Las educadoras recuerdan que el 0-3 "no es un negocio" ante un curso marcado por la privatización en Castilla-La Mancha

TOLEDO.-  A solo unos días de que las aulas vuelvan a abrir sus puertas, las profesionales docentes del primer ciclo de Educación Infantil vuelven a dar la voz de alarma sobre la preocupante situación que atraviesa el ciclo de 0 a 3 años en la región, inmerso en una paulatina privatización de la red pública municipal, acompañada de una falta de tutela efectiva por parte de la Consejería de Educación.

Un contexto en el que la 'marea amarilla' que la pasada primavera llenó las calles reclamando "dignidad para el 0-3", vuelve a alzar la voz ante el abandono que sufre la primera infancia por parte del sistema educativo, con leyes que vulneran los derechos de los pequeños y de sus profesionales.

Situación sobre la que llaman la atención desde la Asociación de Profesionales de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha, que recuerda que la educación de 0 a 3 años "no es un negocio", denuncia el "abandono" de los centros municipales por parte de los ayuntamientos y la falta de fiscalización por parte de la Junta del uso que hacen de los fondos públicos.

Las educadoras denuncian así la "falta de voluntad política" de diversos ayuntamientos que no priorizan la educación infantil dentro de sus presupuestos locales. Y es que, en lugar de asumir directamente un servicio público "esencial para la infancia y la conciliación", algunas corporaciones locales optan por externalizar la gestión a empresas privadas, las cuales, por su propia naturaleza mercantil, buscan la rentabilidad económica. Así, en el momento en el que "los números no les salen o el servicio deja de ser lucrativo, abandonan las licitaciones o cierran las instalaciones, dejando desprotegidas a las familias y destruyendo de forma intempestiva puestos de trabajo cualificados".

Tres ejemplos de los efectos del libre mercado

En este sentido, desde la asociación señalan varios ejemplos en la región de las consecuencias de someter las aulas al libre mercado.

Uno de ellos es el de Toledo capital, donde el Ayuntamiento ha adjudicado "in extremis y por trámite de urgencia la gestión de las tres escuelas infantiles municipales", un "parche temporal" de tres meses tras el colapso del concurso público y la salida de la anterior concesionaria, sumiendo a las 54 trabajadoras y a más de 300 familias en una "inestabilidad absoluta" a pocos días de la apertura de las aulas.

Pero no es el único caso, en Quer, en la provincia de Guadalajara, después de encadenar licitaciones desiertas por falta de inversión municipal, la escuela 'Las Setitas' se enfrenta a una amenaza de cierre inminente, a solo dos semanas del inicio de curso, "dejando en la calle a los menores admitidos y provocando el despido de su personal educativo".

Mientras, el El Carpio de Tajo (Toledo), después de beneficiarse de fondos europeos durante un periodo determinado, el Ayuntamiento ha traspasado la gestión de la escuela infantil a una empresa privada al finalizar la subvención, dejando a las educadoras en una "total incertidumbre" sobre su futuro laboral.

Pero a esta falta de compromiso municipal suman el papel de la Consejería de Educación, que si bien años atrás garantizaba la viabilidad de las escuelas infantiles municipales vía convenios de colaboración estables, que sufragaban directamente los costes de personal y mantenimiento, ha abogado por un modelo que se limita a "la mera canalización de fondos europeos coyunturales".

Desde la asociación denuncian que "no basta con gestionar la llegada de millonarias partidas comunitarias para luego transferirlas sin condicionalidad a las entidades locales y desentenderse de su ejecución".

Ven así "inadmisible" que los recursos públicos destinados a consolidar la educación de la primera infancia se entreguen a los ayuntamientos "sin exigir que se vinculen de forma obligatoria a la gestión pública directa, permitiendo que terminen alimentando la contratación de empresas privadas o quedando inoperativos cuando la licitación fracasa".

Decisiones "irresponsables"

Una cadena de decisiones "irresponsables" que sufren de lleno tanto las profesionales del sector como las familias de la región.

Subrayan así la "incertidumbre" absoluta para las familias, que a escasos días del inicio de las clases viven muchas de ellas sin saber si la escuela  infantil de sus hijos abrirá sus puertas. Así, casos como el de Quer, dejan a familias enteras "vendidas a última hora", destruyendo su conciliación laboral y personal.

Junto a ello se encuentran las contrataciones a la baja y la devaluación profesional, puesto que con el objetivo de abaratar costes las gestoras privadas recurren sistemáticamente al fraude de subclasificar al personal, contratando a técnicas superiores en Educación Infantil bajo categorías inferiores, como cuidadoras, auxiliares o personal de apoyo, negando así el reconocimiento a su titulación oficial y recortando drásticamente sus salarios.

A ello se suman la precariedad y la temporalidad que sufren estas profesionales, puesto que la renuncia a la gestión pública directa somete a las educadoras a sueldos ajustados al SMI, contratos temporales y al riesgo constante de perder su puesto de trabajo de la noche a la mañana.

Además, subrayan, sin esa estabilidad laboral ni el reconocimiento profesional adecuado resulta imposible asegurar la continuidad pedagógica y afectiva que exige la etapa de 0 a 3 años.

Exigen un cambio de rumbo

De cara al inicio del nuevo curso, desde la Asociación de Profesionales de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha exigen "un cambio de rumbo" antes de la apertura de las aulas.

Reclaman así un compromiso inequívoco con la gestión pública directa, de modo que los ayuntamientos asuman las escuelas infantiles como servicios "esenciales e irrenunciables", garantizando su financiación y rechazando la privatización del ciclo.

Del mismo modo, piden que la Junta de Comunidades retome un modelo de financiación autonómica directo y estable para gastos de personal y mantenimiento, ejerciendo un control "real" sobre la red 0-3 e interviniendo cuando un consistorio ponga en riesgo un centro o el empleo de sus trabajadoras.

Por último, exigen la obligatoriedad de contratar al personal bajo la categoría profesional que corresponde a su titulación (técnico superior en Educación Infantil), erradicando las contrataciones encubiertas como personal cuidador.

Un marco regulatorio unificado

Además, reclaman a la Junta el desarrollo "ineludible" de un marco regulatorio autonómico unificado, que sea de obligado cumplimiento para todos los centros del ciclo 0-3 de la región, sea cual sea su titularidad (autonómica, municipal o privada).

Y es que, recuerdan, actualmente existe "un vacío legal" y una "enorme desigualdad" en la calidad de la atención educativa según la escuela a la que se acuda.

Por ello exigen una normativa autonómica que "obligue por igual" a todas las escuelas a implementar la pareja educativa en el aula, a garantizar los apoyos pedagógicos indispensables para la inclusión real de niños con necesidades educativas especiales, a habilitar mecanismos de cobertura inmediata para las bajas laborales y a dignificar el papel de las profesionales para alcanzar una educación verdaderamente inclusiva y de calidad.

Concluyen así recordando que la educación de 0 a 3 años es un derecho fundamental de la infancia y un pilar social básico, "no una carga prescindible para los ayuntamientos ni un nicho de mercado para el sector privado".