El pasado 28 de abril, millones de ciudadanos en España y Portugal se quedaron sin luz. Literalmente. Un apagón masivo paralizó hogares, industrias y transportes.
Pero lo más alarmante no fue la oscuridad, sino el silencio posterior. Ninguna explicación convincente, ninguna asunción de responsabilidades, ningún gesto político real.
Solo excusas y la sospecha cada vez más extendida de que lo único que se está gestando es un nuevo relato gracias a una comisión de investigación... de esas que no investigan nada.
La actitud de las distribuidoras eléctricas ha sido reveladora: se niegan a colaborar con Red Eléctrica —el operador del sistema— y prefieren tratar directamente con el Ministerio. ¿Por qué? ¿Se niegan a colaborar en el control del relato si se cierra el círculo?
Todo huele a estrategia: ganar tiempo, diluir responsabilidades y esperar a que la atención mediática se apague como las luces aquella tarde.
Mientras tanto, el Gobierno se esconde tras la coartada de la falta de medios técnicos. ¿No hay un organismo estatal con capacidad para analizar lo que ocurre en la red eléctrica nacional? Cuesta creerlo. Es más probable que estemos ante una maniobra para esquivar el escrutinio que ante una verdadera limitación operativa.
El verdadero problema es estructural: España no cuenta con entidades técnicas de apoyo gubernamental realmente independientes, que puedan ofrecer análisis rigurosos, rápidos y sin ataduras políticas. Y sin esa base, lo que queda es una peligrosa mezcla de opacidad, lentitud y desconfianza.
Cuando se habla más de cómo gestionar el escándalo que de esclarecer los hechos, lo que se pretende no es justicia ni transparencia: es que pase el tiempo.
Lo previsible es que se acabe en otra comisión parlamentaria. Una más. De esas que nacen con bombo mediático y mueren enterradas bajo cientos de páginas, muchas fotos, opiniones de políticos sin criterio y cero consecuencias. Y así seguimos, alimentando un modelo en el que los fallos no se corrigen, las responsabilidades se reparten hasta diluirse, y la ciudadanía queda una vez más al margen.
Este apagón no solo dejó sin luz a medio país: iluminó —para quien quiera verlo— las grietas de un sistema institucional que prefiere tapar antes que asumir, maquillar antes que explicar, ocultar antes de conocer las causas técnicas y las medidas que las podrían evitar.
Y si no exigimos una investigación real, independiente y eficaz, no será el último apagón. Ni el peor.
Y recuerda: 🔛 Si no hay energía no hay transición energética ⚠️
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