Trump recibe el respaldo del Supremo a su plan para restringir el voto por correo

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha avalado la intención de la Administración de Donald Trump de restringir el voto por correo antes de las elecciones de medio mandato previstas para noviembre, tras levantar una orden judicial que impedía la puesta en marcha de una orden ejecutiva en California y otros 22 estados. La decisión se adoptó con una mayoría conservadora de seis jueces frente a tres que se opusieron, lo que abre la puerta a la aplicación de medidas que limitan quiénes pueden votar por correo.

Esta medida fue inicialmente bloqueada por una jueza federal de Massachusetts, que dictaminó en junio la suspensión de puntos clave de la orden ejecutiva en los estados afectados. Sin embargo, pese a que algunas partes de esta orden siguen anuladas a nivel nacional por otro fallo posterior de la misma magistrada, el Tribunal Supremo ha dejado entrever que podría extender su respaldo a la administración Trump en estos otros casos.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, uno de los representantes de los estados que impugnaron la orden, ha indicado que esta decisión representa un "doloroso revés" pero que "no será la última palabra". Además, ha defendido que "el derecho al voto es sagrado, y ningún gobierno debería poder ponerlo en peligro. Estamos estudiando nuestras opciones legales".

El propio fallo del Tribunal Supremo subraya el carácter provisional de esta resolución: "La resolución de la Corte sobre esta solicitud no implica que cualquier medida adoptada por el Gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal. En ese sentido, el tiempo lo dirá", según recoge Europa Press.

Disensos y críticas internas en el Supremo

Entre las opiniones discrepantes, la jueza Sonia Sotomayor expresó su desacuerdo en un escrito que critica que el fallo no se pronuncie sobre la legalidad de los intentos presidenciales de interferir en la administración estatal de las elecciones de noviembre de 2026. Para Sotomayor, la decisión "simplemente pospone la resolución de esas impugnaciones", sin aclarar si el poder ejecutivo ostenta la autoridad constitucional o legal para llevar a cabo las directivas presidenciales.

Por su parte, la jueza Ketanji Brown Jackson centró su disensión en que el Tribunal se limitó a considerar que la jueza federal Indira Talwani actuó prematuramente al bloquear la implementación de las disposiciones antes de que las agencias federales elaboraran planes para su aplicación en los 23 estados implicados.

Jackson acusó a la mayoría conservadora de "perder de vista el objetivo principal" al enfocarse en un argumento legal técnico y no en lo que ella interpreta como la finalidad real de la Administración Trump: "Obtener nuestro respaldo para su intento de fomentar el caos antes de las elecciones de noviembre".