Ecuador no queda lejos

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Después de un descanso por fin de año, La Volanta vuelve para seguir contando casos e historias que nos interesa que sepas.

Por ser el primer boletín del año – por cierto, feliz 2024, que sea un gran año para todos – esta vuelta venimos con una especie de reflexión mirando lo que pasó en Ecuador y lo cerca o lejos que estamos de este tétrico escenario. Ya volveremos con nuestro esquema habitual.

Sean todos bienvenidos. Gracias por estar.

Eran cerca de las dos de la tarde en Ecuador, cuando la transmisión del canal TC quedó interrumpida. Un grupo de hombres fuertemente armados ingresó en pleno programa de TV de dicho canal y tomó como rehenes a los periodistas que estaban trabajando. En vivo y en directo, todo el país – y a los pocos minutos, casi toda la región – fue testigo de cómo los trabajadores del canal de Guayaquil eran amenazados y golpeados.

Las imágenes recorrieron el mundo rápidamente. El nuevo presidente ecuatoriano, Daniel Novoa, dijo que su país atraviesa una “guerra” contra los grupos armados, pandillas o células del narcotráfico.  Pocos días después, el fiscal que tenía que investigar la toma al canal, fue asesinado en su auto, en plena ciudad.

Lo ocurrido en Ecuador es la exposición más intensa y reciente de la barbarie que se vive en Sudamérica respecto al crimen organizado.

Pero, detrás de estos jóvenes enmascarados tomando este piso de televisión, poniendo bombas en el bolsillo del periodista, apuntando con armas a los trabajadores del canal, hay toda una historia. Una historia que tiene demasiados elementos que nos deben llamar la atención.

Lo que hemos visto sobre lo que sufre Ecuador incluye muchos factores, pero hay cuestiones puntuales que se fueron sumando para terminar con este escenario: el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero, la corrupción, la política y el Estado. Todos esos condimentos entrelazados. Un cóctel que los ecuatorianos ya veían venir -algunos lo denunciaban a través de la prensa- pero que jamás pensaron que llegaría a estos niveles.

Para entender un poco más sobre lo que ocurre en Ecuador, conversé con la periodista Daniela Aguilar, ella es fundadora y editora del portal LaHistoria.ec, un medio independiente que cubre los temas actuales de ese país y la región.

Según Aguilar, lo que hoy el mundo ve de lo que ocurre en Ecuador, no es el resultado de algo que se dio de la noche a la mañana. “Esto se venía fraguando desde hace tiempo”, dice.

“Ecuador ha sido durante los últimos 10 años o más, un terreno sumamente fértil para la operación de bandas narco delictivas, tenemos muchos factores, que nos hacen vernos tan atractivos para el mundo criminal”, señala Aguilar.

Menciona, en ese sentido, la cuestión geográfica, ya que este país tiene fronteras con Colombia y Perú, dos países con mucha producción de cocaína.

“Ecuador ha sido durante los últimos 10 años o más, un terreno sumamente fértil para la operación de bandas narco delictivas, tenemos muchos factores, que nos hacen vernos tan atractivos para el mundo criminal” Daniela Aguilar.

Habla de las fragilidades en los controles de los puertos de la ciudad de Guayaquil, donde se ubican los que más contenedores mueven en toda la región sudamericana. Aguilar cuenta que recién en estos últimos meses se ha tomado la determinación de usar escáneres para controlar las cargas que salen de Guayaquil.

Esta situación, de tener salida al Pacífico y llegar a Europa en miles de contenedores, convirtió a la zona en un sitio ideal para el crimen organizado. “Por eso Guayaquil es un territorio tomado por varias bandas que tienen contactos con agrupaciones mexicanas, por un lado, está el cartel de Sinaloa y el otro el cartel Jalisco Nueva Generación”, expone Aguilar.

Aguilar habla de otros escenarios que se fueron dando que consideran muy importantes en esta historia. La permeabilidad que ha mostrado su país para el lavado de activos en los últimos años es un elemento clave.

“La principal institución que debería controlar el lavado de dinero, que es la Unidad Antilavado de Activos, ha estado prácticamente desmantelada en los últimos gobiernos”, dice la periodista.

Habla también de muchísima corrupción en todos los niveles. En ese sentido, señala que, en una reciente investigación realizada por la Fiscalía de Ecuador, se comprobó la alta filtración que tenía el narcotráfico en las decisiones judiciales de su país.

Según Aguilar, el operativo del Ministerio Público ecuatoriano, denominado “metástasis”, demostró la conexión de narcotraficantes con policías y jueces. “Se descubrió que había carros de policías que fueron comprados por un narcotraficante. O que se les pagaba a jueces, pero no hablamos de sumas pequeñas, estamos hablando de pagos de USD 200.000, USD 500.000”, indica Aguilar.

El panorama que expone Aguilar indica una tremenda debilidad institucional por parte del Estado ecuatoriano.  Por ejemplo, menciona que uno de los puntos que los grupos criminales tomaron fueron las cárceles ecuatorianas, desde donde se fortalecieron y controlaron varios negocios que se extendían por fuera de los recintos penitenciarios.

Y tiene, en efecto, demasiados condimentos para establecer paralelismo con lo que tenemos en Paraguay.

Aguilar dice que, en los primeros años, cuando los grupos criminales tenían sus primeras apariciones, nadie pensaba que se llegaría a lo que finalmente pasó, que tomen las calles, los estudios de televisión, con total impunidad. “Cuando arrancó todo esto, se decía que era entre ellos, problemas entre narcos, pero después la violencia fue escalando”, asegura la periodista.

Nuestro país, con sus propios matices, está siguiendo los pasos que llevaron a la hermana nación ecuatoriana a la situación crítica que enfrenta hoy. Y esta afirmación no parte de una cuestión antojadiza, sino se sustenta en hechos, en datos y en estadísticas.

En Paraguay, el crimen organizado hace tiempo ha tomado sectores muy importantes del Estado paraguayo.

Si bien hay estudios académicos, documentales, testimonios e informes periodísticos que relatan sobre la incursión del narcotráfico en la vida del país desde los años 70 y 80, todavía bajo la dictadura de Alfredo Stroessner; lo que hemos vivido en los últimos 15 años, ya con la llamada "transición democrática", ha sobrepasado aquellos inicios en varios sentidos.

Lo que anteriormente se reducía a ciertos grupos de poder fáctico - vinculados con elementos políticos, militares, policiales - hoy parece ser casi un sistema. Y un sistema que ha perforado todos los resortes políticos, sociales y especialmente, el judicial, de nuestro país.

Un rápido repaso mental sobre políticos con cargos públicos que fueron investigados por sucesos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero nos lleva a un caso muy reciente e importante: el del senador cartista Erico Galeano.

Este empresario que saltó a la arena política a mediados del 2000 ganó terreno muy rápido. De la mano de Horacio Cartes, ingresó al movimiento cartista. Fue diputado primero y luego senador. Estando justamente como legislador fue que el Ministerio Público le imputó, luego del operativo "A Ultranza Py", considerado el mayor operativo en la historia del país contra el crimen organizado, realizado en febrero de 2022.

Según los investigadores, Galeano era un elemento clave para la logística del esquema que había expuesto al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hoy perseguido en todo el mundo. En la avioneta de Galeano, el narco Marset habría hecho varios vuelos, según las investigaciones. La Fiscalía imputó al senador Galeano por lavado de dinero y asociación criminal. Además, pidió que vaya a prisión.

Nada más alejado de la realidad. Galeano consiguió prisión domiciliaria y como si fuera poco, además obtuvo un permiso especial para poder asistir al Congreso Nacional cada día que tenga sesión. A pesar de ser considerado un factor determinante en el esquema por parte de los investigadores, el senador es el único procesado de los 15 investigados que goza de esta medida.

Por supuesto que el caso de Galeano no es el único. Sí, sea, posiblemente, el más notable. En el sentido de las formas de justicia e injusticias en este país. Y de cómo lo involucrado con crimen organizado va terminando en impunidad.  

Otros casos de legisladores conocidos son los de la exdiputada por la ANR, Cynthia Tarragó, que fue condenada en los Estados Unidos por ser considerada "apoyo logístico" para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En esa misma línea se puede mencionar al exdiputado Ulises Quintana, también dirigente de la ANR, que estuvo imputado e investigado en el operativo "Berilo".

Un trabajo de recopilación muy interesante, realizado en junio de 2023 por el medio alternativo Hína, reúne a 26 políticos colorados investigados o imputados por sus conexiones con el crimen organizado o lavado de dinero. Varios de ellos, senadores, candidatos a presidentes y demás.

El mismo Horacio Cartes, actual presidente de la ANR y cuyo protagonismo en las decisiones del gobierno es indisimulable, fue designado "significativamente corrupto" por el Gobierno de los Estados Unidos, que además mencionó supuestas ayudas durante su administración a organizaciones terroristas internacionales.

Después, Cartes fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense por su "participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay".  En esa misma situación está el exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, también político colorado.

Estas supuestas conexiones con la mafia de referentes del partido de gobierno no son nuevas en Paraguay, pero no por eso dejan de ser preocupantes. Un caso muy concreto, pesado y que quita mucha credibilidad a nuestra democracia es lo ocurrido con el fiscal antimafia, Marcelo Pecci.

Considerado quizás el mejor fiscal en la lucha contra el crimen organizado de Paraguay, Pecci fue muerto a balazos en plena playa colombiana, cuando estaba de vacaciones. Es el primer caso, en toda la región, que a un fiscal que investiga el Crimen Organizado es asesinado fuera de su país.

A pesar de la importancia, de lo trascendente del caso, en Paraguay no hay avances respecto a los responsables intelectuales de este crimen. Todo lo que se tiene, las personas detenidas en Colombia, se logró gracias a las investigaciones de la fiscalía colombiana.

En Paraguay, lo máximo que consiguió hasta ahora la familia de Pecci es que la anterior fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, escriba un libro "de homenaje" a Marcelo. Ya pasó más de año de su asesinato. Sus asesinos intelectuales siguen libres.

En octubre de 2023, en La Volanta publicamos un caso bastante significativo: Iuri Silva de Gusmão, alias leao, guardia de seguridad del narcotraficante brasileño Antonio Joaquim Mendes Goncalvez da Mota, alias Motinha, dijo que trabajó para brindar seguridad a Santiago Peña, cuando el hoy presidente hizo su campaña política en Pedro Juan Caballero, en noviembre de 2022.

Iuri es un exmilitar brasileño que tenía a su cargo a un grupo de mercenarios a cargo de la seguridad de "Motinha". La policía de Brasil lo apresó a finales del 2022, luego de un gran operativo antinarcotráfico. Ese día, el blanco de los policías era "Motinha", pero, advertido por alguien, el narco se escapó de donde estaba un día antes.

En su declaración testifical ante la Fiscalía de Brasil, Iuri dijo que trabajó para Peña por expreso pedido de Motinha. Incluso, hay fotos del día en que hizo, junto a algunos de los mercenarios, la cobertura de seguridad.

Desde la Presidencia negaron categóricamente cualquier tipo de acercamiento con Iuri Da Silva. Dijeron que Peña, durante su campaña, tenía su propio equipo de seguridad, por lo que no hacía falta buscar más gente.

El caso jamás fue investigado por el Ministerio Público paraguayo.

En estas últimas semanas, se dio a conocer un informe del Índice Global de Crimen Organizado de 2023. Paraguay ocupa los primeros puestos en todos los niveles. Está en primer lugar en lo que se refiere a tráfico de armas en la región latinoamericana y está entre los tres países en "actores criminales".

Esto de "actores criminales" mide el crecimiento que ha tenido el país en varios puntos, como grupos mafiosos, redes criminales, actores integrados al Estado, actores extranjeros y del sector público. En todos estos ítems, Paraguay aparece con altas puntuaciones.

El informe también indica que Paraguay está al nivel de Nicaragua, Haití, Venezuela, Suriman y Belice respecto al Lavado de dinero. Y dice: "...países en los que prevalece la máxima ineficacia para luchar contra el lavado de dinero".

En estos días, todos estamos siendo testigos de cómo aparecen marcas que, de la nada misma, invierten millones de dólares en publicidad por todos lados, comprando o auspiciando eventos, compañías, empresas enteras. ¿Será que nadie puede preguntar al menos, cómo se dan estos casos de éxitos exagerados? ¿Es posible no pensar mal?

El pasado 4 de enero de 2024, el presidente de la República Santiago Peña ofreció un homenaje a los militares que participaron del operativo "Veneratio", que permitió al gobierno retomar el control de la cárcel de Tacumbú, hasta antes de eso, bajo el dominio del clan Rotela, un grupo autóctono que le ganó el control de la principal penitenciaría del país a la siempre terrible y temible banda PCC de Brasil.

Sin embargo, el homenaje pasó casi desapercibido. A esas mismas horas, desde un establecimiento ganadero de la Colonia Piky, del departamento de Amambay, una zona roja fronteriza con Brasil llegaba la información sobre la ejecución de seis personas en este lugar. Estaban casi desnudos, maniatados y con varios disparos en la cabeza y espalda. Todos los elementos apuntan a un ajuste de cuentas del tipo narco.

En Ecuador, hoy están con el terror en las calles, en las casas, en todos lados. El fiscal que tenía que investigar la toma de los canales fue asesinado a balazos. Parece que no hay esperanzas. Los especialistas coinciden que todo esto se desbordó después de que el crimen organizado se haya filtrado con tanta fuerza en la política y en la justicia local, que todo quedó bajo el poder del crimen.

El viernes 19 de mayo de 2023, mientras desde la oficina de la Fiscalía salía la imputación contra Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal por el caso "A Ultranza Py", el senador estaba oficiando un asado en su quinta de Capiatá, rodeado de amigos, correligionarios y de políticos: Entre ellos estaban el vicepresidente Pedro Alliana y el actual presidente de la República Santiago Peña.

Feliz 2024 para todos. Que Dios (si existe) nos acompañe.

Este boletín fue corregido por Lilian Sánchez, docente de Lengua castellana y Literatura y correctora.