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La Sala de Instrucción le ordenó al congresista, además, pagar una caución y abstenerse de contactar a los testigos.
Miguel Ángel Barreto, senador conservador. Foto: Naturgás
PERIODISTA JUDICIALActualizado:
La Corte Suprema de Justicia impuso vigilancia electrónica al senador conservador y cacique político del Tolima Miguel Ángel Barreto, investigado por los delitos de tráfico de influencias de servidor público e interés indebido en la celebración de contratos, por el escándalo de corrupción de ‘Las Marionetas’.
Además del brazalete electrónico, el congresista tendrá que pagar una caución y le fue prohibido tener contacto con los testigos del proceso.
La investigación se relaciona con presuntas irregularidades en contratos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de la Empresa Industrial y Comercial del Estado para el Desarrollo Territorial (Proyecta), dentro de un entramado para esquilmar recursos públicos que salpicó a varios congresistas y altos funcionarios.
La decisión fue proferida por la Corte Suprema de Justicia. Foto:Cortesía
De acuerdo con la investigación, el 12 de noviembre de 2021, el DPS y Proyecta suscribieron un contrato por 49.000 millones de pesos que habría sido direccionado por la injerencia de Ciro Ramírez ante el entonces subdirector del DPS, Pierre Eugenio García.
En su gestión también se habría financiado la ejecución de proyectos de obra pública en departamentos donde tenían influencia política congresistas y candidatos cercanos al funcionario mencionado. Entre ellos estaría, al parecer, el entonces senador Miguel Ángel Barreto Castillo.
Para lograrlo, los involucrados habrían acordado direccionar la contratación que debía adelantar Proyecta. Esto se habría hecho mediante invitaciones privadas. Uno de los casos en los que habría ocurrido es el contrato de obra 005 de 2022, denominado “Tolima Varios”.
Este convenio tenía como objetivo el mantenimiento de vías de los municipios de El Líbano, Planadas, Alvarado, Villahermosa, Rovira, Herveo y Casabianca (Tolima) que sumaban más de 8.000 millones de pesos y en el departamento el fortín político de Barreto.
De acuerdo con la decisión de la Corte, que reunió diferentes testimonios de fichas del entramado, la contratación estuvo apadrinada por el senador Barreto, quien entregó instrucciones de que fuera adjudicado a Óscar Humberto Leyton Carrillo, como finalmente terminó ocurriendo.
La ejecución de esas obras se entregó, mediante contrato suscrito el 11 de marzo de 2022, al consorcio Vías Regionales IPC, conformado por las empresas Proyectos de Ingeniería, Construcción y Consultoría S.A.S. (Proyinco), Ingeniería y Minería S.A.S. (Ingemin) y Cayto Tractor S.A.S. (Cayto). El representante legal era Leyton Carrillo.
El testigo estrella, el exgerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, contó que estuvo en varias reuniones en el DPS, en diciembre de 2021, con Ciro Ramírez y Pierre García.
Pierre García en el 2022 Foto:Facebook: Pierre García
En esa reunión, fue consultado sobre la posibilidad de exigir coimas del 10 por ciento del valor total de los contratos. Sin embargo, aseguró que, en su caso, no recibió ningún beneficio económico por el supuesto direccionamiento de los contratos, pues su intención habría sido mostrar una buena gestión al frente de Proyecta para, posteriormente, buscar una candidatura a un cargo de elección popular.
El 20 de diciembre, Herrera le dijo a la Corte que tuvo una nueva reunión con el exdirector del DPS (García), en la que recibió instrucciones sobre las personas que debía contactar para direccionar los procesos contractuales derivados de la gerencia integral.
En esa ocasión, le indicó que el proyecto 'Tolima Varios' le correspondería a Barreto Castillo y que el intermediario sería Óscar Leyton, es decir, Óscar Humberto Leyton Carrillo.
El exgerente de Proyecta reconoció que chateó con Leyton -el contratista designado por Barreto- en enero siguiente y que se encontraron en Medellín para revisar aspectos técnicos y financieros del proyecto.
Agregó que el contrato fue adjudicado al Consorcio Vías Regionales IPC, cuyo representante legal era una ficha del congresista, lo que constituiría una de las pruebas del presunto direccionamiento ilegal del proyecto y de los recursos públicos.
Sara Valentina Quevedo Delgado
Redacción Justicia
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