Gobierno remite la Ley de Inversiones a la Asamblea: busca garantizar seguridad jurídica, frenar expropiaciones unilaterales y generar empleo

11 de agosto de 2026, 22:25

La Paz, 11 de agosto de 2026 (Panamericana).– El Órgano Ejecutivo remitió formalmente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el esperado proyecto de Ley de Inversiones, una normativa diseñada para transformar el modelo económico del país. El objetivo central de la propuesta es atraer capitales nacionales y extranjeros, brindar predictibilidad a los empresarios y ordenar el marco jurídico tras dos décadas de rezago en la captación de inversiones.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, destacó a través de sus canales oficiales que esta iniciativa es fundamental para desarrollar las capacidades productivas y generar empleo masivo, evitando así la fuga de talentos de las nuevas generaciones. “Para crecer necesitamos inversiones para los pequeños, los medianos, los grandes y necesitamos seguridad jurídica”, señaló el mandatario, asegurando que los recursos naturales continuarán protegidos bajo la cobertura de la Constitución Política del Estado.

Tres pilares y la creación de la Agencia Nacional de Inversiones

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinosa, desglosó los alcances del documento de 103 artículos. Señaló que Bolivia necesita "naturalizar" la inversión, tras registrar cifras alarmantes de apenas 50 a 60 millones de dólares de inyección de capital minero en el último año, frente a los 15.000 millones en intenciones de inversión captados por países vecinos como Argentina.

Para revertir este escenario, el proyecto se sostiene en tres pilares: convertir a la inversión en un hecho normal de la economía, establecer un sistema de incentivos basado en el principio de "buena fe" del Estado hacia el contribuyente (eliminando la extrema burocracia desconfiada), y ordenar la normativa dispersa.

Para operativizar estos objetivos, se proyecta la creación de la Agencia Nacional de Inversiones. Esta entidad, que entraría en funcionamiento en un plazo no mayor a 90 días tras la promulgación de la ley, ejecutará estrategias de priorización y promoción de capitales en el exterior a través de representaciones consulares. La mirada gubernamental ya no se limitará a la matriz extractivista de hace 20 años, sino que apuntará a sectores del futuro como la logística, inteligencia artificial, economía digital, y energías alternativas, con especial énfasis en el hidrógeno y la energía solar.

Freno a nacionalizaciones arbitrarias y aval al arbitraje internacional

Uno de los puntos más relevantes de la norma es la restricción a las expropiaciones o estatizaciones guiadas por intereses políticos. El ministro Espinosa explicó que, en el pasado, los beneficios políticos de las nacionalizaciones los tomaba la autoridad de turno, mientras que el Estado terminaba asumiendo los millonarios costos de los laudos arbitrales tiempo después.

Con la nueva ley, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo podrá tomar decisiones unilaterales de expropiación. Cualquier medida de esta magnitud requerirá una Ley de Prioridad Nacional aprobada de forma obligatoria por el Congreso y deberá reconocer el valor patrimonial real de los activos afectados. Además, Espinosa aclaró que, sin necesidad de entrar en debates de modificación constitucional, la normativa aprovechará los tratados internacionales vigentes (como los del Mercosur y la CAN) para habilitar escenarios de arbitraje internacional que otorguen garantías reales a los grandes inversionistas.

Combustibles, reservas e inflación controlada

Aprovechando la comparecencia ante los medios, la autoridad económica respondió a las crecientes inquietudes ciudadanas sobre el desabastecimiento de diésel y gasolina. Descartó enfáticamente que la escasez en los surtidores responda a una crisis financiera por falta de divisas, revelando que las Reservas Internacionales del Banco Central ascienden actualmente a cerca de 600 millones de dólares, un salto significativo frente a los críticos 51 millones de dólares encontrados al inicio de la gestión (que no alcanzaban ni para una semana de importación).

Espinosa atribuyó el problema de los carburantes a deficiencias logísticas e institucionales heredadas en YPFB, y al desvío de los combustibles subvencionados hacia el contrabando y la reventa. Finalmente, garantizó que cualquier ajuste macroeconómico priorizará la protección social, destacando como un logro de gestión que el mes de julio cerró con una inflación negativa a nivel general, lo que marca un inicio de estabilización para el poder adquisitivo de las familias bolivianas.