Las dos razones jurídicas en las que se basó el Gobierno para revocar la reserva creada en Santurbán; comunidades de Soto Norte celebraron la decisión

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, ya bajo la administración de Abelardo De La Espriella, revocó este miércoles de manera directa la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, mediante la cual el gobierno de Gustavo Petro había delimitado y declarado como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo un sector de 1.499,28 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, en el Macizo de Santurbán, en jurisdicción del municipio de California, Santander.

La revocatoria quedó formalizada en la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el nuevo ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona Hincapié, apenas una semana después de que el gobierno saliente expidiera el acto que ahora fue dejado sin efectos.

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Dos razones jurídicas detrás de la revocatoria

El texto de la Resolución 1037 explica que la decisión de revocar la reserva de La Baja no obedece a un simple cambio de gobierno, sino a dos circunstancias jurídicas concretas que, según el Ministerio, viciaron la validez del acto administrativo original.

La primera tiene que ver con una recusación que había sido presentada contra la entonces ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, el 4 de agosto de 2026, es decir, dos días antes de que ella firmara la Resolución 0994. Esa recusación cuestionaba la imparcialidad de la funcionaria para seguir al frente del trámite relacionado, entre otros asuntos, con la declaratoria de la reserva de La Baja.

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La ley colombiana (artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, conocida como el CPACA) establece una regla clara: cuando alguien presenta una recusación contra un funcionario público, la actuación administrativa que ese funcionario está tramitando queda automáticamente suspendida hasta que se decida si la recusación procede o no. 

Según la nueva resolución, esa suspensión legal nunca fue respetada, pues el Ministerio no tramitó ni resolvió la recusación antes de que la entonces ministra encargada suscribiera la resolución que creaba la reserva. 

Para el Ministerio, eso significa que la Resolución 0994 se firmó en un momento en el que, por mandato de la ley, no se podía adoptar ninguna decisión definitiva sobre ese expediente, lo que constituye una “oposición manifiesta a la ley” y habilita a la propia entidad a revocar el acto de manera directa, sin necesidad del consentimiento del interesado, por tratarse de una decisión de carácter general y no de un derecho particular consolidado.

La segunda razón está relacionada con una sentencia de tutela proferida el pasado 10 de agosto de 2026 por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, que resolvió una acción presentada por una líder de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte. 

La jueza encontró que, durante el proceso de consulta pública del proyecto de resolución, el Ministerio de Ambiente vulneró los derechos fundamentales de acceso a la información, participación y debido proceso administrativo. 

Entre las irregularidades probadas en el proceso judicial se estableció que, cuando comenzó la consulta pública el 14 de julio de 2026, el anexo cartográfico que contenía la delimitación oficial de la reserva no había sido publicado, y solo fue incorporado ocho días después, el 22 de julio. También se demostró que el Documento Técnico de Soporte del proyecto fue modificado el 15 de julio sin que se explicara a la ciudadanía en qué consistían esos cambios.

La jueza concluyó que ampliar el plazo de participación, como lo hizo el Ministerio hasta el 2 de agosto, no bastaba para subsanar esas fallas, porque la comunidad de California, en su mayoría habitantes de zonas rurales con acceso limitado a herramientas tecnológicas, nunca tuvo la oportunidad real de estudiar la información técnica y cartográfica completa ni de participar en espacios presenciales de socialización. Por eso, el fallo ordenó reiniciar íntegramente la etapa de consulta pública y dispuso expresamente que, si para el momento de notificarse la sentencia la resolución ya había sido expedida, esta quedaría automáticamente sin efectos.

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Como la Resolución 0994 ya se había firmado el 6 de agosto —es decir, cuatro días antes del fallo—, la orden judicial se activó de manera directa sobre ese acto. En ese sentido, el nuevo Ministerio de Ambiente decidió entonces revocarlo formalmente para dar cumplimiento a la sentencia y, de paso, corregir la irregularidad relacionada con la recusación que no fue tramitada.

Lo que dijo el ministro Arjona

En su cuenta de la red social X, el ministro Fabio Arjona explicó las razones de la revocatoria en términos sencillos. Señaló que, a un día de entregar el poder, el gobierno anterior hizo una “delimitación exprés” de manera improvisada, sin resolver las recusaciones presentadas contra la ex ministra Irene Vélez, y pese a que existía una tutela admitida y pendiente de resolver por presunta vulneración del derecho a la participación. Recordó que un juez ordenó reiniciar el procedimiento por esas posibles vulneraciones.

El funcionario aclaró que la revocatoria no significa que se abandone la necesidad de proteger la microcuenca de La Baja, sino que el proceso se retrotrae al punto en el que dejó de garantizarse la participación efectiva de todos los actores, tal como lo ordenó la jueza. 

Según Arjona, el Ministerio deberá ahora realizar una nueva evaluación técnica y jurídica integral sobre la protección del área, que involucre a todos los actores y no solo a unos pocos, para que cualquier decisión futura tenga soporte científico, seguridad jurídica, transparencia y participación real de las comunidades. El ministro insistió en que el agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y participación de todos, y no con decisiones de última hora que, a su juicio, favorecieron intereses políticos particulares por encima de la imparcialidad que exigen las decisiones ambientales.

Comunidades y pequeños mineros celebran la decisión

La decisión del Ministerio fue recibida con respaldo por parte de las comunidades de Soto Norte, especialmente en el municipio de California, que veían con preocupación los efectos de la resolución revocada.

Rosa Amira Mendoza Jaimes, directora de la Organización de Mujeres Mineras y Ambientales de Soto Norte aseguró que la comunidad recibió con alegría y esperanza la decisión de la jueza del Juzgado Octavo, y que la revocatoria de la resolución de La Baja se basó tanto en la tutela como en los hallazgos sobre los vicios jurídicos del trámite anterior. 

Según ella, en Soto Norte no se está en contra de proteger el agua ni el ambiente, sino que se busca que esa protección se haga con ciencia, información completa y escuchando a las comunidades que habitan el territorio.

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Por su parte, Fabio Maldonado, director del Consejo para el Desarrollo Territorial de Soto Norte, respaldó la revocatoria al considerar que la resolución anterior dejaba a todo el territorio de California en situación de ilegalidad, sin posibilidad de desarrollar actividades económicas en el municipio.

Las comunidades aclararon que la zona objeto de la resolución revocada, de 1.499 hectáreas, está ubicada por fuera de los límites del Páramo de Santurbán, y que la decisión del Ministerio no debe interpretarse como una renuncia a proteger el páramo, sino como una oportunidad para que el proceso de definir las medidas de protección de La Baja se adelante con un nuevo procedimiento técnico, jurídico y participativo.

EDWIN CAICEDO

Periodista de Medioambiente y Salud

@CaicedoUcros