Reynaldo muere en el cuartel: dudas, versiones y un caso abierto

A Reynaldo Javier Charca le faltaban tres meses para volver a casa. Tenía 19 años. Había dejado Potosí para cumplir el servicio militar en el puesto adelantado del Regimiento de Infantería 35 “Bruno Racua”, en Pando. Su muerte interrumpió ese conteo y abrió una disputa de versiones. El Ejército sostiene que se trató de un ahogamiento accidental. Su familia rechaza esa versión y denuncia un asesinato, al afirmar que el cuerpo estaba sin ojos ni riñones.

Reynaldo era oriundo de la localidad de Moscoma, en la provincia Alonso Ibáñez. Ingresó al cuartel en el segundo escalón de 2025 y debía concluir su servicio a la Patria en junio de este año. Máxima, su hermana, sostiene que no padecía ninguna enfermedad y que sabía nadar muy bien, por lo que rechaza la versión de un ahogamiento. Además, afirma que inicialmente militares intentaron impedir la apertura del ataúd, bajo el argumento de que estaba sellado; sin embargo, la familia logró abrirlo y, según su testimonio, el cuerpo estaba sin ojos ni riñones.

Las explicaciones que recibió la familia sobre las circunstancias de la muerte también sembraron dudas. Les informaron que se habría ahogado. Desde la Policía, el comandante departamental de Pando, Erland Monasterios, señaló que, según la versión proporcionada, la tarde del hecho los conscriptos realizaban tareas de limpieza cerca de un río, cuando uno de ellos escuchó los gritos de su camarada y, al acudir en su auxilio, este ya había perdido la vida.

Sin embargo, un informe del Comando General del Ejército sostiene otra secuencia. Señala que Reynaldo se encontraba lavando su ropa y aseándose en las orillas del río Rapirrán y que, debido al caudal, habría terminado ahogándose.

Por la proximidad, el soldado habría sido trasladado para recibir auxilio a Capixaba, en territorio brasileño. Murió el 8 de marzo, cerca de las 17:00. Dos informes intentan explicar lo ocurrido. Un certificado de defunción emitido en Brasil consigna como causa “ahogamiento en agua dulce” y añade “hemoperitoneo”, es decir, presencia de sangre en la cavidad abdominal, con las causas aún por esclarecer.

El otro documento es una necropsia firmada por una médica forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, que establece como causa de muerte “anoxia anóxica, oclusión intrínseca de vías respiratorias por contenido líquido y gástrico y asfixia mecánica por sumersión”, lo que significa falta de oxígeno provocada por la entrada de líquidos que bloquearon las vías respiratorias.

Al respecto, el fiscal departamental de Pando, Freddy Durán, informó ante los medios que el cuerpo del soldado presentaba cortes y suturas compatibles con una autopsia en las regiones craneal, torácica y abdominal. Precisó, sin embargo, que las investigaciones continúan en curso y que se abrió un proceso contra autor o autores por el presunto delito de homicidio. Adelantó que en los próximos días se realizará una inspección y reconstrucción de los hechos, para lo cual se citará a varias personas.

Por su parte, el Comando General del Ejército, mediante un comunicado, señaló que coadyuva con el Ministerio Público en las investigaciones y que instauró un sumario informativo con el fin de esclarecer las circunstancias de la muerte. También expresó su rechazo a lo que considera desinformación en redes sociales.

Máxima, junto a su madre, quien solo habla aymara, estuvo hace unos días en La Paz para exigir justicia por Reynaldo y denunciar las irregularidades que, aseguran, detectaron en el proceso. El cuerpo llegó a Oruro el 11 de marzo. Según su testimonio, uno de los aspectos que más les llamó la atención fue el intento de impedir que vieran el cuerpo del dragoneante; finalmente lograron abrir el ataúd para despedirse y, en ese momento, habrían constatado la ausencia de ojos y riñones.

La familia exige el esclarecimiento del caso y que se establezcan responsabilidades. Su testimonio activó la atención de distintas instancias. La diputada Basilia Cruz presentó el jueves una petición de informe escrito para que el ministro de Defensa, Marcelo Salinas, explique en qué circunstancias murió Reynaldo Javier. El requerimiento incluye una decena de preguntas orientadas a precisar lo ocurrido y las condiciones en las que el conscripto prestaba servicio.

En la misma línea, la Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), solicitó un Requerimiento de Informe Escrito (RIE) al Ministerio de Defensa para conocer detalles del deceso. Desde el 10 de marzo, la institución inició gestiones destinadas a garantizar la debida diligencia en la investigación y recomendó la aplicación del Protocolo de Minnesota, estándar internacional para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

“El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, envió un requerimiento de informe escrito al ministro de Defensa para conocer cuáles fueron las órdenes operativas el día del suceso, los protocolos de seguridad aplicados cerca del río – considerando que existe normativa al respecto –, las medidas de auxilio activadas y si hubo cumplimiento de los protocolos militares o posibles hechos de negligencia”, informó la delegada defensorial departamental de Pando, Cinthya Jordán.

La autoridad explicó que, tras tomar conocimiento del fallecimiento, el MNP abrió el caso de forma inmediata y tomó contacto con el comandante de la Primera División, quien informó que se había iniciado un sumario informativo militar y que se gestionaba el traslado del cuerpo desde territorio brasileño hasta Cobija. De forma paralela, la Defensoría coordinó con la Policía Departamental la apertura de una investigación y estableció contacto con la Fiscalía.

Jordán señaló que, pese a haber solicitado información inicial al comandante de la Primera División, no se obtuvieron los datos necesarios para ubicar a la familia, debido a que la autoridad militar indicó que, conforme a instructivos vigentes, este tipo de información debía canalizarse primero a través del Ministerio de Defensa. A pesar de ello, la Defensoría continuó con las gestiones y el 19 de marzo sostuvo una reunión con los familiares del conscripto, a quienes brinda acompañamiento.

Actualmente, la Delegación Defensorial Departamental de Oruro asiste a la familia en trámites como el seguro ante Univida, mientras que la oficina de Pando mantiene el seguimiento al debido proceso, las acciones investigativas y el desarrollo del sumario informativo militar.

Las muertes de conscriptos durante el servicio militar siguen ocurriendo en Bolivia. El país se mantiene entre los pocos de Sudamérica donde esta prestación es obligatoria, una condición que marca el paso de miles de jóvenes por los cuarteles. En ese contexto, lo que debería ser parte de su formación cívica, en algunos casos, termina en desenlaces fatales.

Entre 2011 y 2023, al menos 62 conscriptos murieron mientras cumplían el servicio militar, en circunstancias que, en varios casos, fueron calificadas como abusivas o violentas. El dato forma parte de la investigación “Cuarteles de la muerte: El lado oscuro del servicio militar en Bolivia”, publicada el 18 de julio de 2024 en OPINIÓN.

El mismo reportaje advierte que la falta de información judicial impide esclarecer todas las causas de muerte y, en consecuencia, identificar responsabilidades. Los expedientes incompletos, las versiones contradictorias y los procesos inconclusos configuran un escenario en el que varias de estas muertes quedan sin una explicación definitiva.

En ese marco, el caso de Reynaldo Javier Charca se suma a una problemática que persiste y que vuelve a poner en cuestión las condiciones en las que los jóvenes cumplen el servicio militar, así como las garantías del Estado para resguardar sus vidas.