Durante la última semana, Alberto Núñez Feijoó hizo unas declaraciones en una reunión con empresarios vascos dónde exponía su visión del tema y el abordaje que planea llevar a cabo si alcanza el gobierno. En primer lugar llamó absentismo a las “ausencias” del lugar del trabajo. El uso de esta palabra no es inocente, considerar que las personas enfermas que tienen una baja médica según la norma es “faltar al trabajo” es una manipulación interesada, no puede ser tan ridículamente estúpido el señor Feijoó como para no saber que absentismo es “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación” según la RAE y la ausencia justificada por enfermedad otra cosa muy, pero que muy diferente. Si está hablando de que puede haber fraude que lo diga claramente. Que las bajas laborales han aumentado en España es real pero decir eso, sin analizar mínimamente sus posibles causas e ir directamente a pensar que su incremento es puro fraude, indica una maldad y un interés psicópata por dañar a los enfermos y a los trabajadores en general.
No voy a repetir las numerosas razones que pueden influir: aumento de la población trabajadora, envejecimiento, condiciones laborales, lista de esperas sanitarias diagnósticas, de consulta, de cirugías…, precariedad laboral, sobreexplotación en sectores bien definidos, acoso laboral para que el paciente se vaya de la empresa sin indemnización, etc. La sociología nos puede dar respuestas afinadas a todo ello.
Me voy a centrar en el papel del médico de familia (principal y único -salvo anecdóticas intervenciones de otros especialistas en algún lugar de España- de la emisión de la incapacidad laboral transitoria). El médico está para ayudar a las personas que te piden ayuda e intentar aliviar o solucionar su problema. Sin embargo nos quieren poner como jueces y parte en este tema. De entrada, no se debe desconfiar de nadie, no debemos pasar el polígrafo a cualquiera que nos indique que tiene diarrea abundante o que tiene una ansiedad insoportable en su trabajo o en su vida, no es nuestro papel y siempre debemos ofrecer “reposo temporal del trabajo”, lo que es la baja, al que le corresponda y le vaya a beneficiar. A nadie le gusta que le engañen o se rían en su cara y si alguna vez puedes sospechar abuso o mentira, despliegas tu sexto sentido para estar atento y no tolerarlo. La carga burocrática de ello es enorme. Si fuera por eso, no daríamos la baja a nadie, supone citas repetidas y tiempo de gestión para cumplir plazos (si no se renueva una baja a tiempo, el sistema directamente le da el alta, por ejemplo) Eso provoca que tengas que priorizar a los pacientes de baja sobre otros. En el Reino Unido, el médico hace una recomendación de reposo en un papel y la burocracia consecuente no es su problema. Aquí no es así. Desde el ordenador del MF salta inmediatamente al INSS y de ahí a la empresa. Sin ese documento electrónico nada funciona. Hay que decidir al 4ª día si continúa o se da el alta, con controles periódicos según la patología y el tiempo estimado. Más visitas y decisiones. Entre medias, las Mutuas llaman al paciente y pueden solicitar el alta, entonces la inspección médica pide al MF que le informe directamente de la situación, medidas tomadas e impresión general. El inspector médico puede citar al paciente, evaluar la historia clínica y tomar decisiones e incluso dar el alta el mismo. Por experiencia de casi todos los MF, desconfiamos en la Mutuas: intentan colar como contingencias comunes lo que son accidentes laborales; trabajan claramente para la empresa que les contrata (formalmente son “colaboradoras de la SS”). Cuando hablan los empresarios de que las bajas pasen por completo a las Mutuas saben lo que están diciendo, no es un “favor” que se le quiere hacer al sistema sanitario.
No es tan fácil el fraude como apunta la derecha política y empresarial. A lo mejor, el coste de tener un sistema sanitario público en crisis e infrafinanciado está incrementado el gasto en bajas laborales, no por fraude sino por disfunción. Lo digo como una idea que no ha dicho ningún político estos días.
Como vemos, en este tema hay muchos protagonistas y una enorme complejidad como para ofrecer soluciones simplistas siempre en la misma dirección: bajar las prestaciones a todos. Por cierto, la cifra de 33.000 millones de euros es todo lo que se gasta en cubrir la protección social a la enfermedad, no lo que cuesta el “fraude”.
En LaSextaXplica, en el poco tiempo que te pueden dar, intenté hablar un poco de ello.

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