Dos sismos de gran magnitud y mecanismo de rumbo golpearon el centro-norte de Venezuela la tarde del 24 de junio. Un primer evento de magnitud 7,2 ocurrió a las 6:04 p. m. hora local; un sismo principal de 7,5 lo siguió 39 segundos después. Ambos fueron superficiales —entre unos 10 y 22 kilómetros de profundidad— con epicentros cerca de San Felipe, en el municipio Veroes de Yaracuy. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) lo identificó como el más potente desde el terremoto de San Narciso, en 1900. Como el 24 de junio es feriado nacional —se conmemoran los 205 años de la Batalla de Carabobo—, muchos venezolanos estaban en sus casas y no en el trabajo cuando empezó a temblar.
La destrucción se concentró en La Guaira y Caracas, pero también colapsaron edificios en Carabobo, Aragua, Miranda, Trujillo y Yaracuy. En La Guaira —el estado más golpeado, en la costa al norte de la capital— resultaron destruidas más de 1.400 edificaciones, y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía quedó seriamente dañado y cerrado, lo que complicó la llegada de la ayuda. Tomas aéreas mostraron cuadras enteras arrasadas en Playa Grande, Tanaguarenas y Los Corales. Las autoridades han registrado más de 300 réplicas; una de magnitud 4,7, el 26 de junio, derribó el puente que conecta a Caraballeda con el resto de La Guaira y entorpeció las labores de rescate. En Caracas, se reportaron daños en distintas zonas y varios edificios completamente colapsados en Altamira, Los Palos Grandes, San Bernardino y El Paraíso.
El balance no deja de subir. Hasta el sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ubicó la cifra en 1.430 fallecidos y 3.238 heridos. Los desaparecidos son el punto más álgido: el gobierno los cuenta por centenares, mientras que una base de datos ciudadana registró a más de 47.000 personas sin localizar (el número previo a identificaciones superó las 61.000 personas), y el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, Tom Fletcher, estimó que más de 50.000 seguían en paradero desconocido —más de 11.200 solo en La Guaira, según el conteo independiente. El sistema PAGER del USGS mantuvo alerta roja para ambos eventos y advirtió que la cifra final de muertos se contaría con alta probabilidad en miles, con una posibilidad considerable de superar los 10.000. Una evaluación preliminar de la ONU calculó los daños físicos directos en unos 6.700 millones de dólares; la Organización Internacional para las Migraciones dijo que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas, unos 2 millones de ellas en Caracas. En La Guaira, se registraron algunos saqueos de locales sobrevivientes.
La respuesta oficial y lo que se vive en la calle han ido por caminos distintos. En las zonas más golpeadas, los residentes reportaron ver pocos equipos estatales de rescate, incluso mientras las autoridades proyectaban la imagen de una respuesta robusta, y muchos asumieron la búsqueda de sus familiares por su cuenta ante la escasez de rescatistas oficiales. Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno desplegaba una respuesta plena en lo que llamó horas críticas para hallar gente con vida, anunció que La Guaira había sido militarizada y —ante la congestión de las vías— pidió a la población dejar de bajar a la costa. El viernes en la noche, las autoridades decidieron bloquear el acceso a La Guaira y exigir permisos para entrar, creando un centro de registro en el Poliedro de Caracas, sin precisar quién calificaría. La poca respuesta de las autoridades ha sido duramente criticada: sobrevivientes obligaron a oficiales de la Guardia Nacional a romper billetes de dólares que encontraron en ruinas de edificios en La Guaira, rescatistas del gobierno fueron frenados por locales cuando intentaron irse luego de presentarse en las ruinas únicamente para tomar fotos oficiales y Rodriguez –quien se presentó con una chaqueta Moncler de más de mil dólares ante damnificados– fue abucheada por vecinos y rescatistas en Chacao al visitar uno de los edificios colapsados. Un rescatista mexicano denunció que el estado intentó obligarlo a promover una narrativa pro-gobierno en sus declaraciones a la prensa.
En ese vacío entró una red civil improvisada. En muchas zonas, los primeros en llegar no fueron los equipos especializados sino los propios vecinos, removiendo escombros con picos, palas, gatos hidráulicos, cuerdas y hasta con las manos desnudas. Arquitectos, ingenieros, médicos y psicólogos organizaron grupos independientes para inspeccionar edificios dañados y dar apoyo médico y emocional; voluntarios coordinados por WhatsApp y Telegram movieron caravanas de motos y camionetas particulares con comida, agua, medicinas y herramientas, y decenas de restaurantes se convirtieron en cocinas solidarias. Surgieron múltiples plataformas digitales de open source para ubicar desaparecidos, reunir familias separadas, reportar daños y rescatar mascotas. También, los sistemas de Google advirtieron sobre el sismo segundos antes y plataformas de Microsoft han logrado identificar la extensión de los daños en zonas como Catia La Mar.
Las organizaciones de derechos humanos, en paralelo, presionaron al gobierno por el acceso a la información. Las restricciones a medios se mantuvieron en buena medida durante la emergencia —más de 200 sitios bloqueados, entre ellos medios y herramientas VPN—, aunque el largo veto a X se levantó parcialmente luego de que la misión de determinación de hechos de la ONU instara a restablecer los canales de comunicación. Amnistía Internacional exigió al gobierno levantar de inmediato la censura —advirtiendo que el costo de no hacerlo podría medirse en vidas— y derogar la llamada ley anti-ONG para que la sociedad civil pueda operar.
Las empresas privadas también participaron: Movistar habilitó Starlink en La Guaira, Yummy levantó donaciones y eliminó los costos de los traslados a hospitales y refugios, Venemergencia ofreció servicios de telemedicina sin costos, Farmatodo habilitó sus productos para donación, Cashea eliminó cargos por mora a toda su base durante la semana del terretemoto y alquiló maquinaria pesada para La Guaira, entre muchos otros esfuerzos de otras empresas.
La operación de socorro se convirtió en uno de los despliegues coordinados más grandes que ha visto la región en años. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó que 44 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano de 27 países —2.245 especialistas y 140 perros— se desplegaron a solicitud de Caracas.
Estados Unidos —el mismo gobierno que en enero ejecutó la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro— montó el componente más visible del despliegue. Washington prometió lo que el secretario de Estado Marco Rubio describió como una respuesta de todo el gobierno: 150 millones de dólares canalizados a grupos religiosos y agencias de la ONU, dos equipos de rescate de Virginia y California, y un refuerzo del Comando Sur que incluyó al USS Fort Lauderdale, al USS Billings y aeronaves de transporte. También contó con viones de carga C-17 y C-130, además de aeronaves de reconocimiento y helicópteros. NPR apuntó que la escala marcó un giro deliberado frente a la magra respuesta del gobierno al terremoto de Birmania el año pasado, tras el desmantelamiento de USAID que dejó mermada su capacidad de reacción rápida. A ello se sumaron dos equipos de búsqueda y rescate urbano —de los condados de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles (California), con 150 efectivos y 12 perros en total— y un equipo de respuesta a desastres.
Brasil envió un hospital de campaña y bomberos; México, Colombia, El Salvador y Cuba mandaron rescatistas y personal médico; y China anunció ayuda de emergencia del gobierno y la Cruz Roja, un equipo de rescate y socorro médico, con más ofrecimientos llegando desde Europa, India, Irán y el Vaticano. La Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) lanzó un llamamiento de 50 millones de francos suizos (unos 61 millones de dólares) para apoyar a la Cruz Roja Venezolana en la atención de 300.000 personas, con hospitales de campaña español y finlandés entre los primeros en desplegarse. Los trabajadores humanitarios advirtieron que años de sanciones aún complican los canales bancarios y los pagos, incluso tras el alivio parcial otorgado desde enero.
Las muestras de solidaridad también llegaron de nombres conocidos. El papa León envió una donación inicial de emergencia de 100.000 euros, que el Vaticano describió como un primer paso. El chef español José Andrés comprometió un millón de dólares a través de su fundación World Central Kitchen, que desplegó equipos en Caracas para servir comidas calientes a damnificados y rescatistas. La reina Sofía de España aportó 20.000 euros mediante su fundación y gestiona el envío de medicamentos esenciales. En el plano simbólico, la FIFA ordenó un minuto de silencio antes de los partidos del Mundial 2026 del viernes y el sábado —entre ellos España-Uruguay, Francia-Noruega y Colombia-Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami—, gesto que Delcy Rodríguez agradeció públicamente, aunque el homenaje en el España-Uruguay quedó empañado por aficionados que gritaron durante la pausa, lo que generó críticas.
La líder opositora María Corina Machado trabaja para regresar a Venezuela lo antes posible, según personas con conocimiento directo de sus planes citadas por Bloomberg, un movimiento que podría reconfigurar el tablero político mientras Delcy Rodríguez batalla por intentar responder al peor desastre natural del país en décadas. La semana pasada, Machado intentó viajar desde Estados Unidos a Curazao —con apoyo de contratistas de seguridad privada y con la intención de alcanzar territorio venezolano—, pero abortó el intento luego de que la administración de Donald Trump le dejara claro que viajaría por su cuenta y riesgo, sin respaldo estadounidense. Un equipo de seguridad ya la esperaba en la pequeña isla holandesa frente a la costa venezolana.
Varios funcionarios estadounidenses le advirtieron a Machado y a su equipo que su retorno podría provocar una confrontación con el actual régimen y distraer de las labores de rescate, aunque al menos un alto funcionario de la Casa Blanca la habría alentado, según las fuentes. No está claro si esas reservas y el intento fallido retrasarán o cancelarán sus planes. Un obstáculo central es que Machado carece de un pasaporte venezolano vigente y necesita permiso para viajar, de modo que cualquier reingreso sin autorización del gobierno arriesga un pulso directo con las autoridades en Caracas; la presencia de contratistas privados para protegerla a su llegada añade otro factor de conflicto.
El secretario de Estado Marco Rubio y otros funcionarios respaldan su eventual regreso una vez se alcance un acuerdo con la administración Rodríguez, pero le han pedido paciencia, advirtiendo que volver demasiado pronto podría alimentar la polarización y la inestabilidad, en un clima ya tensado por un terremoto que ha dejado más de 1.000 muertos.
Un regreso obligaría a Rodríguez a elegir entre abrazar a su principal rival en un gesto de unidad nacional o exponerse a la acusación de que su gobierno aprieta el control político durante una emergencia. La desaprobación de Rodríguez trepó a 59 % en mayo —casi 12 puntos más que en abril. Machado, la dirigente más popular del país, podría canalizar esa frustración.
Dirigentes opositores acusaron el viernes a las autoridades de bloquear la ayuda al detener un camión en Caracas y hostigar a voluntarios en un centro de acopio en Cumaná, mientras el gobierno busca centralizar la asistencia a través de centros oficiales, plataformas estatales y la aplicación VenApp. La oposición, por su parte, levantó una red humanitaria paralela y un registro de desaparecidos que ya supera las decenas de miles de personas. En un mensaje en video tras los sismos, Machado dijo a sus seguidores que “muy, muy pronto, nos abrazaremos en Venezuela”.
Un apagón obligó este domingo a detener la refinería de Amuay —la mayor del país, con capacidad para 645.000 barriles diarios—, según dijeron trabajadores de la planta a Reuters, que queda así como la segunda refinería sin electricidad tras los dos sismos. Venezuela ha batallado para devolver el suministro a plantas industriales, refinerías, comercios y hogares después de los terremotos, que han dejado al menos 1.450 muertos según el conteo más reciente. Amuay, clave para la producción de combustible destinado al mercado interno, procesaba unos 137.000 barriles diarios de crudo antes de los sismos. La insuficiencia de agua para algunas plantas eléctricas e industrias del occidental estado Falcón —incluida la refinería— también golpea las operaciones, señalaron algunos trabajadores.
La refinería El Palito (146.000 b/d) y el vecino Complejo Petroquímico de Morón, en el centro del país, tampoco han podido reanudar plenamente sus operaciones ante la inestabilidad del suministro, indicaron fuentes separadas. El Ministerio de Petróleo aseguró que los sismos no afectaron los niveles de producción ni de exportación de crudo —que aportan el grueso de los ingresos—, pero la producción interna de combustibles y petroquímicos podría no alcanzar para cubrir la demanda cuando la gente regrese al trabajo, si las refinerías y las instalaciones asociadas no logran sostener su funcionamiento.
Poco antes del sismo, el medio británico Financial Times reportó que Venezuela se prepara para reconocer una deuda total cercana a los 240.000 millones de dólares —muy por encima de los 150.000 a 200.000 millones que asumía el mercado y los economistas independientes— en lo que sería la mayor reestructuración soberana de la historia, superando el default griego de 2012. La firma asesora estadounidense Centerview Partners, contratada por Caracas, ultima un plan de sostenibilidad de deuda previsto para principios de julio. Un marco macroeconómico que se publicará este mes ubicaría la economía en torno a los 100.000 millones de dólares —frente a los 370.000 millones del último año completo de Chávez, en 2012—, lo que implica una relación deuda/PIB superior al 200 %.
Un detalle inquieta de manera particular: a diferencia de otras grandes reestructuraciones, el análisis de sostenibilidad de la deuda no lleva la firma del FMI. El Fondo ha mantenido la distancia, con apenas contactos técnicos desde que se reanudaron los vínculos en abril, y parte de la oposición teme que esa ausencia debilite la posición de Venezuela frente a sus acreedores. El crédito chino atado al petróleo —calculado en más de 60.000 millones de dólares a lo largo de las administraciones de Chávez y Maduro— es una de las mayores incógnitas de un proceso que, según el FT, gestiona el gobierno de Estados Unidos y no el Fondo. Los bonos venezolanos, que se negocian cerca de 55 centavos por dólar tras el repunte posterior a la captura, subieron ligeramente con el reporte. Rodríguez se fijó la meta de cerrar un acuerdo con los acreedores antes de fin de año; la mayoría de los analistas duda de que ocurra en 2026.
En el primer gesto de su tipo desde adentro del partido de gobierno, el cofundador del chavismo Francisco Arias Cárdenas —protagonista del golpe de 1992, exgobernador del Zulia y miembro del Consejo Político Nacional del PSUV— pidió públicamente a Delcy Rodríguez abrir una negociación directa con la líder opositora María Corina Machado. En sus redes, llamó a construir un acuerdo “por la dignidad y la soberanía nacional” —que planteó como alternativo al plan asociado con Marco Rubio, pero “con impronta venezolana”— y con el respaldo de los gobiernos de Colombia, Brasil y México. Arias Cárdenas previamente, en 2024, había llamado al gobierno de Nicolás Maduro a publicar las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La propuesta choca de frente con la línea del PSUV: el dirigente Diosdado Cabello ha rechazado en reiteradas ocasiones cualquier diálogo con Machado, a quien el gobierno acusa de promover lo ocurrido el 3 de enero. En una entrevista posterior con el periodista Vladimir Villegas, Arias Cárdenas fue más allá: sostuvo que lo que ha imperado desde el 3 de enero es “sumisión”, que la Fuerza Armada falló ese día por lo que describió como un grave descuido más que una traición confirmada, y que figuras opositoras como Dinorah Figuera y Enrique Márquez deberían formar parte de cualquier acuerdo. Reconoció que podrían expulsarlo del partido. El despacho de Rodríguez no ha emitido respuesta oficial.
Delcy Rodríguez concedió una entrevista exclusiva a Javier Negre, el periodista español fundador de La Derecha Diario cuya red mediática enlaza a Vox, al mileísmo argentino y al trumpismo estadounidense. Grabada en Miraflores y emitida el jueves posterior al terremoto, la conversación abordó a José Luis Rodríguez Zapatero, el episodio de las “maletas” en el aeropuerto madrileño de Barajas, el origen de los fondos de Podemos, la situación de Repsol en Venezuela, la inversión extranjera y a Diosdado Cabello.
Negre, que en el último año se ha perfilado como uno de los principales interlocutores en español de la administración Trump, dijo después en Telemadrid que vio a Rodríguez con muchas intenciones de agradar, enfocada en el presente y el futuro y con ganas de olvidar el pasado. Afirmó que ella había girado su estrategia política hacia la derecha, que a su juicio había roto con Maduro, y que ahora cuenta con estadounidenses entre sus seguidores —y agregó que “nadie me censuró ninguna pregunta”. El episodio encaja con el propio relato de Rodríguez: en un acto público días antes, describió el 3 de enero como un punto de inflexión y la diplomacia con Washington como “el camino correcto”. Para el ala izquierda del propio gobierno, la estampa de una presidenta chavista coqueteando con la derecha dura europea aterrizó como algo más cercano a una traición.
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