La "war on drugs" como excusa universal.

2024: “La evidencia es clara. La llamada war on drugs ha fracasado completa y absolutamente”. Esta frase la dijo Volker Türk, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con anterioridad, académicos, políticos e investigadores habían enunciado, de una manera u otra, el mismo concepto.

2025: Donald Trump desprecia los abordajes de salud pública frente a las drogas y relanza el abordaje militarizado.

2026: EEUU captura a Nicolás Maduro y justifica la acción en la lucha contra las drogas.

¿Qué es eso de la war on drugs y por qué la mayoría de las acciones ejecutadas en su nombre tienen poco que ver con las drugs?

En los años 60, tras la Guerra de Vietnam, Estados Unidos detectó la necesidad de actuar de manera directa contra el consumo y tráfico de drogas, en los 70 crearon la DEA (Drug Enforcement Administration) y en los 80 esa agrupación de políticas denominadas war on drugs (la guerra contra las drogas) tomó el camino de la internacionalización, dirigiendo sus acciones al ámbito de la política exterior.

Desde entonces, hablar de war on drugs no es solamente hablar de políticas de prevención del consumo de drogas, reducción de daños y control de la oferta, sino que supone hacer referencia a un abordaje político (y discursivo) que tiene las siguientes características fundamentales:

• Enfoque punitivo y encarcelamiento masivo. La war on drugs centra su acción en el encarcelamiento como herramienta punitiva fundamental. Una de las acciones que se iniciaron con este enfoque fue la fijación de penas mínimas muy elevadas incluso para delitos menores relacionados con las drogas, lo cual supuso un incremento notable del número de penas de prisión. Entre 1980 y finales de la década de los '90 el número de personas encarceladas en EEUU por delitos relacionados con las drogas se multiplicó por 16 (de 50.000 a más de 400.000 personas), convirtiendo a EEUU por aquel entonces en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo (ahora es el 5º, siendo el único país de renta alta en el top 15 global).

• Alto impacto sobre el aumento de la desigualdad y sesgo racial: en 2007 se publicó un artículo donde se señaló que a pesar de que en EEUU la población negra no tendía a utilizar o vender drogas en mayor medida que la población blanca, sí que tenía entre 6 y 10 veces más probabilidad de ser encarcelada por delitos relacionados con las drogas. Esto no se produce solamente por una persecución policial diferencial sino que se pueden observar sesgos de discriminación racial incluso en la legislación, con una estructura legal más punitiva para drogas típicamente utilizadas con mayor frecuencia por población negra que por población blanca; un ejemplo clásico es el que señala que la pena federal obligatoria es la misma para la posesión de 5 gramos de crack -más asociado a población negra- que por 500 gramos de cocaína -consumida con mayor frecuencia por población blanca-. Con el auge del consumo de opioides en las últimas décadas se ha podido observar también cómo la distribución racial del consumo de drogas se relaciona de manera importante con su distribución jurídica en torno a lo que es legal y lo que no, accesible y no.

• Militarización de la policía e intervencionismo exterior: las acciones contra la droga dejaron de ser un elemento policial para militarizarse en forma y fondo. Además, se llevó a cabo una internacionalización del abordaje de la war on drugs, centrado principalmente en América Latina

Podemos decir que en términos de política doméstica, la war on drugs se asocia con la criminalización del consumo y una visión fuertemente policial y punitiva de los problemas derivados del mismo (incluyendo todo aquello que ha sido englobado dentro de los problemas de salud mental), mientras que en política internacional ha supuesto uno de los hilos discursivos que han justificado de manera recurrente las intervenciones militares en América Latina; el ejemplo más claro de esta incursión internacional es la “Operación Causa Justa” en Panamá, en el año 1989, mediante la cual se capturó al líder del país, el presidente Noriega, bajo cargos de narcotráfico y blanqueo de dinero, en una operación que casi dos meses antes de la captura de Nicolás Maduro en Caracas ya fue señalada por el New York Times por sus paralelismos con lo que podía ocurrir en Venezuela. No ha sido solo Panamá, también Colombia, México o islas del Caribe… y recientemente Venezuela.

En términos de salud pública cabe preguntarse qué supone el abordaje de la war on drugs para las políticas de control y prevención del consumo de drogas.

En un artículo publicado en Annals of Medicine en 2022 se señalaban estos tres puntos como fundamentales:

• La lógica de la war on drugs prioriza y justifica la prohibición, la criminalización y el castigo, impulsando la expansión de los mecanismos de vigilancia y control de drogas en diversas facetas de la vida cotidiana en los EEUU, impactando de manera negativa en los determinantes sociales de la salud, tales como la vivienda, la educación o el empleo.

• El enfoque de la war on drugs hace que la dinámica de control policial se expanda y, en cierto modo, se policialice a profesionales sanitarios, profesores, trabajadores sociales y otros.

• Los profesionales sanitarios han de desempeñar un papel que incluye no solamente prestar la asistencia sanitaria, sino entender el rol del sistema sanitario en la reproducción de la dinámica de control propia de la war on drugs.

Pasar de un marco de justicia penal (o política militar) a uno de salud pública supone, a nivel interno, abordar medidas de acceso a herramientas de prevención y tratamiento, así como marcos de desestigmatización y no punitivismo; además, a nivel internacional supondría abandonar la excusa de las políticas contra la droga como motivo para cambiar gobiernos o conquistar territorios.

Los problemas de la población estadounidense con las drogas tienen mucho más que ver con la estructura interna de sus servicios de protección social, la ausencia de un sistema sanitario con capacidad de garantizar el acceso al conjunto de la población y las desigualdades generadas pro una economía depredadora que por dinámicas globales de tráfico de drogas que puedan ser eliminables mediante la acción militar.

Más allá de lo legal y lo ilegal, la reciente epidemia de uso de opioides ha dejado claro cómo ese marco no sirve como único campo de juego para el análisis de las dinámicas de tráfico, venta y consumo de drogas. La epidemia de consumo que asola muchas ciudades de EEUU tuvo su origen en el consumo de medicamentos de prescripción que con posterioridad (varios años después) desembocó en el consumo masivo de fentanilo sintético, para cuya fabricación y entrada en EEUU intervienen diferentes actores en la cadena de suministro en varios países a nivel global (con especial protagonismo de China e India) y también dentro de EEUU.

La disyuntiva entre lo legal y lo ilegal es, evidentemente, importante, pero la limitación del debate a ese marco ha hecho que nos olvidemos del fundamental: salud pública o problema de seguridad. Aunque la respuesta pueda incluir elementos de ambos ámbitos, el marco que sea predominante será el que consiga imponer: I) una narrativa sobre qué profesionales han de estar implicados, II) un papel a los determinantes sociales y a la responsabilidad individual, III) un señalamiento a los elementos a los que es clave garantizar acceso y IV) una narrativa sobre cómo ha de abordarse a nivel internacional, sino como un ámbito de trabajo en materia de salud global o como una justificación a acciones militares en el extranjero.

Mientras los marcos cambian (y también lo hacen las drogas cuyo consumo se quiere prevenir), lo que parece incambiable es que la war on drugs no va necesariamente sobre drogas, sino sobre la necesidad de imponer una narrativa incontestable (la de la salud de la gente) para desarrollar acciones que tal vez no lo sean.