Sandra Morrison -Haya

Las medidas adoptadas por los Estados para responder a la crisis climática en las últimas décadas no han frenado el aumento de los gases de efecto invernadero, lo que ha tenido graves repercusiones en las personas, las comunidades y los medios de vida. Como es sabido y aceptado, son especialmente los países en desarrollo y, en nuestra región, las naciones del Pacífico, los que se enfrentan a mayores retos. 

Mientras esperamos el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático, hago referencia a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), acordados en 2015, en particular el ODS 13 sobre la acción por el clima. Espero que la CIJ aclare a los Estados la importancia de una alianza mundial y que la preservación de nuestro medio ambiente depende de la reducción de las disparidades sociales, la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, y la necesidad de un impulso real para que los impactos climáticos y ambientales se consideren parte integrante de las iniciativas y políticas de desarrollo. Desde hace tiempo, los países en desarrollo vienen presionando para que se reconozca la responsabilidad de los Estados en los mecanismos de pérdidas y daños, y cabe esperar que la CIJ adopte también una posición más firme al respecto. 

Esperamos con esperanza las orientaciones de la CIJ y rendimos homenaje a Vanuatu, que ha encabezado este proceso para que los principales países contaminantes rindan cuentas.