la Policía Nacional los homicidios pasaron de 116 en 2018 a 213 en 2025, un aumento cercano al 84 % en siete años. Entre 2021 y 2025 se registraron nueve masacres con 33 víctimas, y entre 2020 y 2025 fueron asesinados 20 líderes sociales en la subregión, esto según los registros de Indepaz (Ver gráficas). Son cifras que revelan una violencia persistente que intimida y fractura el tejido comunitario, en una región que ya ha conocido con creces los estragos de la violencia.

Las cifras no anuncian un retorno mecánico al pasado, pero sí evidencian una reconfiguración peligrosa. El Oriente antioqueño ya aprendió —a un costo devastador— que ignorar las señales tempranas conduce a escenarios irreversibles. Hoy no asistimos a la repetición de los años más oscuros, sino al reciclaje de viejas lógicas de control bajo nuevas máscaras.

Fuente: elaboración propia con información del Observatorio de DDHH y Conflictividades del Instituto de Estudios Políticos para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ)

Tu aporte permite que existamos en favor de la soberanía narrativa. Súmate a la VAKI: https://vaki.co/vaki/somos-enfoque-de-oriente