Secuestro en Nigeria: dinero, gobiernos paralelos y desinformación

El viernes 21 de agosto, a la hora de la oración, hombres armados coordinaron una serie de ataques simultáneos en varias mezquitas del área de Borgu, en el estado nigeriano de Níger. A cuántos se llevaron, incluyendo a un imán y al padre nonagenario del jefe del distrito, nadie lo sabe: las cifras que circulan se balancean entre los sesenta y los seiscientos secuestrados, mientras que el gobierno estatal admite que no tiene claro el número. Lo que sí han contado los vecinos es el motivo de un ataque que, curiosamente, no exige un rescate por las víctimas. La comunidad se había negado a pagar los impuestos que el grupo exigía y a acatar sus normas religiosas, y el secuestro fue el duro castigo que encontraron.

Nigeria lleva doce años exportando al mundo una imagen de sí misma cada vez más inestable… y más difícil de comprender. Desde lo sucedido en Chibok, cuando 276 niñas fueron secuestradas abril de 2014 y su historia dio la vuelta al planeta, el secuestro nigeriano se lee desde fuera como un crimen contra la infancia perpetrado por fanáticos religiosos. Es una lectura que sigue siendo cierta a ratos, poro que se ha vuelto insuficiente en la mayoría de los casos.

De hecho, el fenómeno en Nigeria tiene un origen rastreable y no está en el noreste islamista (donde secuestraron a las niñas de Chibok), sino en el sur petrolero. En abril de 2002, militantes del Delta del Níger capturaron a diez trabajadores de la petrolera Shell y cobraron 3,1 millones de nairas (alrededor de 25.000 dólares al cambio del momento). Durante unos años, por tanto, los secuestros se utilizaron como una palanca política. Se pedía la liberación de líderes presos, o se buscaba atención mediática ante la crisis medioambiental en el Delta.

Esa es la teoría. Porque pronto se registró una paradoja (lógica) en la que, cuantos más líderes eran liberados, más secuestros había. Tiene sentido, dado que se comprendió rápidamente que, más allá de lo político, los secuestro traían consigo una jugosa compensación económica. Una renta que sostendría la lucha armada y que iba en ocasiones más allá de los ideales. Una dinámica similar ocurrió con otros grupos armados, como Boko Haram, que traspasaron el uso de los secuestros de la reivindicación ideológica al formato económico.

En el noroeste, el detonante fue otro. Primero se robaba ganado. Una vaca es un bien muy preciado en la zona y los cuatreros, que son un tipo de criminal universal, hacían negocio de esta manera. Hasta que llegó 2016 y los rebaños menguaron, los dueños optaron por llevar a las reses cada vez lejos y ningún comprador quería una vaca que todo el mundo sabía que fue robada, de modo que los precios se desplomaron. Los cuatreros reflexionaron. En el noreste, hacía años que Boko Haram hacía fortuna secuestrando a personas. Así que cambiaron el negocio del robo de vacas… al robo de personas, que son más baratas de mantener, más fáciles de desplazar y más caro a la hora de pedir el rescate.

Las cifras actuales asustan. La Oficina Nacional de Estadística nigeriana, preguntando puerta por puerta supo que un total de 2,24 millones de nigerianos fueron secuestrados en doce meses, entre 2023 y 2024. Más de seis mil al día. Este número hay que manejarlo con guantes, como cualquier cifra oficial en Nigeria, pero bastaría que una fracción sea real para imaginar la inseguridad, la incertidumbre, la violencia y la desconfianza que, comprensiblemente, rigen la vida de un generoso número de nigerianos.

De mal en peor

Porque el cobro por rescates es solo una parte del presupuesto en el mundo del secuestro. Los grupos armados del noroeste cobran por sembrar, por cosechar, por circular, por extraer… y Dogo Gide, conocido bandido, empezó cobrando protección a mineros artesanales de oro y pasó a exigirles divisas y armas a los operadores chinos. Hasta que se quedó directamente con los yacimientos a finales de 2023.

Se calcula que una cuarta parte de los secuestros son masivos y que muchos cautivos terminan trabajando de manera forzada en campos y minas mientras se negocia por ellos. Y se cobra en lo que haya: por los ciento setenta y siete fieles secuestrados en tres iglesias de Kaduna en enero de este año, los captores pidieron, entre otras cosas, diecisiete motocicletas.

Sobre este armazón económico se han montado dos relatos que estorban. Dentro de Nigeria, el de la “fulanización”, que convierte a toda la comunidad fulani en sospechosa, lo cual alimenta el reclutamiento de jóvenes que se sienten estigmatizados en otros entornos laborales. Fuera de Nigeria, el del genocidio cristiano, que Washington adoptó en noviembre al designar a Nigeria país de especial preocupación y ordenar al Pentágono preparar una posible acción militar. Sí que hay una selección religiosa deliberada en una parte de los casos (Chibok, Leah Sharibu, las iglesias de Kaduna, la exigencia de sharía en el secuestro de Oyo en mayo), pero ninguna base de datos seria permite desglosar a las víctimas por religión. Seiscientos musulmanes secuestrados rezando en Borgu son un mal argumento para justificar esta narrativa excluyente.

El bucle real es otro. Las milicias de autodefensa hausa, los Yan Sakai, respondieron a los bandidos con represalias indiscriminadas contra comunidades pastoriles y empujaron al monte a miles de jóvenes fulani. Cuando el Estado no protege, la gente se arma; cuando la gente se arma mal, fabrica enemigos. En Sokoto lo llevaron un paso más allá. Hacia 2018, varias comunidades invitaron a un grupo de yihadistas armados venidos del Sahel para que las defendiera de los bandidos. Se hacen llamar Lakurawa, imponen su ley en unas quinientas aldeas y hoy figuran en la órbita del Estado Islámico.

El Gobierno responde con lo que tiene. Emergencia nacional de seguridad en noviembre, cincuenta mil policías nuevos, cien mil agentes retirados de las escoltas de los políticos, un cuerpo de guardias forestales, bombardeos casi diarios sobre el noroeste y un Senado que ha extendido la pena de muerte a financiadores, informantes y transportistas cómplices de estos grupos. El presidente Tinubu repite que no negocia y que no paga… pero trescientos tres niños secuestrados en Papiri salieron del bosque en dos tandas y nadie ha explicado nunca cómo.

Con las presidenciales adelantadas al 16 de enero, cada cifra que salga de Abuya de aquí a entonces será material de campaña. Conviene por eso fijarse en lo que no se dice. Cuando un grupo armado secuestra para castigar a quien no le paga el impuesto, ya no está extorsionando al Estado. Está ocupando su sitio.