Dos miradas sobre el crítico momento de la Corte Penal Internacional

Los tribunales penales internacionales antes se centraban en llevar ante la justicia a líderes derrotados, como el serbio Slobodan Milosevic y el liberiano Charles Taylor. Pero la Corte Penal Internacional ha ido más allá, emitiendo órdenes de detención contra líderes en el poder —en particular, el presidente ruso, Vladimir Putin, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu—. Si bien estas medidas denotan cierta audacia, no tienen en cuenta la realidad política. De hecho, esta nueva postura de la CPI bien podría estar provocando su caída.

Los gobiernos occidentales se mostraron unánimes a la hora de aplaudir la orden de detención de 2023 emitida por la CPI contra Putin, pero siguen profundamente divididos respecto de la orden de detención de 2024 contra Netanyahu. Mientras que Irlanda ha respaldado la medida, el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavský, dijo: “Poner al mismo nivel a un terrorista y a alguien que defiende a su país contra los terroristas… socava la credibilidad de la Corte”.  

En EE. UU., casi la mitad de la población cree que Netanyahu debería ser arrestado, de conformidad con la orden de la CPI. Pero la administración del presidente Donald Trump considera que las acciones de la CPI forman parte de un nuevo frente inaceptable en la “guerra” que, según el secretario de Estado, Marco Rubio, la institución ha venido librando contra Estados Unidos y sus aliados.

Rubio se ha comprometido a desmantelar la CPI “ladrillo por ladrillo”, entre otras medidas, mediante la congelación de activos, la prohibición de visados a los jueces de la CPI y presión sobre Estados miembros para que se retiren de la Corte.

El caso de Netanyahu se ha convertido en una prueba existencial para la CPI, una prueba en la que, casi con certeza, fracasará.

Un tribunal cuyas acusaciones no dan lugar a arrestos carece de legitimidad. Y la probabilidad de que Netanyahu o Putin sean detenidos es prácticamente nula. “No creo que haya ni un solo país europeo que detendría al señor Netanyahu”, afirmó el primer ministro belga, Bart de Wever, agregando que, “en la realpolitik, las consideraciones prácticas prevalecen sobre las éticas”.

Este tipo de desafío no es algo sin precedentes. La CPI acusó por primera vez al entonces presidente de Sudán, Omar al-Bashir, de crímenes de guerra en 2009 y emitió una segunda orden de detención en 2010 por el genocidio de Darfur. Sin embargo, Ba-shir permaneció en el poder hasta el golpe de Estado de 2019. Y cuando Bashir visitó Turquía en 2017, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que “solo podía reírse” ante la exigencia de la CPI. Sin embargo, Erdogan ha elogiado la orden de detención de la CPI contra Netanyahu, lo que pone de manifiesto hasta qué punto el apoyo a la Corte es una cuestión política y no de respeto a la institución.

Turquía no es miembro de la CPI. Tampoco lo son Indonesia, Israel y Pakistán, por no hablar de grandes potencias como China, India, Rusia y Estados Unidos. Los países europeos sí lo son, y también se han negado a colaborar en la ejecución de las órdenes de detención. En enero de 2025, Osama Elmasry Njeem, un alto mando militar libio acusado de crímenes de guerra, fue detenido en Turín por una orden de la CPI. Pero Italia lo liberó y lo mandó de regreso a Libia.

Lo que socava aún más la credibilidad de la CPI son las acusaciones de ‘justicia selectiva’, que se ven reforzadas por una limitación estructural de la Corte: en los casos en que el delito se haya cometido en el territorio de un Estado no miembro, la CPI puede ejercer su jurisdicción si dicho Estado da su consentimiento o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso a la Corte. Esto explica por qué la CPI no ha podido imputar al exdictador sirio Bashar al Asad, responsable de la masacre de cerca de medio millón de personas. La Corte tampoco ha imputado a ningún dirigente chino por el genocidio cultural contra la minoría uigur.

En el caso de Netanyahu, la CPI encontró una forma de eludir esta limitación. Afirmsa que puede “ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina”, que ha adherido al Estatuto de Roma, a pesar de que la condición jurídica del Estado de Palestina es motivo de considerable desacuerdo entre Estados y juristas.

La Corte tampoco respetó el principio de complementariedad, que exige que la Corte se remita a las autoridades nacionales que estén dispuestas y sean capaces de investigar y enjuiciar los delitos en cuestión. La CPI está concebida como un tribunal de última instancia y, si bien la clase política israelí merece ser criticada, su sistema judicial sigue siendo competente y respetado. Sin embargo, a Israel no se le concedió una oportunidad razonable para invocar la complementariedad antes de que la CPI dictara su orden de detención.

La orden de detención contra Netanyahu ha puesto de relieve la impotencia de la CPI y su tendencia hacia una justicia selectiva, pero no las generó. De hecho, podría decirse que los días de la Corte siempre estuvieron contados. Nacida en medio de la euforia por la victoria de Occidente en la Guerra Fría, encarnaba la idea de que el derecho internacional pudiera trascender la política y de que una única institución pudiera defender de forma justa e imparcial los derechos humanos en el mundo.

Pero la CPI siempre representó la justicia de los vencedores y nunca estuvo preparada para operar en un mundo marcado por la Machtpolitik. En este contexto, los mecanismos no judiciales —como la presión política, los acuerdos bilaterales, las sanciones económicas y el fomento de la complementariedad— podrían resultar más eficaces. En cualquier caso, el historial de la CPI claramente no justifica su supuesto papel como árbitro universal de la justicia penal internacional, y es posible que tenga que renunciar a él.

SHLOMO BEN-AMI © Project SyndicateTel Aviv

(*) Exministro de Asuntos Exteriores de Israel.

Una apuesta contra el derecho internacional

Eric Alter  - © Project Syndicate - Abu Dabi      

En 2023, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó a las agencias de inteligencia estadounidenses que compartieran pruebas de los crímenes de guerra rusos con la Corte Penal Internacional, con el objetivo de imputar al presidente ruso, Vladimir Putin. Esto supuso una ruptura radical con los precedentes, ya que EE. UU. había insistido durante mucho tiempo en que la CPI no podía ejercer jurisdicción sobre ciudadanos de países que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma por el que se establece la Corte —un grupo que incluye a Rusia y a EE. UU.

Pero Biden cambió de tono en noviembre de 2024, cuando la CPI dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Según Biden, la decisión era “indignante”, y EE. UU. siempre respaldaría a su aliado Israel, que tampoco es signatario del Estatuto de Roma.

Donald Trump, sucesor de Biden, fue un paso más allá al imponer sanciones a los funcionarios de la CPI. En agosto de 2025, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, acusó a la Corte de ser “un instrumento de guerra jurídica”, y para diciembre, 11 jueces y fiscales de la CPI ya habían sido sometidos a sanciones estadounidenses. Luego, a mediados de julio, el Departamento de Estado puso en marcha una campaña para desmantelar la Corte.

El comportamiento reciente de EE. UU. —actuar como si se pudiera confiar en la CPI frente a un enemigo, pero nunca frente a un amigo— ignora que el Estatuto de Roma se basa en la complementariedad. La CPI es un tribunal de última instancia que interviene únicamente cuando un gobierno nacional no investiga de buena fe crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La objeción jurisdiccional de Israel de que Palestina no es un Estado oscurece la salida sensata: una investigación genuina de los crímenes denunciados por el fiscal de la CPI.

En cambio, Israel y Estados Unidos apuntaron contra los funcionarios de la CPI. Pero más allá del irrespeto a la CPI, cabe recordar que el objetivo de la CPI al emitir órdenes de detención no es la detención —carece de la autoridad policial para llevar a cabo arrestos—. Su influencia radica en hacer que resulte costoso dejarse ver al lado de alguno de los acusados. Putin, por ejemplo, no puede entrar en ninguno de los 125 países que han ratificado el Estatuto de Roma sin correr el riesgo de ser detenido, razón por la cual optó por asistir por videoconferencia a la cumbre de los Brics en Sudáfrica. Lo mismo le sucede a Netanyahu. Y las sanciones estadounidenses contra funcionarios de la CPI no han aliviado esta preocupación.

Algunos podrían argumentar que la ley no es más que un fiel reflejo del poder político: la CPI se centra en Putin en lugar de en los funcionarios estadounidenses porque Rusia, a diferencia de Estados Unidos, carece de aliados. Desde esta perspectiva, las consecuencias afectan a los débiles.

Pero el poder es efímero. A pesar de que se le concedió inmunidad jurídica como expresidente de Chile, el general Augusto Pinochet —que presidió un reinado de terror de 17 años— fue detenido en 1998 en Londres mientras se recuperaba de una operación quirúrgica. Un juez español había invocado la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura para solicitar la extradición de Pinochet.

Aunque Pinochet evitó el juicio y falleció en 2006, su detención sentó un precedente jurídico. En 2016, un tribunal senegalés aplicó los mismos principios para condenar al antiguo dictador chadiano Hissène Habré a cadena perpetua. Del mismo modo, el dictador serbio Slobodan Milosevic acabó enfrentándose a la justicia, falleciendo en La Haya durante su juicio por crímenes de guerra.

La ley solo alcanzó a estos hombres cuando ya habían dejado el cargo. Pinochet se había jubilado; Habré estaba en el exilio; Milosevic había sido derrocado. Primero cae el líder y luego viene el juicio, con lo cual, la protección que ofrece el poder no hace más que retrasar la rendición de cuentas.

La importancia de los casos pendientes ante la CPI es secundaria respecto al patrón que revelan. Tras 1945, Estados Unidos estableció un orden mundial en el que las disputas han sido resueltas en gran medida por instituciones sobre las que Estados Unidos ejerce influencia. Posteriormente se introdujeron mecanismos de rendición de cuentas, como la CPI y la Corte Internacional de Justicia (CIJ), para desafiar este dominio. Ahora, un magistrado de un Estado menos influyente puede oponerse a un gobierno poderoso sin su permiso. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Sudáfrica presentó ante la CIJ una denuncia por genocidio contra Israel por su actuación en Gaza.

Estados Unidos no puede vetar las decisiones de la CPI o de la CIJ como lo hace con una resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Eso deja a ese país con dos opciones: sumarse al sistema e influir en él desde dentro, o boicotear a estos tribunales. Estados Unidos ha elegido la segunda opción, lo que no detiene el avance del derecho internacional, sino que, más bien, cede la pluma a otros países.

Para llevar a Putin ante la justicia, Estados Unidos necesitaba la influencia de un tribunal respetado a nivel mundial que no estuviera bajo su control. Ahora está intentando empañar la reputación de ese mismo tribunal en nombre de la protección de un aliado, renunciando por principio al derecho internacional, incluso cuando el mundo se divide en bloques rivales y la cuestión de quién redacta las normas está, por primera vez, totalmente abierta.

Pinochet creía que en Londres estaba fuera del alcance de la ley. Y Estados Unidos está haciendo la misma apuesta a una escala mucho mayor: que las leyes internacionales que ayudó a redactar nunca puedan usarse en su contra.

(*) Miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, un centro de pensamiento independiente de Estados Unidos.

Washington sanciona, Europa respalda

Tras calificar a la Corte Penal Internacional (CPI) de institución “politizada”, Estados Unidos sancionó esta semana a la presidenta de ese tribunal, la japonesa Tomoko Akane, y también al magistrado senegalés Abdou-laye Seye, quien en la actualidad sustituye al fiscal de la CPI.  

La medida implica que estos jueces no pueden viajar a EE. UU. ni efectuar transacciones en el sistema financiero estadounidense, que tiene un alcance global.

Con sede en La Haya, la CPI procesa a acusados de atrocidades como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y actúa como último recurso cuando los países no cuentan con sistemas jurídicos que garanticen la rendición de cuentas.

La CPI calificó el hecho como un “ataque flagrante” a su independencia y subrayó que “medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (...) socavan el Estado de derecho”. No obstante, señaló que se mantendrá de forma “inquebrantable” en su labor.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, manifestaron su firme apoyo a Tomoko Akane, “que debe poder actuar con toda independencia y sin presión exterior”. Mientras que Japón, el mayor financiador de la CPI, calificó las sanciones de hecho “muy desafortunado”.

Washington lanzó una ofensiva contra la CPI, tras acusarla de amenazar a los estadounidenses y sus intereses. En palabras del secretario de Estado, Marco Rubio: “La Corte Penal Internacional es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado de manera maliciosa de su autoridad y ha excedido su mandato. No toleraremos este asalto a la soberanía”.

La Casa Blanca ya ha impuesto sanciones a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, un aliado clave de Washington, por la guerra en Gaza contra Hamás.