Llegamos al resumen quincenal centrando la mirada en dos temas: por un lado, el recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre la venta de test diagnósticos exclusivamente en farmacias, por otro lado, la apertura de la consulta pública previa de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
1. Un litro de leche y un test de la gripe.
Esta semana pudimos leer la siguiente noticia:
¿De dónde viene esto? Resulta que hace unos meses el Ministerio de Sanidad aprobó el Real Decreto 942/2025, de 21 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios para diagnóstico in vitro, donde se establece que los test diagnósticos (como los de la gripe, el COVID o el VIH) se venderán solo en farmacias. Sin embargo, la CNMC considera que esa decisión vulnera la competencia y es desproporcionada, y lo justifica en que otros países de Europa tienen liberalizada su venta para que se pueda llevar a cabo en “supermercados, parafarmacias, droguerías o plataformas digitales” y porque su limitación a la venta en farmacias puede suponer un precio más elevado que si se pudieran comercializar en diferentes puntos de venta.
Si la perspectiva es exclusivamente la de “lograr precios bajos”, tal vez la medida de distribuir en supermercados y plataformas digitales sea la adecuada. Pero creo que hay varios comentarios que hacer al respecto desde un abordaje algo distinto (y, en mi opinión, más útil para la salud del conjunto de la población):
La red territorial: España tiene una de las redes de oficinas de farmacia comunitaria más tupidas y territorialmente garantistas de los países de nuestro entorno. Cualquier consideración y cuestionamiento acerca del carácter singular de los productos que se comercializan en las farmacias ha de tener esto en cuenta. No solo en lo relacionado con las farmacias y la comercialización, sino también reconociendo el papel de la distribución como garante de la equidad territorial en el eje urbano-rural.
Lo sanitario: apostar porque algo tenga su distribución de manera exclusiva en farmacias es porque se piensa que se trata de un elemento de relevancia clínica que ha de ser ofrecido desde un establecimiento sanitario y que ha de tener como referente a un profesional con capacidad para resolver dudas y dar consejo si fuera preciso. En un momento en el que empiezan a darse pasos por estructurar y avanzar el ámbito asistencial de la farmacia comunitaria, tomar decisiones que obvien este contexto no parece adecuado.
La visión de conjunto: es un error pensar que el sistema español de farmacia es una suma de productos y prestaciones de la cual se puede extirpar una parte para distribuir por otros canales.
El precio: no creo que la distribución en centros comerciales sea un problema a la hora de garantizar la trazabilidad y correcta certificación (o no tendría por qué serlo), pero sí que creo que el argumento del menor precio no está debidamente contextualizado. Lo primero, es que España no presenta precios muy elevados de productos sanitarios con respecto a otros países de nuestro entorno; lo segundo, hay que tener en cuenta que en España, el test diagnóstico actúa bien como un elemento de consumo y tranquilidad o bien como una alternativa a que un test similar (o una inspección clínica) sea hecha en una consulta, por lo que ya existe una alternativa “de bajo precio” (que no coste) para los casos en los que el coste del test diagnóstico sea prohibitivo para el usuario.
Por estos motivos, y aún entendiendo la animadversión que tienen quienes velan por la liberalización del mercado y la libre competencia a los sistemas públicamente regulados, creo que la limitación de la venta de test diagnósticos a las oficinas de farmacia comunitaria es coherente con una apuesta por el modelo español de farmacia, motivo por el cual la comparación con lo existente en otros países (comparación que suele hacerse para hablar de precio, pero no de disponibilidad, porque la de las farmacias suele ser igual o superior a la de los supermercados en ciertas franjas horarias) puede no ser muy adecuada.
2 Inicio de la reforma de la ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Esta semana ha salido a consulta pública previa la reforma de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. Es la ley donde se regulan las diferentes profesiones sanitarias, sus funciones, el reconocimiento como profesión sanitaria, etc.
En las próximas semanas y meses empezarán las reuniones con el ámbito de negociación y con diferentes actores profesionales para abordar la reforma de este texto, pero como punto de partida creo que está bien comentar dos de los argumentos ligeramente conspiranoicos presentes en algunos foros en los últimos tiempos que pueden desviar el foco de lo que debería de ser un desarrollo normativo que todas las profesiones vean como una posibilidad de mejora de su lugar en el sistema y de modernización de la ordenación de las profesiones sanitarias:
La teoría del gran reemplazo, versión sanidad: hace referencia a la idea de algunos profesionales de que existe una especie de plan a largo plazo para sustituir a su categoría profesional por otra categoría de lo que consideran un menor rango (es especialmente frecuente en lo relacionado a decir que se van a sustituir médicxs por enfermerxs). Sin embargo, en el caso ejemplificado estos análisis obvian bastantes cosas: I) el actual gobierno es el responsable de haber logrado un incremento del 45% de las plazas MIR en este ciclo de gobierno progresista, II) además, es la primera vez que se dedican fondos centralizados para incrementar la capacidad de formación de graduados de medicina, III) en el sistema sanitario existen categorías profesionales que durante las últimas décadas han experimentado notables transformaciones que han hecho que lo que pueden aportar en la actualidad al sistema sanitario (y a los pacientes) sea mucho mayor que el marco de funciones posibles de hace años y IV) desde 2003 también en el campo de la medicina han aparecido nuevas funciones que por aquel entonces ni siquiera éramos capaces de nombrar y que muestran hacia dónde está creciendo el marco de funciones de los médicos y médicas. Nunca ha habido tantos médicos en el Sistema Nacional de Salud (y, de hecho, España tiene una ratio de médicos por cada 1000 habitantes superior a la media de los países de la OCDE) y los retos no tienen nada que ver con cómo diluir su papel o cómo desplazar o sustituir su rol, sino, al contrario, sobre cómo maximizar su impacto sobre la población asumiendo las nuevas funcionalidades que se presentan delante de nosotros, en un contexto de equipos cada vez más variados y, afortunadamente, más capaces y formados.
La copia al modelo de Reino Unido: otra versión de la conspiranoia anterior (tal vez no siempre sea una conspiranoia, puede haber gente que lo enuncie desde un miedo legítimo del tipo “cuando las barbas de tu vecino veas pelar [o cortar/afeitar], pon las tuyas a remoja”) es la que dice que dado que en el Reino Unido se ha puesto hace unos años en marcha una figura de “asistente médico” (intermedia entre figuras actualmente existentes) y como tenemos un modelo tipo National Health System, entonces nosotros vamos a ir por el mismo camino. Más allá de que esto no tiene mucho sentido, porque no hay iniciativas en las que reflejar esa teórica tendencia (no sin forzar el análisis de manera artificial), hay algunos aspectos que muestran el porqué esto es más una estratagema discursiva que un análisis con base real: I) España tiene una tasa de médicos por habitantes un 33% superior a la del Reino Unido mientras que II) Reino Unido tiene mayor disponibilidad de profesionales de otras categorías y III), lo fundamental, el modelo de organización del Reino Unido, en el que los profesionales en Atención Primaria no son empleados públicos sino independientes o empleados privados contratados por el centro de salud (según la categoría) genera unos incentivos totalmente diferentes para la generación de figuras alternativas que den respuesta a esos incentivos diferenciales.
Dicho esto, la gestión de la demanda y el finalismo en las acciones de los profesionales que las llevan a cabo (en todas las categorías) es un elemento clave de cara al debate de esta reforma de la ley y, en general, de las diferentes iniciativas que muchos servicios regionales de salud están tratando de llevar a cabo, no desde una perspectiva de defensa del terruño, sino viendo cómo, en un contexto de necesidades crecientes. nuevas funciones que abordar y mejora de las competencias formativas, se puede maximizar la capacidad de cada profesional (de la mano de sus condiciones de trabajo, por supuesto).
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