LA CUARTA ARGENTINA Y El DESARROLLO NACIONAL

En agosto de 2026, el grupo industrial más grande de la Argentina publicó un estudio que afirma, contra el clima de época, que contar con una estructura industrial diversificada es un privilegio estratégico. Detengámonos en la palabra: privilegio. No lastre, no herencia incómoda del pasado sustitutivo, no ineficiencia que el mercado se encargará de podar. Algo que se hereda, que muy pocos países en desarrollo poseen con esta profundidad, y que puede perderse en una sola generación distraída.

Nueve meses antes, una fundación de matriz reformista y liberal, cercana al esfuerzo de estabilización, había advertido que la macroeconomía ordenada no se sostiene políticamente sin crecimiento. Y a fines de 2024, un centro de estudios de centroizquierda publicó una hoja de ruta que se atrevía a algo infrecuente entre nosotros: jerarquizar qué industrias merecen ser impulsadas y cuáles ya no. Techint, CIPPEC, Fundar: tres domicilios ideológicos que no comparten mesa, ni tradición, ni electorado, y que en cualquier panel televisivo estarían en veredas enfrentadas. En veinte meses, sin coordinación alguna, los tres escribieron el mismo párrafo.

A modo de provocación operativa, sentenciaré: la Argentina no tiene un problema de diagnóstico. Tiene un problema de titularidad. Sabe hace rato lo que hay que hacer; lo que no tiene es alguien dispuesto a firmarlo con nombre, apellido y número de boleta. Leídos de a uno, esos textos son informes sectoriales respetables. Leídos en serie son otra cosa: el borrador involuntario de un programa de gobierno que nadie reclamó como propio.

I. Las tres Argentinas

El estudio de agosto del Boletín Informativo Techint —firmado por Diego Coatz, director ejecutivo de I+D y ex economista jefe de la Unión Industrial, y Bernardo Kosacoff, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y ex director de la CEPAL en la Argentina— describe un país fragmentado en tres capas superpuestas: un núcleo exportador moderno que compite en la frontera internacional, un sector intermedio orientado al mercado interno con capacidades valiosas y rezago tecnológico, y un universo informal de baja productividad que crece y profundiza la fractura social. Lo decisivo no es la taxonomía sino su consecuencia: esas tres Argentinas no se hablan, y el aprendizaje acumulado en la capa avanzada no se derrama hacia las otras dos. La fragmentación productiva no es sólo una injusticia distributiva: es un cortocircuito cognitivo, un organismo con el sistema nervioso seccionado que siente en una extremidad y no en el resto del cuerpo.

Los números no admiten maquillaje. La industria explica cerca del diecinueve por ciento del valor agregado y del empleo, más del veintidós por ciento de la masa salarial, el veintisiete por ciento de la recaudación y más de la mitad del gasto privado en investigación. Y sin embargo hay unas seis mil quinientas empresas industriales menos que en 2011 y unos ciento cincuenta mil puestos menos que en 2013. La logística cuesta un cuarenta y tres por ciento más que el promedio regional, con el noventa y uno por ciento de la carga en camión y apenas un cinco por ciento en ferrocarril. La energía eléctrica industrial duplica el costo de la estadounidense, y esto ocurre encima de Vaca Muerta. El crédito al sector privado orbita entre el doce y el catorce por ciento del producto, contra setenta y dos en Brasil y ciento nueve en Chile. La inversión en I+D alcanza medio punto del producto, y siete de cada diez pesos los pone el Estado.

En el barrio lo diríamos sin rodeos: no es que el empresario argentino sea vago. Es que lo mandaron a correr los cien metros con las zapatillas atadas entre sí.

Nadie construye en quince años una red de proveedores metalmecánicos, una tradición de ingeniería aplicada, una escuela técnica con cincuenta promociones a cuestas: eso se acumula por generaciones y se destruye en un ciclo cambiario. Dilapidar una estructura industrial diversificada es vender por tomos sueltos la biblioteca que juntaron tres abuelos. Cada venta individual parece razonable, y al final no queda biblioteca.

La confesión

El pasaje más explosivo no está en el capítulo sobre China sino en el que analiza el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones. Allí se sostiene que el RIGI, y su posterior ampliación, constituyen el reconocimiento implícito de que ni siquiera en un esquema promercado las grandes inversiones se concretan sin intervención pública que reduzca incertidumbre y modifique la ecuación de rentabilidad. Y se señala, con precisión quirúrgica, la asimetría: mientras un puñado de megaproyectos accede a beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios excepcionales, la enorme mayoría de las empresas argentinas —en especial las manufactureras y las de menor escala— sigue enfrentando el mismo costo financiero, la misma presión tributaria y la misma incertidumbre que antes.

Expresado con contundencia: el RIGI es política industrial de manual, con una generosidad sin precedentes en nuestra historia reciente. La diferencia con la que el Gobierno denuncia como estatismo primitivo no es de naturaleza: es de destinatario. La discusión sobre si el Estado debe intervenir en la estructura productiva está saldada en los hechos, aunque no en el discurso: interviene, y mucho. Lo único que sigue abierto es a favor de quién, con qué criterio y con qué exigencia de resultados. Un Estado que niega la política industrial mientras la practica en su versión más discrecional no es un Estado mínimo: es un Estado que perdió el vocabulario para explicar lo que hace. El documento reclama, adicionalmente, superar el falso dilema entre apertura indiscriminada y protección ineficiente, y advierte contra la ingenuidad frente al nuevo shock chino, cuya sobrecapacidad y precios predatorios empujaron las demandas antidumping en el mundo del veintidós por ciento del total a fines de los noventa a casi el cuarenta en los últimos tres años.

II. Crecer o crecer

Retrocedamos nueve meses y cambiemos de vereda. En noviembre de 2025, CIPPEC publicó un documento cuyo título ya es una tesis: priorizar el crecimiento para consolidar la estabilidad. No al revés. El argumento parte de una constatación que debería estar tatuada en la pared de todos los despachos públicos: la Argentina tiene aproximadamente el mismo producto por habitante que hace cuarenta años y lleva más de quince sin crear empleo privado neto. De allí se desprende lo que suele tratarse como externalidad y es, en rigor, el corazón del asunto: la crisis de legitimidad de nuestras instituciones no es un accidente cultural ni un capricho del electorado, sino el resultado previsible de cuatro décadas de malos resultados. Nadie cree en reglas que no producen bienestar. La desconfianza argentina hacia la política no es irracionalidad: es aprendizaje.

La formulación tiene una sequedad casi militar —crecer o crecer, no hay alternativa— y agrega dos precisiones que incomodan a ambos lados del mostrador. Al progresismo: los sectores más dinámicos no son los más intensivos en trabajo, de modo que el crecimiento no derrama empleo por generación espontánea y hay que construir deliberadamente los encadenamientos que lo hagan derramar. Al oficialismo: sin vincular productividad con educación, anticipando qué habilidades demandará la economía que viene, el crecimiento no se sostiene ni social ni políticamente.

Acentuando lo esencial: la institución más cercana al paradigma de las reformas está diciendo, con modales de think tank, que el mercado no resuelve por sí solo ni la estructura del empleo ni la formación del capital humano. No lo dice un sindicalista: lo dice el vecindario intelectual del propio programa.

III. Elegir es gobernar

Crucemos ahora al extremo opuesto del arco. Fundar —centro que ningún analista ubicaría en la vereda de Techint— publicó a fines de 2024 una serie sobre política industrial del siglo XXI cuyo diagnóstico de partida coincide punto por punto con el del Boletín: la industria explica cerca de una quinta parte del producto, emplea de manera directa a unos dos millones seiscientas mil personas, paga salarios sensiblemente más altos que el promedio, tiene una formalidad muy superior a la media y concentra más de la mitad de las exportaciones. Pero el paso siguiente es el que importa: en lugar de defender al sector como un bloque homogéneo, lo desagrega en cinco conjuntos —agroindustria, industrias capital-intensivas, metalmecánica, automotriz y sectores tradicionales— y evalúa a cada uno por su potencial real.

Cuatro de esos cinco aparecen como palancas efectivas del desarrollo. Entre ellos, con particular claridad, el bloque capital-intensivo: siderurgia, química, petroquímica, gas natural licuado. El corazón tecnológico donde la Argentina ya compite en la frontera internacional y donde tiene escala, ingeniería propia y capacidad exportadora demostrada. La reserva recae sobre otro conjunto: los tradicionales —textil, calzado, muebles, juguetes, plásticos de bajo contenido tecnológico—, maduros y expuestos a economías de salarios bajos, sobre los cuales la conclusión es explícita y valiente: no serán la principal palanca del desarrollo futuro, y merecen una política de productividad, diseño y formalización antes que una de protección indefinida.

Ese gesto vale más que cualquier tabla. El pecado del desarrollismo clásico argentino no fue proteger: fue proteger a todos, para siempre y sin condiciones. Cuando un Estado protege todo, no elige nada, y una política industrial que no elige es una repartija con vocabulario técnico. Que la propuesta de jerarquizar venga del sector del arco intelectual más reticente a decirle que no a un productivo es, acaso, la noticia más subestimada de los últimos años.

Un patrimonio productivo que se dilapida, un crecimiento sin el cual la estabilidad no se sostiene, una jerarquización que nadie se anima a firmar. Tres tradiciones enfrentadas, un mismo edificio conceptual.

IV. La síntesis

Lo que esos tres documentos describen sin poder nombrarlo —porque ninguno es un partido político ni tiene por qué serlo— tiene nombre. Se llama Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI: la política sistemática de aumento del valor agregado per cápita mediante la construcción deliberada de complejidad económica, con coordinación inteligente entre el Estado, el mercado y el sistema científico-tecnológico, y con inclusión social como condición de legitimidad del proceso. El nombre no es decoración: cada una de sus tres palabras desarma uno de los callejones sin salida donde venimos golpeándonos la cabeza desde hace medio siglo.

Por qué desarrollismo

Porque la estructura importa. No da lo mismo qué produce un país, aunque el manual sostenga que sí. Ricardo Hausmann y César Hidalgo demostraron que la complejidad económica —el conocimiento productivo incorporado en lo que una nación exporta— predice el crecimiento futuro mejor que casi cualquier otra variable. Ha-Joon Chang lo formuló con una contundencia difícil de refutar: no hay nación rica que haya llegado a serlo vendiendo materias primas, ni nación pobre que haya salido de la pobreza sin industrializarse. Y Dani Rodrik acuñó el término desindustrialización prematura para describir lo que nos ocurrió: los países centrales salieron de la industria por arriba, porque su productividad hizo innecesarios a los trabajadores; nosotros salimos por abajo, antes de haber llegado.

Arturo Frondizi sostenía que no hay soberanía política sin independencia económica, y que no hay independencia económica sin acero, petróleo y química propios. Sesenta y ocho años después cambió el vocabulario —hoy diríamos semiconductores, biotecnología, software embebido, materiales para la transición energética— pero la arquitectura del argumento resiste intacta. Lo que no resistió fue la voluntad de sostenerlo.

Por qué inteligente

Aquí está el nudo, porque es donde la discusión argentina se envenena. Apenas alguien propone que un país elija hacia dónde quiere ir, aparece el fantasma del planificador soviético: el burócrata iluminado que decide desde un escritorio qué fábrica abre, cuántos zapatos se producen y a qué precio. Ese fantasma merece ser enterrado con honores. El planificador soviético reemplazaba al mercado; la inteligencia estratégica le construye el terreno donde jugar. No decide qué produce cada empresa, sino qué capacidades nacionales conviene tener disponibles para que las empresas produzcan lo que se les ocurra. Como lo formuló Dan Breznitz al estudiar los milagros tecnológicos de Finlandia, Irlanda y Taiwán: el Estado exitoso en el desarrollo no produce los bienes, produce las capacidades para que otros los produzcan.

Conviene desactivar la hipocresía histórica de una buena vez. Silicon Valley no fue un milagro espontáneo del mercado: internet nació de un programa de la agencia de investigación del Pentágono, el sistema de posicionamiento global es de origen militar, la investigación básica que sostiene a la industria farmacéutica norteamericana la financian los institutos públicos de salud y buena parte de las tecnologías del teléfono inteligente salieron de programas estatales. Nadie llama estatismo a eso: se llama Estados Unidos. Israel construyó su capital de riesgo con un programa público, Taiwán inventó sus semiconductores desde un instituto estatal y Corea dirigió crédito subsidiado a la industria pesada durante veinte años: hoy discute con Alemania de igual a igual.

En otros términos: todos los países que se desarrollaron eligieron. La pregunta nunca fue si se elige, sino quién elige y con qué método. Porque el país que se niega a elegir no queda libre: queda elegido. Lo eligen el precio internacional de la soja, los subsidios del tesoro de otra nación, la sobrecapacidad de una industria ajena y el humor de un mercado financiero que no le debe explicaciones a nadie. La alternativa a decidir no es la libertad: es la condición de espectador inerte del propio destino. Una nación tiene derecho a ser inteligente. Derecho a mirar sus recursos, su geografía, su capital humano y su historia, y a preguntarse con honestidad qué puede llegar a hacer mejor que casi nadie en el mundo dentro de veinte años. Eso no es dirigismo: es autodeterminación, la forma económica de la soberanía. Un pueblo que ejerce esa capacidad no está siendo mandado por un burócrata; está ejerciendo su agencia colectiva, que es exactamente lo que distingue a una nación de un territorio.

Ahora bien, la inteligencia sin método es voluntarismo con buenos modales. Por eso el adjetivo exige cuatro condiciones verificables. Selectividad: una lista corta de capacidades estratégicas elegidas por potencial de complejidad, jamás por capacidad de lobby. Condicionalidad: todo apoyo atado a metas de productividad, exportación o contenido tecnológico. Caducidad: cláusulas de vencimiento automático que obliguen a renovar cada instrumento con evidencia en la mano. Transparencia: monitoreo de productividad de publicación periódica, para que la sociedad juzgue si el retorno justifica el costo. Un apoyo público sin fecha de vencimiento no es política industrial: es una pensión. Y una industria que se acostumbra a vivir del arancel se atrofia con la misma prolijidad con que se atrofia un músculo enyesado.

Ese es, dicho con respeto, el límite compartido de los tres estudios y mi objeción amistosa a sus autores: son extraordinarios describiendo el problema y prudentes hasta la timidez a la hora de decir qué se hace primero y qué después. Es comprensible —una cámara no puede jerarquizar entre sus socios, y un centro de estudios no tiene por qué asumir un costo político que no le corresponde— pero alguien tiene que asumirlo, y ese alguien no puede ser un investigador: tiene que ser un dirigente que se someta al voto. Un candidato que no paga ese precio no propone una política de desarrollo: propone un deseo.

Por qué del siglo XXI

Porque 2026 no es 1958, y hay cuatro diferencias que cambian el tablero. La primera es tecnológica: el valor ya no reside en la transformación física de la materia sino en el conocimiento incorporado al producto, de modo que la industrialización que necesitamos no requiere sólo fábricas, sino universidades, laboratorios, capital de riesgo y cultura emprendedora. Producción con tecnología, no ensamblaje precario. La segunda es comercial: cuarenta y cinco millones de personas no generan las escalas que vuelven competitiva a una industria, y por eso Corea del Sur no sustituyó importaciones sino que construyó campeones exportadores. La sustitución inteligente es el primer peldaño de aprendizaje, jamás el destino final.

La tercera es geopolítica, y aquí conviene invocar a Karl Polanyi, que demostró en La gran transformación que cada vez que las fuerzas del mercado operan sin amortiguadores, la sociedad genera un contramovimiento de autodefensa. Lo que presenciamos en el comercio internacional es exactamente eso a escala planetaria: Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, México y la India levantan defensas mientras la Argentina debate si defenderse es moralmente aceptable. Somos, quizás, el único país del mundo que llega tarde a un contramovimiento global por escrúpulo doctrinario. La libertad de mercado no existe cuando el competidor no es una empresa sino el tesoro de un Estado extranjero.

La cuarta es la conversación que empieza donde los tres documentos terminan: la tercera Argentina, la informal, la que crece, no se resuelve con encadenamientos ni con productividad.”: la tercera Argentina, la informal, la que crece, no se resuelve con encadenamientos ni con productividad. Se resuelve con una revolución educativa que hoy nadie está dando. No resulta desatinado suponer que ahí está el límite común de todo diagnóstico técnico: se describe con precisión notable el problema del cuarenta por ciento de la población y se lo sigue tratando como una externalidad del modelo. La inclusión no es una concesión al sentimentalismo, es una variable estratégica: un proceso de desarrollo que deja atrás a cuatro de cada diez habitantes construye, dentro de sí mismo, la coalición de veto que terminará destruyéndolo.

V. La cuarta Argentina

El estudio del Boletín describe tres Argentinas productivas: la que compite en la frontera, la que resiste con rezago y la que sobrevive en la informalidad. Me permito, con respeto por sus autores, agregar una cuarta. No es una capa productiva ni aparece en ningún gráfico: es una capacidad política. La Argentina que elige.

Todavía no existe. Tenemos un consenso técnico transversal más amplio que cualquiera que este país haya tenido en cuarenta años, y no tenemos quién lo represente. El oficialismo lo niega en el discurso mientras lo practica en el RIGI. El peronismo lo reivindica retóricamente pero carga el pasivo de haber protegido sin exigir y estatizado sin gestionar. El republicanismo de centro lo comparte en privado y lo esquiva en público por temor a que lo confundan con estatismo. Max Weber distinguía la ética de la convicción de la ética de la responsabilidad: la primera juzga los actos por su pureza doctrinaria, la segunda por sus consecuencias previsibles. Estamos gobernados por una convicción de acero mientras la responsabilidad espera turno en la sala de al lado.

El 27 de agosto, en un salón de Buenos Aires, Ricardo Hausmann y otros expondrán buena parte de esto con excelencia académica ante un auditorio que asentirá con la cabeza. Habrá café, habrá paneles, habrá coincidencia. Y al día siguiente cada uno volverá a su escritorio a esperar que aparezca alguien capaz de convertir el diagnóstico en decisión. Porque los documentos no gobiernan y los diagnósticos no compiten en elecciones. Un consenso sin candidato es apenas una carta muy bien escrita que nadie firmó.

Las tres Argentinas están descriptas con precisión admirable. La cuarta hay que fundarla. Y no se funda con otro informe: se funda con alguien dispuesto a hacerse cargo del que ya está escrito.

Federico F. González

Desarrollismo Inteligente del Siglo XXI

Argentina siempre.