Sinaloa, México | 29 de junio 2016 | Mario Martini| P23
Las guerras no siempre comienzan con un disparo. A veces empiezan con una llamada telefónica, una reunión discreta, una conversación en una oficina diplomática o más recientemente con un expediente que cruza la frontera.
Eso es, precisamente, lo que deja entrever el reportaje publicado por The New York Times, en el que, citando a fuentes conocedoras de los encuentros, sostiene que unos 12 funcionarios electos mexicanos habrían establecido contactos reservados con autoridades estadounidenses para compartir información sobre presuntos vínculos entre políticos y organizaciones criminales.
Si el reportaje resulta cierto, estamos frente a una filtración periodística que puede escalar en las siguientes semanas hasta convertirse en un verdadero terremoto político.
No porque Estados Unidos investigue a funcionarios mexicanos -eso ocurre desde hace décadas-, sino porque ahora serían integrantes del propio sistema político mexicano quienes estarían en el foco de las investigaciones del Departamento de Justicia.
Visto así, el enemigo ya no estaría solamente afuera sino también estaría sentado en la misma mesa, listo para operar como quinta columna.
Según el diario estadounidense, varios de esos contactos responderían al temor de algunos actores políticos de convertirse en objetivos de futuras investigaciones penales en Estados Unidos. En palabras coloquiales: ponerse el huarache antes de espinarse. Alejarse antes de que la lumbre les llegue a los aparejos porque, según las aseveraciones del NYT, les llegará.
Naturalmente, son revelaciones periodísticas sustentadas en fuentes confidenciales, cuya veracidad deberá acreditarse o desmentirse en los siguientes días.
Pero, como sabemos, la política se mueve antes que los tribunales. Y en este contexto las percepciones también gobiernan porque cuando la percepción dominante es que existe una fractura interna, el daño comienza antes de que aparezca la primera orden de aprehensión.
Morena enfrenta quizá el mayor dilema político desde su llegada al poder. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una posición pública de defensa de la soberanía nacional y rechaza cualquier injerencia extranjera, el reportaje sugiere que dentro del propio movimiento existirían actores buscando interlocución directa con Washington.
Si ello fuera cierto, la principal crisis no sería diplomática. Sería de confianza porque ningún proyecto político puede caminar cuando sospecha que algunos de sus propios cuadros están entregando información al exterior.
Ante esta revelación, cobra sentido la ira del senador Gerardo Fernández Noroña, cuando supo que el general Gerardo Mérida cruzó la frontera norte para entregarse voluntariamente a las autoridades norteamericanas. Ahí puede haber empezado la fisura de la cuarta transformación.
En Sinaloa, el impacto potencial del reporte adquiere una dimensión todavía mayor. La salida del exgobernador Rubén Rocha Moya modificó el tablero político del estado y buena parte de los aspirantes que hoy buscan la candidatura de Morena construyeron su carrera dentro de ese mismo grupo político.
No significa, desde luego, que exista responsabilidad alguna de quienes hoy participan en el proceso interno. Pero sí implica que cualquier investigación internacional relacionada con ese entorno inevitablemente proyectará sombras sobre una sucesión que apenas comienza.
Durante años, Estados Unidos concentró buena parte de sus esfuerzos en perseguir a los grandes capos del narcotráfico. Hoy la atención parece dirigirse hacia las estructuras institucionales que, eventualmente, habrían permitido su operación.

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