El laboratorio y el búnker: las dos Argentinas de Peter Thiel

El torneo mensual del club de ajedrez de Almagro suele reunir a su elenco habitual: un contador, algunos estudiantes universitarios, niños que recién aprenden aperturas. En abril de 2026 apareció un participante inesperado. Tenía 58 años, jugó con perfil bajo, terminó tercero y, según uno de los asistentes, “no jugó mal”. Se llamaba Peter Andreas Thiel.

Durante los dos meses anteriores había comprado una mansión de doce millones de dólares en Barrio Parque, inscrito a sus hijos en una escuela local, recorrido Bariloche, asistido al superclásico River-Boca desde uno de los palcos más exclusivos del Monumental y organizado en su nueva residencia una cena para economistas, empresarios y figuras del ecosistema tecnológico argentino. En algún momento de la noche, según trascendió después, la conversación derivó hacia un tema que parece obsesionarlo desde hace años: el Anticristo.

Algunos invitados no supieron qué pensar. Otros tomaron nota.

Lo que está claro es que Thiel no vino de paso. Compró una casa, trasladó a su familia y comenzó a construir una vida en Buenos Aires. La pregunta es por qué.

La explicación más inmediata apunta a Javier Milei. Existe una afinidad ideológica evidente entre ambos. Los dos se presentan como críticos del Estado moderno, celebran el mercado como mecanismo de organización social y consideran que muchas instituciones contemporáneas han agotado su legitimidad. Sin embargo, esa explicación es insuficiente. Argentina no es el primer país al que Thiel se acerca buscando algo más que oportunidades de negocio. Es el último capítulo de una trayectoria que lleva más de quince años desarrollándose.

En ese periodo, Thiel ha acumulado algo inusual incluso para los estándares de Silicon Valley. Obtuvo ciudadanía neozelandesa. Solicitó ciudadanía maltesa. Invirtió en proyectos de autonomía territorial. Financió pensadores que imaginan formas de organización política posteriores al Estado nacional. Compró propiedades en regiones remotas. Construyó relaciones con gobiernos ideológicamente afines. Vista en conjunto, esa secuencia sugiere una pregunta más amplia que cualquier especulación sobre una reunión privada en la Casa Rosada (que de hecho ocurrió, y volveremos a ello más adelante).

La pregunta central es: ¿Qué ocurre cuando algunas de las personas más poderosas del planeta comienzan a actuar como si la soberanía fuera un activo que también puede diversificarse?

Para entender por qué Peter Thiel decidió mudarse a Argentina hay que entender primero quién es, qué representa Palantir, qué relación mantiene hoy con el proyecto político que él mismo financió, y cómo una parte de la élite tecnológica global empezó a construir alternativas de respaldo frente a un orden político que percibe cada vez más frágil.

Peter Andreas Thiel nació en Frankfurt en 1967 y emigró a Estados Unidos al año siguiente. Su infancia transcurrió entre distintos países y sistemas políticos. Durante varios años vivió en Swakopmund, una ciudad costera de Namibia —entonces administrada ilegalmente por el régimen sudafricano del apartheid— donde asistió a una escuela en alemán mientras su padre trabajaba en una mina de uranio cercana.

Swakopmund era notoria en esa época por su continua glorificación del nazismo, incluyendo la celebración abierta del cumpleaños de Hitler. Thiel describió esa escolarización como una experiencia que le inculcó un rechazo profundo a la autoridad y lo orientó hacia el libertarismo. Que ese rechazo se haya formado en una comunidad racialmente segregada, funcionando con reglas propias al margen de cualquier requerimiento democrático, es una coincidencia que el propio Thiel nunca ha comentado.

En la Universidad de Stanford estudió Filosofía y luego Derecho. Allí fundó The Stanford Review, una publicación conservadora que combatía lo que consideraba los excesos del multiculturalismo y la corrección política, y coescribió The Diversity Myth, un libro que atacaba el multiculturalismo en la academia. También comenzó a construir la red de relaciones que décadas más tarde se conocería como la PayPal Mafia: un grupo de emprendedores que transformaría Silicon Valley y cuya influencia alcanzaría la tecnología, las finanzas, los medios y la política estadounidense. Entre sus miembros estaba Elon Musk.

PayPal fue el primer gran experimento para llevar sus ideas a la práctica.

Cuando Thiel y sus socios lanzaron la empresa a fines de los años noventa, la ambición declarada era más radical que facilitar pagos por internet: era crear una moneda digital privada que permitiera a cualquier persona mover dinero a través de fronteras sin intervención gubernamental, eludiendo los controles de capital y las políticas monetarias nacionales. Thiel habló de “liberar a los individuos del sistema monetario de sus gobiernos” y de construir lo que llamó “la nueva moneda mundial”.

PayPal nunca llegó a ser eso —eBay la adquirió en 2002, antes de que el proyecto madurara— pero la pregunta que la inspiró no desapareció. Muchos de los proyectos posteriores de Thiel pueden entenderse como variaciones sobre lo mismo: cómo construir sistemas capaces de funcionar con menor dependencia de instituciones heredadas.

La segunda respuesta fue Palantir.

Fundada en 2003 junto a Alex Karp, con financiación inicial de In-Q-Tel —el brazo de inversión estratégica de la CIA—, la empresa se convirtió en una de las contratistas tecnológicas más importantes del aparato de seguridad estadounidense. Su nombre proviene de las piedras videntes de El Señor de los Anillos, capaces de observar acontecimientos distantes a través del espacio y el tiempo. En la ficción, también corrompen a quien las usa.

En 2004, con medio millón de dólares, Thiel se convirtió en el primer inversor externo de Facebook, comprando el 10,2% de la empresa, en lo que se convertiría en uno de los retornos de inversión más extraordinarios de la historia de Silicon Valley. Al año siguiente fundó Founders Fund, que financiaría SpaceX, Lyft, Airbnb y Stripe, entre otras.

En 2009, en un ensayo para el Cato Institute, escribió la frase que definiría su trayectoria política para las décadas siguientes: “Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles”. Añadió que la expansión del Estado de bienestar y la extensión del sufragio a las mujeres habían convertido la noción de “democracia capitalista” en un oxímoron. No era la provocación casual de un empresario sin filtros. Era una declaración de principios de alguien que había comenzado a construir una arquitectura política para actuar en consecuencia.

Aquí aparece una de las grandes paradojas de su trayectoria.

Thiel suele presentarse como un crítico de la democracia liberal y de muchas de las instituciones contemporáneas. Sin embargo, buena parte de su fortuna depende precisamente de estructuras estatales. La CIA financió los primeros pasos de Palantir. El Pentágono es uno de sus principales clientes. Sus empresas reciben contratos públicos multimillonarios. Más que un enemigo del Estado, Thiel parece interesado en algo distinto: su reconfiguración. No su destrucción, sino su vaciamiento democrático. El modelo que emerge de sus inversiones, sus alianzas y sus declaraciones apunta siempre en la misma dirección: transferir las funciones soberanas del Estado —la producción de inteligencia, el control del territorio, la definición de las reglas— hacia estructuras privadas que operen con lógica corporativa, sin rendir cuentas al sufragio. El Estado no desaparece en ese esquema. Se convierte en cliente.

Esa ambición se volvió más legible cuando se conoció su relación con Curtis Yarvin —alias “Mencius Moldbug”—, el filósofo del llamado Dark Enlightenment o neorreaccionarismo. El movimiento propone reemplazar las democracias por corporaciones gestionadas como empresas, con un CEO-soberano que tome decisiones sin la fricción del sufragio. Yarvin declaró públicamente haber “entrenado” a Thiel y que este está “plenamente iluminado”. Fue invitado de honor al “Coronation Ball” de Trump en enero de 2025.

La inversión política más estratégica de Thiel fue J.D. Vance, a quien conoció en la Facultad de Derecho de Yale, empleó en una de sus firmas, presentó a Trump y financió con quince millones de dólares para su exitosa campaña al Senado por Ohio en 2022. Vance es hoy el Vicepresidente de Estados Unidos. Elon Musk, su ex socio de PayPal, dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) con una agenda que varios analistas han identificado como directamente inspirada en las propuestas de Yarvin sobre gestión tecnocrática del Estado.

En 2011 obtuvo ciudadanía neozelandesa habiendo pasado solo doce días en el país. Compró 477 acres de tierra junto a un lago y presentó planos para un complejo con capacidad para 24 personas: generadores propios, reservas de agua, sistemas de seguridad perimetral. No era una casa de campo. Era un búnker. La elección del Hemisferio Sur tampoco era arbitraria: estudios de modelización nuclear sugieren que los efectos de un invierno nuclear serían significativamente menores allí que en el Norte, por el efecto termorregulador de los océanos y la distancia de los principales centros de conflicto.

En 2022 inició trámites para obtener ciudadanía maltesa. Paralelamente, respaldó proyectos que exploraban nuevas formas de autonomía territorial y gobernanza privada.

Tomadas por separado, esas decisiones pueden parecer excentricidades de multimillonario. Observadas en secuencia, empiezan a parecer otra cosa.

Si Nueva Zelanda o Malta permiten observar el interés de Peter Thiel por nuevas formas de soberanía personal, Palantir permite entender cómo concibe el poder colectivo.

La función de Palantir no es recolectar información. La mayor parte de esos datos ya existe dentro de los Estados con los que trabaja. Lo que hace es algo distinto: integrar sistemas que normalmente permanecen separados y convertirlos en una herramienta operativa.

En una investigación convencional, los registros migratorios, los movimientos bancarios, las cámaras de vigilancia, los historiales telefónicos, las matrículas vehiculares, los antecedentes judiciales y las imágenes satelitales suelen estar distribuidos entre múltiples organismos. Cruzar esa información requiere semanas de trabajo, solicitudes formales y coordinación entre departamentos.

Las plataformas de Palantir fueron diseñadas para eliminar esa fragmentación.

Un analista puede introducir un nombre, un número telefónico o una dirección y observar cómo se despliega una red de relaciones que conecta personas, cuentas bancarias, vehículos, movimientos geográficos, comunicaciones y registros institucionales, obteniendo perfiles tan granulares como para listar los tatuajes de una persona. Lo que antes requería semanas de trabajo humano puede reconstruirse ahora en minutos.

Ese cambio tiene consecuencias profundas. La distinción entre vigilancia y predicción —observar lo que alguien hizo versus anticipar lo que hará— se vuelve operativa: Palantir no solo registra, asigna probabilidades de comportamiento futuro y entrega esa clasificación a quienes toman decisiones. En el ámbito policial, puede identificar redes criminales. En inteligencia, facilita el seguimiento de individuos y organizaciones. En logística militar, ayuda a coordinar operaciones en tiempo real. En contextos de guerra, puede utilizarse para identificar objetivos potenciales y acelerar procesos de decisión.

La ofensiva israelí en Gaza mostró con especial claridad el alcance de estas tecnologías. Tras los ataques del 7 de octubre de 2023, Palantir anunció públicamente una alianza estratégica con el Ministerio de Defensa de Israel. Diversas investigaciones periodísticas documentaron el creciente uso de sistemas de análisis algorítmico en la selección de objetivos militares durante la campaña posterior. Alex Karp, su CEO, había admitido sin eufemismos en 2020: “Nuestro producto se usa, en ocasiones, para matar personas”.

Sus clientes incluyen la CIA, el FBI, la NSA, el ICE (que la usa para deportaciones masivas de migrantes), el Pentágono y agencias de inteligencia del Reino Unido, Ucrania, Francia, Alemania, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En 2026, Palantir vale 320.000 millones de dólares en bolsa —más que Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman juntos— y creció 500% en un año. Karp cobró 6.800 millones de dólares en compensación personal en 2024, convirtiéndose en el CEO mejor pagado de una empresa pública en el mundo ese año.

En abril de 2026, semanas antes de que Thiel se instalara en Buenos Aires, Palantir publicó en X un manifiesto de 22 puntos resumiendo el libro de Karp, The Technological Republic. Propone la implantación de un servicio militar obligatorio universal, el armamento impulsado por inteligencia artificial, el “deber moral” de las empresas tecnológicas de participar en proyectos nacionales de defensa, el fin de “la era de consensos y poder blando” y la superioridad de unas culturas sobre otras. Varios analistas lo describieron como un documento de “tecnofascismo” explícito: entre ellos Dave Karpf, profesor de medios y política digital en la George Washington University, quien escribió que “el tecnofascismo rampante de todo esto es probablemente el punto”.

El interés del documento reside menos en sus ideas —muchas tienen antecedentes conocidos— que en los actores que las promueven. Que capacidades históricamente asociadas al núcleo de la soberanía estatal —la producción de inteligencia, el análisis de poblaciones, la identificación de amenazas— dependan cada vez más de infraestructuras desarrolladas por empresas privadas es el desplazamiento fundamental que Palantir encarna.

Hay una paradoja en el centro de esta historia que ninguna explicación sencilla resuelve.

Desde la inauguración de Trump en enero de 2025, Palantir firmó contratos con más de una docena de agencias federales: Salud, Defensa, Hacienda, Estado, Justicia, Agricultura, Transporte, NASA y otros. El ICE utilizó sus sistemas para las deportaciones masivas. Total acumulado: más de 1.300 millones de dólares en dieciséis meses. El patrimonio de Thiel crece al ritmo del presupuesto del Pentágono. Su protegido es el Vicepresidente. Materialmente, nunca tuvo más poder en Washington.

Y sin embargo, se fue.

La paradoja se entiende mejor cuando se reconstruye la trayectoria de su relación con Trump. En 2016 fue su primer gran financista de Silicon Valley. Pero en 2020 no donó a la campaña de reelección. En 2022 distribuyó 35 millones de dólares entre dieciséis candidatos republicanos, apostando a construir una red independiente del trumpismo. En noviembre de 2023, en un perfil que le dedicó Barton Gellman en The Atlantic, fue explícito: ‘Votar por Trump fue como un grito de auxilio poco articulado. Hay muchas cosas en las que me equivoqué. Fue más loco de lo que pensé. Fue más peligroso de lo que pensé. No pudieron hacer funcionar ni las piezas más básicas del gobierno’. Thiel era consciente del costo de hablar: le dijo a Gellman que esa conversación lo dejaría ‘fuera del ciclo para 2024’.

La trayectoria sugiere que Thiel siempre trató a Trump como un instrumento político más que como un fin en sí mismo. Lo usó para instalar a Vance, para obtener contratos para Palantir, para desestabilizar el consenso liberal. Pero desde 2009 su diagnóstico es que la democracia colapsa inevitablemente bajo el peso de sus propias contradicciones. Trump no es la solución: es un síntoma. Es probable que el colapso del proyecto —el caos burocrático, la guerra de culturas que distrae de la revolución tecnológica— sea entendida por Thiel como una confirmación de sus temores.

A eso se suma el debilitamiento de su inversión política más cara. Vance, cuyas probabilidades para 2028 cayeron del 31% al 18% en los mercados de predicción, fue progresivamente marginado de las grandes decisiones de política exterior bajo la administración Trump, golpeado por su perfil aislacionista y el ascenso inesperado de Marco Rubio. El contexto económico tampoco ayuda: los aranceles del "Día de la Liberación" del 2 de abril de 2025 borraron aproximadamente 6,6 billones de dólares de capitalización bursátil en Wall Street en apenas dos días, llevando el riesgo percibido de default de Estados Unidos al nivel más alto entre los países del G7 desde 2008.

Que los negocios de Thiel prosperen bajo Trump no significa que confíe en la permanencia del sistema que sostiene esos negocios. Se puede ser el mayor beneficiario de un régimen y, al mismo tiempo, apostar privadamente a que ese régimen va a colapsar. De hecho, esa es exactamente la racionalidad del “país de respaldo”: uno no reserva una salida para escenarios que considera imposibles. Y Thiel lleva quince años construyendo búnkers: geográficos, jurídicos, financieros. Nueva Zelanda para el colapso nuclear. Malta para la movilidad europea. Argentina para algo que todavía no tiene nombre, pero que bien podría combinar el experimento y la escapatoria en un solo movimiento.

Sam Altman, CEO de OpenAI, reconoció en The New Yorker haber acordado con Thiel volar a su refugio neozelandés en caso de colapso civilizatorio. Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn, estimó que más del 50% de los billonarios de Silicon Valley tiene alguna forma de seguro apocalíptico. La preparación de Thiel puede parecer excéntrica, pero es en realidad la norma del club. Y en ese club, el diagrama de Venn entre quienes trabajan en seguridad de la IA y quienes invierten en búnkeres y ciudadanías alternativas es prácticamente un círculo. Están construyendo una tecnología que algunos consideran capaz de alterar la civilización humana y, simultáneamente, preparando salidas del mundo que esa tecnología podría poner en crisis.

La llegada de Peter Thiel a Buenos Aires coincidió con una serie de transformaciones institucionales que sitúan a Argentina en el centro de algunos de los debates más importantes sobre soberanía en la era digital.

Durante los últimos meses, el gobierno de Javier Milei impulsó reformas en ámbitos aparentemente distintos: inteligencia estatal, circulación internacional de datos, inversión extranjera y propiedad de la tierra. Aunque suelen discutirse por separado, todos giran alrededor de una misma pregunta: quién controla la información, el territorio y las infraestructuras que organizan la vida colectiva.

La primera transformación ocurrió en el sistema de inteligencia. El 2 de enero de 2025, el gobierno creó la Comunidad Informativa Nacional, una arquitectura destinada a concentrar en un solo sistema información proveniente de organismos que históricamente funcionaban de manera relativamente autónoma: el RENAPER, migraciones, aduanas, cancillería, los ministerios de Justicia y Seguridad, la regulación nuclear y la CONAE. Especialistas en privacidad digital señalaron de inmediato que ese decreto preconfiguró exactamente la arquitectura que una empresa como Palantir necesita para operar en el país.

La segunda transformación involucró los flujos internacionales de datos. En noviembre de 2025, Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo que reconoce a este último como “jurisdicción adecuada” para transferencias de datos personales de argentinos. En términos prácticos, eso significa que los datos de los ciudadanos —registros médicos, movimientos financieros, historial de comunicaciones— pueden fluir libremente hacia servidores en territorio estadounidense sin necesidad de contratos especiales, consentimientos adicionales ni salvaguardas técnicas, y sin que el gobierno argentino pueda controlar qué ocurre con ellos una vez allí. Las leyes de privacidad estadounidenses son significativamente más débiles que las europeas: la Unión Europea negó ese mismo estatus a Estados Unidos durante años por exactamente esa razón, y cuando finalmente lo otorgó en 2023 fue tras una década de negociaciones y con condiciones estrictas que Argentina no exigió. El gobierno presentó el acuerdo como un esfuerzo de modernización. Sus críticos señalaron que se firmó sin debate público.

La tercera transformación reabrió un debate histórico sobre la tierra. Desde el comienzo de su mandato, Milei intentó flexibilizar las restricciones que limitan la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, actualmente fijadas en un máximo del 15% del territorio nacional. El DNU 70 que intentaba derogar esa ley fue bloqueado por la justicia en 2024. A comienzos de 2026 el gobierno retomó el intento por vía legislativa, con un proyecto que al momento de este artículo sigue en debate parlamentario. Según trascendió, Thiel evalúa la compra de campos en la Patagonia.

La convergencia se hizo visible en abril de 2026. Durante su tercera visita a Argentina, Thiel fue recibido por Javier Milei en la Casa Rosada en una reunión de la que el gobierno difundió solo una fotografía, sin informar los temas tratados. Fue la primera vez en la historia democrática argentina que la sala de prensa de Casa Rosada fue cerrada para todos los medios acreditados; varios periodistas señalaron que ni durante la última dictadura había ocurrido algo equivalente. En los días previos, la custodia privada de Thiel le exigió a un periodista que borrara imágenes tomadas frente a su residencia de Barrio Parque, en un espacio público donde esa exigencia no tenía respaldo legal. Antes de reunirse con el presidente, Thiel había mantenido conversaciones con Santiago Caputo, el asesor con mayor influencia sobre las áreas de estrategia e inteligencia. Tomados por separado, cada uno de esos detalles puede tener una explicación inocua. En conjunto, configuran la visita más opaca que un inversor extranjero haya tenido en la Casa Rosada en años recientes.

Las reacciones dentro de Argentina revelaron tres lecturas en tensión. El vocero presidencial Manuel Adorni declaró de manera celebratoria: “Todos los billonarios del mundo que quieran huir de países cada vez más regulados son bienvenidos en la República Argentina, la nueva tierra de la libertad”. La diputada Elisa Carrió fue al punto opuesto: “Lo que Peter Thiel está haciendo es terrible. Tienen que buscar qué es Palantir. Va contra la República, la democracia y las libertades”. La lectura más analítica provino de Fernando Schapachnik, investigador del CONICET, quien conectó la presencia de Thiel con su interés en The Network State —el libro de Balaji Srinivasan que propone reemplazar los estados nacionales por comunidades nacidas online que adquieren territorio físico y buscan soberanía propia— y señaló la coincidencia temporal entre su llegada y el nuevo intento de derogar la ley de tierras.

Por ahora no existe un acuerdo oficial entre Palantir y el gobierno de Milei, y puede que nunca lo haya. Pero la importancia de esta convergencia no depende necesariamente de demostrar una coordinación directa. Lo que sí existe es una arquitectura institucional —el decreto de inteligencia, el acuerdo de datos, la flexibilización de la ley de tierras— que coincide punto por punto con las condiciones que una empresa como Palantir necesita para operar. Que esa arquitectura haya tomado forma antes de la llegada de Thiel, y no después, es el dato que más cuesta atribuir a la casualidad.

La experiencia más reveladora para entender el universo político de Peter Thiel no ocurrió en Estados Unidos ni en Argentina, sino en Honduras.

En 2013, bajo el gobierno de Juan Orlando Hernández —quien años después sería condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico, y luego indultado por Trump en diciembre de 2025— Honduras aprobó las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios dotados de amplios márgenes de autonomía administrativa, regulatoria y fiscal. Sus promotores sostenían que permitirían atraer inversiones y experimentar con nuevas formas de gobernanza. Sus detractores denunciaban una cesión inaceptable de soberanía nacional.

La iniciativa más ambiciosa surgida de ese marco legal fue Próspera, un proyecto establecido en la isla de Roatán con apoyo de inversores vinculados a Silicon Valley, entre ellos Peter Thiel, Marc Andreessen y Sam Altman. El proyecto disponía de estructuras de gobierno propias, amplias facultades regulatorias y mecanismos jurídicos diferenciados. Su consejo directivo estaba compuesto por nueve miembros, pero como las decisiones requerían mayoría de dos tercios, los cuatro designados por la empresa propietaria tenían poder de veto sobre todas las decisiones. Era, en la práctica, un Estado privado dentro de un Estado nacional.

Sus impulsores imaginaban un entorno donde las reglas institucionales pudieran diseñarse, modificarse y competir por atraer residentes e inversiones de forma similar a como las empresas compiten por clientes. El concepto llevaba más de una década cocinándose: distintas corrientes del pensamiento tecnológico estadounidense habían explorado la posibilidad de crear nuevas formas de organización política fuera de los marcos tradicionales del Estado-nación. Balaji Srinivasan desarrolló la idea del Network State. Patri Friedman promovió el seasteading: la construcción de plataformas habitables en aguas internacionales, fuera de toda jurisdicción, donde fundar comunidades con leyes propias.

Próspera fue el intento más avanzado de trasladar esas ideas al mundo real, pero no el único. Praxis Society —financiada por Thiel, los gemelos Winklevoss y otros inversores de Silicon Valley— recaudó 525 millones de dólares para construir una ciudad autónoma en el Mediterráneo y declaraba a comienzos de 2026 tener más de 150.000 “ciudadanos” de 80 países. El patrón que une estos proyectos es claro: todos buscan territorios con instituciones débiles, gobiernos receptivos o disputas de soberanía abiertas —grietas donde instalar jurisdicciones nuevas. Que el fundador de Praxis también explorara Groenlandia como ubicación alternativa, el mismo año en que Trump propuso públicamente su adquisición, sugiere que ese mapa lo están leyendo varios actores a la vez.

Todos estos casos plantean una pregunta que atraviesa buena parte del pensamiento de Silicon Valley: si las personas pueden elegir entre productos, empresas o plataformas digitales, ¿por qué no podrían elegir también entre distintos sistemas regulatorios y jurisdicciones?

La respuesta nunca llegó a consolidarse. O tal vez sí, pero no de la manera que sus promotores esperaban: lo que ocurrió en Roatán resultó ser la demostración más clara de los límites —y también del poder— de ese modelo.

En 2022, la presidenta Xiomara Castro impulsó la derogación de las ZEDE argumentando que eran incompatibles con la soberanía nacional. Los promotores de Próspera respondieron iniciando una demanda internacional por aproximadamente 10.700 millones de dólares —una cifra equivalente a dos tercios del presupuesto anual hondureño. The Atlantic describió el caso como “neocolonial”. Elizabeth Warren y 33 congresistas demócratas firmaron una carta denunciando el proceso. Honduras terminó retirándose del CIADI en agosto de 2024 como consecuencia directa de la disputa, que sigue en curso.

Este conflicto es clave porque transformó un experimento teórico en una disputa concreta sobre los límites de la autoridad estatal. Cuando un gobierno democráticamente electo intentó recuperar soberanía sobre su propio territorio, los inversores libertarios respondieron amenazando con destruir financieramente al Estado.

Esa secuencia es difícil de ignorar cuando se considera que el gobierno argentino está generando condiciones idóneas para convertir el país en la siguiente etapa del mismo programa experimental.

La llegada de Peter Thiel a Argentina coincide finalmente con una transformación más amplia que atraviesa a una parte de la élite tecnológica estadounidense.

Durante los años noventa, Silicon Valley tendía a imaginar la tecnología como una fuerza capaz de volver progresivamente irrelevantes las fronteras nacionales. Internet prometía conectar al planeta en una única red. Los mercados se integraban. La democracia liberal aparecía, para muchos observadores, como el horizonte político natural de la modernidad.

Buena parte de ese optimismo se ha evaporado.

Las dos primeras décadas del siglo XXI estuvieron marcadas por una secuencia de shocks que alteró profundamente esa visión: los atentados del 11 de septiembre, la crisis financiera de 2008, el ascenso de China como rival estratégico de Estados Unidos, la pandemia, la guerra en Ucrania y el retorno de políticas industriales que durante años parecían relegadas al pasado.

La inteligencia artificial amplificó de forma exponencial la dependencia de la economía digital en recursos físicos. Por primera vez, entrenar un solo modelo podía consumir tanta energía como una ciudad mediana durante semanas, requerir miles de chips fabricados con minerales extraídos en un puñado de países, y demandar centros de datos del tamaño de complejos industriales. La geografía, que durante años pareció perder importancia, regresó al centro de la conversación.

En consecuencia, muchos de los debates que hoy dominan Silicon Valley se parecen menos a las discusiones tradicionales de la industria tecnológica y más a problemas clásicos de la geopolítica. La cuestión ya no consiste únicamente en identificar qué tecnologías serán más rentables. También importa dónde estarán ubicados los centros de datos, qué países controlarán los minerales críticos, qué gobiernos ofrecerán marcos regulatorios favorables y qué territorios concentrarán la infraestructura necesaria para sostener la próxima generación de sistemas de inteligencia artificial.

Y en efecto, las grandes empresas tecnológicas comenzaron a comportarse cada vez más como actores geopolíticos. Construyen infraestructura estratégica, negocian directamente con gobiernos, participan en programas de defensa e influyen sobre políticas energéticas, industriales y de seguridad nacional. The Technological Republic sostiene explícitamente que las empresas tecnológicas deben involucrarse en proyectos nacionales de poder y seguridad, abandonando la distancia que Silicon Valley mantuvo durante años frente al aparato estatal.

En ese contexto, Argentina aparece en una posición singular. El país reúne varios de los recursos que están adquiriendo nueva importancia: reservas de litio entre las mayores del mundo, abundancia energética, capacidad científica relevante y extensiones territoriales todavía poco integradas a los grandes circuitos globales de inversión tecnológica.

La presencia de Thiel en Buenos Aires es, entre otras cosas, un síntoma del redescubrimiento de la geografía como eje de la economía global, luego de décadas de discursos futuristas que involucraban, casi siempre, procesos de desmaterialización y de desacople con el territorio. La materialidad está de regreso. Y con ella, el imperialismo de antaño, aunque vestido de ciencia ficción.

Lo que ocurrió en Roatán fue el episodio más reciente de una secuencia que América Latina conoce bien.

En 1954, la CIA derrocó al gobierno democrático de Jacobo Árbenz en Guatemala. Entre los factores que motivaron la intervención estaba la decisión de Árbenz de expropiar tierras ociosas de la United Fruit Company —una corporación estadounidense que controlaba ferrocarriles, puertos y vastas extensiones de territorio centroamericano— para distribuirlas entre campesinos sin tierra. Décadas después, Chile se convirtió en el laboratorio más importante de las políticas neoliberales: bajo Pinochet, economistas formados en Chicago rediseñaron la economía del país siguiendo un modelo que luego se expandiría por buena parte del mundo. Honduras fue otro intento de convertir un país en laboratorio: esta vez no de políticas económicas sino de algo más radical, una ciudad privada con leyes propias construida por inversores de Silicon Valley. Brasil exploró propuestas similares durante el gobierno de Bolsonaro —ciudades charter con régimen fiscal propio, servicios privatizados y autonomía regulatoria— aunque sin llegar a implementarlas.

Los episodios pertenecen a épocas distintas y responden a lógicas diferentes. Pero comparten algo: cada uno intentó poner en práctica ideas cuyo alcance excedía ampliamente las fronteras nacionales donde fueron ensayadas. Y en todos los casos, la presión para convertir países latinoamericanos en zonas de experimentación política no surgió de la oportunidad: fue sistemática.

El cambio más notorio es la naturaleza de los actores involucrados.

Durante gran parte del siglo XX, los protagonistas de estas experiencias fueron gobiernos, organismos multilaterales, corporaciones industriales, bancos y fuerzas armadas. El siglo XXI introdujo nuevos centros de poder: empresas tecnológicas, fondos de capital de riesgo, plataformas digitales y multimillonarios cuya influencia atraviesa simultáneamente los mercados, la política y la infraestructura de información.

Se trata de actores muy distintos a la United Fruit Company o a los economistas que diseñaron las reformas chilenas de los años setenta. También son distintas las preguntas que intentan responder.

Durante décadas, los grandes experimentos latinoamericanos giraron alrededor de la propiedad de la tierra, el papel del Estado, la apertura comercial o la organización de los mercados. Las discusiones emergentes involucran otros temas: infraestructura digital, inteligencia artificial, soberanía de datos, sistemas de vigilancia, automatización administrativa y nuevas formas de integración entre poder tecnológico y poder político.

Vista en esa secuencia histórica, la presencia de figuras como Peter Thiel en América Latina adquiere un significado particular. La región ya fue escenario de experimentos que ayudaron a definir la forma del capitalismo industrial, del capitalismo financiero y del orden neoliberal. La incógnita que comienza a emerger ahora es si también participará en los ensayos que están moldeando la infraestructura política y tecnológica del siglo XXI.

Mientras estas discusiones se desarrollan, Peter Thiel sigue viviendo en Buenos Aires. Asiste a reuniones privadas, recorre el país, conversa con funcionarios y juega ocasionalmente al ajedrez.

Los jugadores del club de Almagro probablemente tuvieron razón en su evaluación: no juega mal.

Tampoco parece jugar a corto plazo. Ni en un solo tablero.

Argentina es, simultáneamente, el laboratorio donde probar el futuro del capitalismo y el búnker donde refugiarse si ese futuro sale mal. Que ambas cosas puedan ser verdad al mismo tiempo, y que un solo hombre pueda apostar a las dos con el mismo movimiento, es precisamente lo que hace que su presencia en el país de Maradona sea algo más que una anécdota sobre un multimillonario excéntrico.