Cuando se habla de neocolonialismo en África, la mirada suele dirigirse a Francia. Y con razón. Pero centrarse solo en París implica además negar las dinámicas que afectan al siglo XXI. Hace falta actualizar el discurso. Porque existen nuevos actores operando en el continente con una lógica que se parece mucho a la de los viejos imperios: extraer recursos, asegurar influencia, apuntalar a gobiernos afines y dejar poco espacio al cambio.
Hablemos de tres de ellos.
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Rusia: mercenarios a cambio de minas
La presencia militar rusa en África tiene sus nombres propios: primero fue el Grupo Wagner y ahora es el Africa Corps, su sucesor, bajo control directo del Ministerio de Defensa ruso. La dinámica es sencilla. Un gobierno autoritario africano necesita seguridad y un aliado que no le exija elecciones. Moscú ofrece protección y músculo militar. A cambio, accede a concesiones mineras, oro, uranio y madera.
El modelo se ha replicado en República Centroafricana, Libia, Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea Ecuatorial. En República Centroafricana, según el Georgetown Journal of International Affairs, las empresas vinculadas a Wagner se incrustaron en la explotación de oro, diamantes y madera mientras proporcionaban seguridad personal al presidente Touadéra, que en 2023 eliminó los límites de su mandato con el respaldo ruso. En Mali, unos 2.500 efectivos del Africa Corps no han logrado frenar la expansión yihadista; a principios de 2026, según el Carnegie Endowment, el JNIM seguía bloqueando carreteras y quemando camiones de combustible cerca de Bamako. Este fin de semana tomaron la ciudad de Kidal y expulsaron a los rusos acuartelados en la antigua base militar de Naciones Unidas.
El coste humano es brutal. Human Rights Watch ha documentado decenas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas contra la etnia fulani desde enero de 2025. Según ACLED, al menos 1.800 civiles han muerto durante las operaciones de Wagner en el continente africano desde 2017. Rusia se presentó como alternativa útil a los fracasos de Francia pero, en la práctica, ha ofrecido impunidad a cambio de recursos.
Emiratos Árabes Unidos: oro, armas y puertos
Los Emiratos operan de forma más discreta, pero no menos profunda. Su estrategia combina control portuario, explotación minera y apoyo militar selectivo.
En el Cuerno de África, han construido instalaciones militares en al menos ocho países: Yemen, Eritrea, Somalilandia, Puntlandia, Somalia, Chad, Libia y Egipto. Se tratan de bases flexibles, que se montan y desmontan según las necesidades y con un alto grado de secretismo. En paralelo, el holding emiratí DP World gestiona puertos comerciales en varios de estos países. Y aquí viene un dato importante: según el Institute for International Political Studies (ISPI), siete estados africanos que firmaron concesiones portuarias con empresas emiratíes acabaron estableciendo después acuerdos militares con Abu Dabi. No puede negarse que lo militar y lo comercial viene aquí íntimamente ligado.
Pero es en Sudán donde la huella se vuelve más oscura. Desde el inicio de la guerra civil en 2023, los EAU han sido señalados como el principal comprador del oro extraído en zonas controladas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). Según The Sentry, empresas con sede en Dubái han convertido oro sudanés obtenido ilegalmente en efectivo. Y se estima que al menos 400 toneladas de oro han sido sacadas de contrabando de Sudán entre 2012 y 2024, y que aproximadamente la mitad acabó en los Emiratos. Esa riqueza ha servido, según múltiples investigaciones, para financiar a una de las partes de un conflicto que ya ha causado más de 150.000 muertos y 15 millones de desplazados.
China: infraestructura con letra pequeña
China es el caso más complejo porque mezcla inversión real con prácticas extractivas. A diferencia de Rusia o los Emiratos, China ofrece lo que África necesita: carreteras, ferrocarriles, hospitales, redes eléctricas. La pregunta es, ¿a qué precio?
El modelo habitual es el de “recursos por infraestructura”. Un país recibe financiación para construir carreteras y, a cambio, suministra minerales a empresas chinas durante décadas. El ejemplo más conocido es el acuerdo Sicomines con la República Democrática del Congo. Los congoleños cedieron los derechos sobre cobre y cobalto durante 25 años a cambio de infraestructura que, según la coalición congoleña “Congo Is Not for Sale”, costó al país 132 millones de dólares por exenciones fiscales solo en 2024.
Las cifras del control chino sobre el cobalto son difíciles de ignorar. El 70% del cobalto mundial se extrae en la RDC. Quince de las diecinueve minas del país son propiedad o están financiadas por empresas chinas. El 80% se refina en China. Y no nos engañemos, esto no es cooperación. Es control vertical de una cadena de suministro crítica.
Y las condiciones de extracción son devastadoras. Un informe de RAID y la organización congoleña CAJJ documentó que los trabajadores en minas de cobalto operadas por empresas chinas cobran hasta dos dólares diarios, sufren discriminación racial, violencia física y condiciones inseguras. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos estima que al menos 25.000 niños trabajan en minas de cobalto congoleñas.
Lo que une a los tres
Rusia ofrece músculo armado y se lleva materias primas. Los Emiratos ofrecen inversión y se llevan oro y posiciones estratégicas. China ofrece infraestructura y se lleva minerales críticos. Los tres negocian directamente con élites gobernantes (a menudo no elegidas democráticamente), sin exigir transparencia ni condiciones sobre derechos humanos, dejando a las poblaciones locales al margen de los beneficios reales.
Decir esto no exime a Francia ni a Occidente, cuyas responsabilidades son enormes y bien documentadas. Pero si queremos entender África en su complejidad, necesitamos mirar en todas las direcciones. Los nuevos colonos no llevan casco colonial. Llevan contratos de concesión minera, acuerdos militares opacos y líneas de crédito con letra muy pequeña.
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