Trump escala su ofensiva contra la Corte Penal Internacional: ¿por qué busca debilitar a ese tribunal y hasta dónde puede llegar?

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El enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional (CPI) subió un nuevo escalón con las sanciones impuestas por Washington contra su presidenta, la jueza japonesa Tomoko Akane, y el abogado senegalés Abdoulaye Seye, de la Oficina del Fiscal. La medida contempla restricciones de entrada a Estados Unidos y limitaciones para realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense.

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Según la Agencia EFE, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó las sanciones al calificar a la CPI de “corrupta y profundamente politizada”, además acusó al tribunal de haberse excedido en sus atribuciones. La reacción internacional fue inmediata: la Unión Europea y los países miembros de la Corte defendieron la independencia del tribunal y acusaron a Washington de erosionar el Estado de derecho y el orden internacional basado en reglas. 

EFE señaló que la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, donde están representados 125 países, advirtió que la escalada de medidas contra jueces y funcionarios puede obstaculizar las investigaciones y dificultar los esfuerzos internacionales para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves. 

Sin embargo, la ofensiva de Donald Trump no comenzó con Akane. El presidente estadounidense ya había firmado en febrero una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una amenaza para la seguridad nacional.

Washington también había sancionado a jueces y fiscales por las investigaciones relacionadas con Afganistán y Palestina, esta última vinculada con la orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Estados Unidos e Israel no son Estados parte del Estatuto de Roma y rechazan que la CPI tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos.

La presión tampoco se limita a los funcionarios del tribunal. De acuerdo con la Agencia AFP, Chad y Venezuela anunciaron su intención de abandonar la CPI, mientras Rubio manifestó su confianza en que otros países hagan lo mismo.

Pero, ¿por qué Estados Unidos considera tan problemática a la Corte y cómo la presión de Trump podría afectar incluso a países que sí respaldan al tribunal?

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¿Qué es la CPI y por qué preocupa a Trump?

Para entender la disputa es necesario explicar la razón de ser de la Corte Penal Internacional. El analista internacional Francisco Belaúnde señala que el derecho penal internacional comenzó a desarrollarse con los tribunales de Núremberg y Tokio, creados después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar crímenes de una gravedad excepcional.

Posteriormente se establecieron tribunales especiales para conflictos como los de la antigua Yugoslavia y Ruanda. El objetivo fue avanzar hacia una institución permanente que pudiera investigar y juzgar los crímenes más graves cuando los sistemas judiciales nacionales no lo hicieran. 

“Se estableció que determinados crímenes son tan atroces que deben ser juzgados y que no deberían quedar impunes”, explica Belaúnde. La CPI, creada en el 2002 y con sede en La Haya, juzga a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crimen de agresión cuando se cumplen las condiciones previstas en el Estatuto de Roma. Según la Agencia EFE, la Corte actúa cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren procesar estos delitos.

Su alcance jurídico es precisamente uno de los puntos centrales de la disputa. Que un país no sea miembro de la CPI no significa necesariamente que sus ciudadanos queden fuera de su jurisdicción. Belaúnde explica que uno de los criterios determinantes es dónde se cometieron los hechos.

Por eso, señala como ejemplos los casos de Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Rusia no es parte del Estatuto de Roma, pero Ucrania sí mantiene la relación jurídica necesaria con la Corte respecto de los hechos investigados en su territorio. Del mismo modo, aunque Netanyahu no sea ciudadano de un Estado parte, la CPI ha actuado respecto de hechos ocurridos en Gaza.

Ese alcance territorial es precisamente lo que preocupa a Washington, según el internacionalista Jorge Antonio Chávez Mazuelos. Estados Unidos tampoco es parte del Estatuto de Roma y mantiene desde hace años una postura crítica frente a la CPI.

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“Estados Unidos limita su poder de acción, su capacidad de acción. Estados Unidos no quiere cortapisas u obstáculos”, sostiene Chávez Mazuelos. Su argumento es que, si las operaciones estadounidenses ocurren en el territorio de un país que sí es miembro de la Corte y esas acciones pueden encajar en alguno de los crímenes contemplados por el Estatuto, militares, funcionarios de inteligencia e incluso responsables políticos podrían quedar expuestos a investigaciones si las autoridades nacionales no actúan.

Por tanto, la preocupación estadounidense no es solamente una cuestión institucional. Según el especialista, está relacionada con la libertad de acción de Washington y con su capacidad de utilizar instrumentos militares y de inteligencia fuera de sus fronteras. 

Afganistán, Israel y la preocupación por el futuro

El enfrentamiento tiene además antecedentes concretos. La CPI ha investigado presuntos crímenes de guerra relacionados con Afganistán y ha actuado respecto de la situación en Palestina. La orden de arresto contra Netanyahu convirtió al tribunal en un actor particularmente incómodo para Washington por sus implicancias sobre uno de los principales aliados de Estados Unidos.

Pero Chávez Mazuelos considera que la preocupación estadounidense también mira hacia adelante. Si Washington pretende incrementar el uso de la fuerza o de operaciones de seguridad en países latinoamericanos que son miembros del Estatuto de Roma, sus militares podrían quedar expuestos a la jurisdicción de la Corte en determinadas circunstancias.

“Para Estados Unidos es importante tener libertad de acción”, afirma. Desde esa perspectiva, la campaña para que otros países abandonen el Estatuto de Roma tendría una finalidad concreta: reducir el número de territorios en los que la jurisdicción de la CPI pueda entrar en juego respecto de actuaciones estadounidenses.

Adicionalmente, AFP añade que Marco Rubio ha expresado su confianza en que otros países sigan el camino de quienes han anunciado su intención de abandonar la Corte. La agencia también señala que Washington considera al tribunal una institución “politizada” y sostiene que ha excedido su mandato.

¿La CPI está realmente debilitada?

La actual ofensiva de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional tiene antecedentes. En el 2018, Donald Trump ya había cuestionado públicamente al tribunal durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según Belaúnde, durante años una de las principales críticas contra la CPI fue que buena parte de sus procesos estaban relacionados con países africanos. Sin embargo, el analista considera que ese argumento ha perdido fuerza con las investigaciones y órdenes de arresto vinculadas a Rusia e Israel.

A ello se suma otro mecanismo jurídico. Nos referimos a la llamada competencia universal, mediante la cual tribunales nacionales de determinados países pueden investigar algunos crímenes internacionales graves aunque estos hayan sido cometidos fuera de su territorio. Belaúnde menciona casos registrados en Alemania, Francia y Brasil. Esto significa que incluso un eventual debilitamiento de la CPI no necesariamente eliminaría todas las vías para perseguir crímenes de guerra o de lesa humanidad.

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De igual forma, la respuesta internacional evidencia que el conflicto ya trascendió a la Corte. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendieron a Akane y señalaron que los jueces y funcionarios deben actuar sin presiones externas. Japón, país de origen de la presidenta de la Corte, calificó las sanciones de “muy desafortunadas”.

Para Chávez Mazuelos, una ruptura con Europa parece poco probable mientras los actuales gobiernos mantengan su defensa del Estado de derecho y los derechos humanos. La presión estadounidense podría generar tensiones, pero considera difícil que los países europeos abandonen principios que forman parte de su política exterior.

¿Hasta dónde puede llegar Trump?

El alcance de la presión estadounidense tiene una dimensión práctica. Las sanciones pueden impedir que los funcionarios afectados utilicen servicios financieros vinculados a Estados Unidos, además de restringir sus viajes y sus operaciones económicas. Según la Agencia AFP, las medidas contra Akane y Seye incluyen precisamente restricciones financieras y de entrada al territorio estadounidense.

Chávez Mazuelos advierte que Washington todavía dispone de otras herramientas, como restricciones financieras adicionales, medidas migratorias e incluso presiones económicas sobre países que mantengan vínculos con la Corte.

Belaúnde coincide en que una salida de varios países debilitaría a la CPI, aunque no supondría necesariamente su desaparición. “La Corte se debilitaría, pero seguiría existiendo”, sostiene. El problema podría ser también institucional, ya que un escenario de creciente presión podría hacer que algunos jueces y funcionarios se lo piensen dos veces antes de asumir responsabilidades dentro del tribunal. 

Por tanto, el escenario más complejo no sería necesariamente el cierre de la CPI, sino su progresivo aislamiento. Si más Estados abandonaran el Estatuto de Roma, disminuiría el alcance territorial de la Corte y aumentaría la presión política sobre quienes permanecieran dentro.

Por ahora, Europa y Japón han optado por cerrar filas con La Haya. Según la Agencia EFE, Alemania, España, Países Bajos y Japón también rechazaron las sanciones estadounidenses, mientras la propia CPI aseguró que continuará desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad.

Entonces, la disputa difícilmente se limita a Tomoko Akane. Lo que está en juego es cuánto margen tendrá la CPI para perseguir crímenes internacionales cuando los Estados involucrados no quieran o no puedan juzgarlos y, en paralelo, cuánto margen pretende conservar Washington para utilizar su poder militar y político sin quedar expuesto ante una jurisdicción internacional.

La ofensiva de Trump coloca así a la Corte Penal Internacional ante una prueba que trasciende sus tribunales. Mientras la CPI mantiene sus investigaciones y procesos, enfrenta el desafío de resistir la presión de una de las principales potencias militares y económicas del mundo sin perder miembros, legitimidad ni capacidad para hacer valer uno de los principios que dieron origen al tribunal. Es decir, que los crímenes más graves no deben quedar impunes. 

FERNANDO ROCA CANALES - GDA El Comercio