Ortega en Nicaragua: “no volverá a haber elecciones”

“La democracia es el peor sistema de gobierno, a excepción de todos los demás”.

Sin duda, esta célebre frase atribuida a Winston Churchill ha sido repetida hasta el cansancio para justificar las virtudes del régimen democrático. Sin embargo, suele olvidarse que la democracia nunca prometió ser un sistema perfecto. No garantiza gobernantes honestos, decisiones acertadas ni sociedades libres de conflictos. Sin embargo, su principal fortaleza reside en la posibilidad de limitar el poder, someterlo al control ciudadano y reemplazar pacíficamente a quienes gobiernan cuando dejan de representar la voluntad popular.

Precisamente por ello es que la noticia proveniente de Nicaragua hace apenas unos días resulta tan inquietante. Durante el acto por el 46º aniversario de la Revolución Sandinista, el presidente Daniel Ortega afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” (Reuters, 2026). En definitiva, la declaración no proviene de un dirigente cualquiera. Ortega gobernó el país entre 1985 y 1990 tras liderar el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.

“No volverá a haber elecciones” –Ortega.

*Escrito por María Florencia Ortíz.

Luego de la finalización de su mandato y habiendo perdido las elecciones, Ortega permaneció en la oposición durante dieciséis años hasta regresar al poder en 2007, cargo que ocupa de manera ininterrumpida desde entonces. De esta manera, más allá de su impacto, las palabras del líder constituyen la culminación de un proceso de concentración del poder que desde hace años viene erosionando las instituciones democráticas, restringiendo el pluralismo político y eliminando progresivamente la competencia electoral.

En detalle, este proceso se manifestó mediante una serie de reformas constitucionales que eliminaron los límites a la reelección presidencial, seguidas de un progresivo control sobre el Poder Judicial y los organismos electorales. A ello se sumaron el cierre de medios de comunicación, la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y la persecución sistemática de dirigentes opositores. En esta línea, las elecciones presidenciales de 2021 –celebradas con la mayoría de los principales candidatos opositores detenidos o inhabilitados– fueron ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional por no reunir las condiciones de una contienda libre y competitiva.

No obstante, la verdadera pregunta que deja este episodio no se limita exclusivamente al caso nicaragüense. La cuestión que debería interpelarnos es mucho más amplia: ¿cómo puede una Democracia llegar al punto de aceptar la desaparición de aquello que constituye su esencia?

Cuando empezamos a indagar acerca de qué provoca el debilitamiento de un sistema democrático, la respuesta más inmediata consiste en responsabilizar exclusivamente a un líder autoritario. Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente, ya que ninguna democracia desaparece de un día para el otro, ni lo hace exclusivamente por la voluntad de quien ocupa el poder. Antes de que desaparezcan las elecciones, suelen deteriorarse [silenciosamente] las condiciones que las hacen posibles; las instituciones pierden independencia, los contrapesos dejan de funcionar, la oposición es deslegitimada y la ciudadanía comienza a naturalizar prácticas incompatibles con una convivencia democrática. Cuando finalmente se anuncia el fin de las elecciones, la democracia ya llevaba tiempo debilitándose.

Este fenómeno obliga a revisar una idea tan extendida como equivocada: creer que la democracia se reduce al acto de votar. Desde una perspectiva teórica, la democracia es mucho más que una elección periódica. El politólogo Robert Dahl, uno de los principales referentes de la teoría democrática contemporánea, sostiene que las democracias reales –a las que denominó poliarquías– solo pueden existir cuando convergen una serie de garantías institucionales indispensables, entre ellas:

“la libertad para formar y asociarse en organizaciones, la libertad de expresión, el derecho al voto, la elegibilidad para cargos públicos, el derecho de los líderes políticos a competir por apoyo, fuentes alternativas de información, elecciones libres y justas, y la existencia de instituciones que hagan depender las políticas gubernamentales de los votos y otras expresiones de preferencia” (Dahl, 1971, p. 3).

Las elecciones, por sí solas, no hacen –ni muchísimo menos sostienen– una “democracia”; sino que son apenas una de las condiciones necesarias para que esta exista. Entender esta diferencia resulta fundamental, ya que si aceptamos que la democracia consiste únicamente en “depositar un voto en una urna cada cierto número de años”, entonces cualquier gobierno que organice elecciones podría reclamar credenciales democráticas, incluso si controla los medios de comunicación, persigue a la oposición o concentra todo el poder en el Ejecutivo. La democracia, en cambio, es un sistema de reglas e instituciones cuyo objetivo principal no es garantizar que siempre gobiernen los mejores, sino impedir que alguien pueda gobernar sin límites.

Sin embargo, aquí aparece una de las mayores paradojas de la teoría política. Si la democracia permite que cualquier ciudadano compita por el poder, ¿qué ocurre cuando quienes llegan al gobierno utilizan esa legitimidad para desmantelar las propias instituciones democráticas?

¿Debe una democracia tolerar, en nombre de la libertad, a quienes buscan destruirla? ¿O tiene derecho –e incluso el deber– de defenderse?

La posibilidad de que una democracia acabe debilitándose desde adentro no es una preocupación nueva. Mucho antes de que expresiones como “retroceso democrático” o “autocratización” se incorporaran al vocabulario de la ciencia política, diversos pensadores ya advertían que el principal peligro para la democracia no siempre provenía de un golpe de Estado o de una invasión extranjera, sino de la utilización de sus propias reglas para vaciarla de contenido.

En ese sentido, el filósofo austríaco Karl Popper formuló una de las reflexiones más influyentes sobre los límites de las sociedades libres. En La sociedad abierta y sus enemigos (1945), desarrolló la conocida paradoja de la tolerancia, según la cual una sociedad que tolera de manera ilimitada a quienes buscan destruir la tolerancia termina, paradójicamente, perdiéndola. Como advierte el propio autor, “la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia” (Popper, 1945, p. 265). Si una comunidad democrática permite que actores intolerantes utilicen las libertades que el propio sistema les garantiza para eliminar esas mismas libertades, el resultado puede ser la desaparición de la democracia desde su interior.

Aunque Popper se refería principalmente a la tolerancia, su razonamiento puede trasladarse, sin demasiadas dificultades, al funcionamiento de los regímenes democráticos. La democracia se basa en principios como el pluralismo, la competencia política y la libertad de expresión.

Pero, ¿qué ocurre cuando un líder elegido democráticamente utiliza esa legitimidad para desmantelar la independencia judicial, restringir a la oposición o impedir futuras elecciones?

¿Debe una democracia permanecer pasiva en nombre del respeto irrestricto a la voluntad popular, aún cuando esa voluntad esté siendo utilizada para destruir las reglas que hacen posible la propia democracia?

Estas preguntas adquirieron una enorme relevancia durante el siglo XX, especialmente después del ascenso del nazismo en Alemania. Fue precisamente esa experiencia la que llevó al jurista alemán Karl Loewenstein (1937) a desarrollar el concepto de Democracia Militante (militant democracy). Su diagnóstico consistió en utilizar como ejemplo a la República de Weimar, la cual, según el autor, había sido incapaz de defenderse de quienes pretendían abolirla. Los movimientos antidemocráticos aprovecharon las libertades que el propio sistema les ofrecía para acceder al poder y, una vez allí, eliminar los mecanismos de control que limitaban su autoridad.

A partir de esa experiencia, Loewenstein sostuvo que la democracia no puede ser completamente neutral frente a quienes buscan destruirla. Un régimen democrático no solo tiene el derecho, sino también la responsabilidad de proteger las condiciones que garantizan su existencia. Como afirmó el propio autor, “si la democracia está convencida de que aún no ha cumplido su destino, debe combatir en su propio plano una técnica que solo sirve al propósito del poder. La democracia debe hacerse militante” (Loewenstein, 1937, p. 423). Esta protección no implica renunciar a la democracia ni justificar prácticas autoritarias; implica reconocer que ciertos principios –como la celebración de elecciones libres y competitivas, la separación de poderes, el respeto por las libertades fundamentales y la posibilidad real de alternancia política– constituyen el núcleo mismo del sistema democrático y, por lo tanto, deben ser preservados incluso frente a quienes pretenden eliminarlos.

Es aquí donde el caso de Nicaragua deja de ser una excepción latinoamericana para convertirse en un ejemplo de un problema mucho más amplio. Lo verdaderamente preocupante no es únicamente que un presidente anuncie que ya no habrá elecciones: lo preocupante es que esa declaración sea el desenlace de un proceso gradual de debilitamiento institucional que comenzó mucho antes y que fue erosionando, paso a paso, las condiciones mínimas que hacen posible una democracia.

Sin embargo, esta reflexión conduce inevitablemente a una nueva pregunta. Si la democracia necesita ciudadanos e instituciones dispuestos a defenderla, ¿de dónde surge esa convicción? ¿Qué impide que una sociedad apoye –o simplemente acepte con indiferencia– la desaparición de las libertades que durante tanto tiempo consideró irrenunciables?

Es en este punto donde la [Educación Cívica] deja de ser un comportamiento deseable y pasa a convertirse en una condición indispensable para la supervivencia de la democracia.

Ninguna Constitución, por sólida que sea, puede garantizar por sí sola la supervivencia del sistema democrático. Las instituciones necesitan ser respaldadas por una [Ciudadanía] que comprenda su función, valore su importancia y esté dispuesta a defenderlas cuando comienzan a debilitarse.

Un ciudadano no solo elige representantes; también comprende por qué existen la división de poderes, la libertad de prensa, la independencia judicial o el derecho de la oposición a competir por el gobierno. Entiende que esos principios no fueron diseñados para proteger a un partido político en particular, sino para limitar el poder de cualquier gobierno, independientemente de su orientación ideológica.

Es precisamente allí donde la educación cívica adquiere un papel irremplazable. Su objetivo no consiste en formar ciudadanos que piensen de una determinada manera, sino en formar ciudadanos capaces de distinguir entre una decisión política legítima y una alteración de las reglas del juego democrático. En otras palabras, la educación cívica no busca enseñar qué pensar, sino cómo comprender el funcionamiento de una democracia y por qué ciertas instituciones resultan indispensables para su preservación.

Cuando esa comprensión desaparece, también lo hace la capacidad de reconocer las señales de deterioro democrático. La concentración de poder puede comenzar a percibirse como una muestra de liderazgo; el debilitamiento de los controles institucionales puede interpretarse como una forma de “agilizar” la gestión; la persecución de la oposición puede justificarse en nombre del orden o de la estabilidad. Poco a poco, prácticas incompatibles con un régimen democrático dejan de generar rechazo y comienzan a [naturalizarse].

En este sentido, la fortaleza de una democracia no depende únicamente de la calidad de sus instituciones, sino también de la [calidad de su ciudadanía]. Ningún tribunal constitucional, ningún parlamento y ninguna constitución pueden sustituir el compromiso de una sociedad con los valores democráticos. Cuando una parte significativa de la población deja de considerar esenciales la alternancia política, el pluralismo o la libertad de expresión, las instituciones pierden el principal respaldo que garantiza su continuidad.

Sería un error concluir que esta reflexión se limita al caso de Nicaragua o que sólo resulta aplicable a regímenes claramente autoritarios. La historia reciente demuestra que el deterioro democrático es un proceso gradual: las instituciones pierden autonomía, los controles al poder se debilitan, la polarización política convierte al adversario en un enemigo y una parte de la ciudadanía comienza a aceptar restricciones a las libertades individuales siempre que estas beneficien a quienes considera “los suyos”.

En ese sentido, la mayor amenaza para las democracias contemporáneas radica en la creciente dificultad de las sociedades para distinguir entre la voluntad de una mayoría y los límites que toda democracia debe imponer al ejercicio del poder. Una mayoría puede elegir un gobierno, sí, pero ninguna debería tener la capacidad de borrar con el codo las reglas que garantizan que las minorías puedan convertirse en mayorías en el futuro.

Ese es el gran aporte de los autores analizados. Robert Dahl nos recuerda que la democracia requiere mucho más que elecciones; Karl Popper advierte que la tolerancia ilimitada puede conducir a la desaparición de la libertad; y Karl Loewenstein sostiene que las democracias deben ser capaces de protegerse frente a quienes buscan destruirlas desde adentro. En conjunto, estas ideas convergen en una misma conclusión: la democracia no es un estado permanente ni un logro definitivo, sino un equilibrio frágil que exige vigilancia constante.

Ahora bien, ninguna democracia puede vigilarse a sí misma. Esa tarea recae, inevitablemente, sobre los ciudadanos. De allí que la [educación cívica] no sea un mero complemento del sistema educativo, sino una condición indispensable que hace posible la supervivencia del propio régimen. Este es, quizás, el verdadero costo de vivir en democracia.

La experiencia nicaragüense constituye una advertencia porque demuestra que la erosión democrática rara vez se produce de manera abrupta. Las democracias no desaparecen de un día para otro; en cambio se debilitan lentamente, a medida que los ciudadanos dejan de percibir como esenciales aquellas instituciones que, durante décadas, garantizaron sus libertades.

Cuando Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, muchos interpretaron sus palabras como el fin de la democracia en ese país. Sin embargo, esta llevaba años siendo erosionada. Sin duda, la principal enseñanza que nos deja este caso es que las democracias, para sostenerse, necesitan de ciudadanos dispuestos a defender las instituciones democráticas incluso cuando el resultado electoral no les favorece.

Las Democracias no mueren cuando un gobernante anuncia que ya no habrá elecciones. En realidad, mueren cuando los ciudadanos dejan de comprender por qué esas elecciones –junto con todas las demás condiciones que las hacen libres y competitivas– merecen ser defendidas.

En definitiva, mientras el foco siga puesto en formar votantes y no ciudadanos [virtuosos], la democracia latinoamericana –por nacimiento, imperfecta– difícilmente encontrará un horizonte claro de fortalecimiento.

Dahl, R. A. (1971). Polyarchy: Participation and opposition. Yale University Press.

El País. (2026, 20 de julio). Daniel Ortega liquida la vía electoral en Nicaragua: “Aquí no volverá a haber elecciones”. El País. https://elpais.com/america/2026-07-20/daniel-ortega-liquida-la-via-electoral-en-nicaragua-aqui-no-volvera-a-haber-elecciones.htm

Loewenstein, K. (1937). Militant democracy and fundamental rights I. American Political Science Review, 31(3), 417–432.

Loewenstein, K. (1937). Militant democracy and fundamental rights II. American Political Science Review, 31(4), 638–658.

Popper, K. R. (1945). The open society and its enemies. Routledge.

Reuters. (2026, 20 de julio). Nicaragua’s Ortega says ‘never again’ for elections after two decades in power. https://www.reuters.com/world/americas/ortega-says-nicaragua-will-no-longer-hold-elections-2026-07-20/